El Ministerio de Seguridad de la Nación aplicará un protocolo para prevenir y detectar casos de explotación laboral o tráfico de personas a bordo de buques pesqueros.
La Prefectura será la encargada de controlar a los barcos, tanto en navegación dentro de aguas territoriales como en puerto, de preservar la integridad de las eventuales víctimas y de informar a la Justicia federal para la formación de las causas correspondientes contra los infractores de la ley, según informó el diario La Nación.
La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, le da especificidad a los lineamientos generales para la prevención y erradicación del delito de trata de personas en canales fluviales y marítimos, aprobado en 2018, y tiene por objetivo ampliar la lucha contra el crimen organizado en alta mar, más allá de la pesca ilegal, uno de los problemas más importantes que enfrentan las autoridades argentinas a la hora de proteger los recursos ictícolas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las 200 millas del Mar Argentino.
Trata, una realidad
La trata y la explotación a bordo de buques pesqueros –principalmente, de bandera china, pero también española, panameña y coreana– no es una hipótesis, sino una realidad. ONG internacionales afirman que cada año hay un promedio de 128 mil casos a nivel global.
Algunos de esos casos son directamente macabros: hay registros habituales de desembarcos de cadáveres de marineros de barcos chinos en el puerto de Montevideo, el más utilizado por las inmensas flotas de ese país, según un informe de la ONG OceanoSanos.
Algunas de las situaciones típicas advertidas entre las tripulaciones extranjeras son horas excesivas de trabajo sin los descansos correspondientes; incumplimientos de contrato y falta de pago; informalidad; y abusos físicos y verbales.
“Los buques pertenecientes a flotas extranjeras de pesca que operan en proximidad a la Zona Económica Exclusiva argentina presentan tripulaciones que podrían considerarse en situación de vulnerabilidad, a causa de factores socioeconómicos o de haber sido reclutados con ofertas de empleo engañosas a través de la intervención de agencias de contratación en diferentes países”, se indicó el Boletín.
“Sumado a ello, realizan su trabajo en alta mar alejados de todo control jurisdiccional por periodos prolongados de tiempo, con limitaciones idiomáticas e imposibilidad de contactarse con otras personas en tierra, etc., pudiendo como resultado ser víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral u otros delitos conexos”, se agregó.
