La Municipalidad de Córdoba decidió endurecer desde esta semana los controles callejeros sobre los vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte.
En el Palacio 6 de Julio admitieron que el nivel de inscripción de choferes en el registro oficial resultó mucho más bajo de lo esperado y que la “etapa de laxitud” llegó a su fin.
El nuevo esquema de fiscalización se apoya en la ordenanza que creó el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de plataformas electrónicas.
Esa norma buscó cerrar un ciclo de seis años de conflicto que se abrió en 2019, cuando el municipio presentó un amparo para frenar el desembarco de Uber y llevó la discusión a los tribunales.
Tras fallos sucesivos y un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia que condicionó la operatoria de las aplicaciones, el municipio avanzó el año pasado con la regulación específica.
La ordenanza fijó reglas de convivencia entre las plataformas y los esquemas tradicionales de taxis y remises, y definió obligaciones documentales, fiscales y técnicas para empresas, choferes y vehículos.
El registro
En noviembre, la Municipalidad puso en marcha el Registro Digital Municipal a través de su portal web. Ese sistema centraliza la inscripción y habilitación de las compañías que operan con apps, así como de los conductores que ofrecen el servicio de transporte en sus vehículos particulares.
En esa primera etapa, Cabify se convirtió en la primera empresa de alcance global en completar el trámite y obtener la habilitación definitiva. Poco después lo hizo Uber, que presentó la documentación y los pagos en un solo expediente y quedó habilitada para operar de manera regulada en la ciudad.
A pesar de ese avance institucional, el “blanqueo” del sistema no tuvo la respuesta esperada del lado de los choferes. Según los datos que manejan en el municipio, algo más de mil conductores completaron la inscripción y cumplieron todos los pasos requeridos para quedar en regla dentro del nuevo esquema.
Las fuentes oficiales remarcaron que se trata de una cifra muy baja en relación con la cantidad de vehículos que circulan hoy bajo el paraguas de las aplicaciones. Recordaron, además, que el Ejecutivo otorgó un plazo de gracia de 120 días para que los conductores reunieran la documentación, con especial foco en la obtención de la licencia de conducir profesional clase D1.
Transcurrida ya más de la mitad de ese período, en el municipio concluyeron que la mayoría de los conductores no aprovechó esa ventana para regularizar su situación. Con los nuevos operativos en la vía pública, el Ejecutivo pretende que la presión de la fiscalización acelere la adecuación al marco normativo.
En el Palacio 6 de Julio subrayaron, además, que la responsabilidad no recae sólo sobre los conductores. La ordenanza establece que las aplicaciones son corresponsables de los incumplimientos de su flota y prevé fuertes multas económicas atadas al valor de la Unidad Económica Municipal, además de la posibilidad de inhabilitar temporal o definitivamente a las empresas en casos de faltas graves o interrupción deliberada del servicio.
Por esa razón, el municipio espera que plataformas como Uber y Cabify asuman un rol más activo para impulsar el cumplimiento de la norma. La expectativa oficial es que las compañías colaboren en la depuración de sus registros y en la intimación a los choferes que aún no figuran en el sistema municipal.
El panorama es distinto para otras empresas del sector. La multinacional DiDi aún no se inscribió en el registro oficial, pese a que en su momento inició consultas técnicas con las áreas municipales.
Como la plataforma no completó el trámite, el sistema informático bloquea cualquier intento de alta y los conductores que trabajan sólo con esa aplicación no tienen hoy manera de regularizarse.
Las aplicaciones de origen local o vinculadas a centrales de taxis y remises, como TransmiTaxi o Global Vía, tampoco consiguieron hasta ahora la habilitación definitiva.
Según indicaron fuentes oficiales, estos proyectos siguen intentando destrabar aspectos técnicos ligados a las pólizas de seguro que deben cubrir a los pasajeros transportados, un requisito central del nuevo marco regulatorio.
Qué dicen los conductores
Del lado de los conductores, se percibe un clima de reticencia y de incertidumbre frente a las nuevas exigencias. Choferes de distintas plataformas consultados expresaron poco interés en avanzar con los trámites, y señalaron la licencia profesional D1 como el principal obstáculo para completar la inscripción.
Ese trámite requiere tiempo y la aprobación de un apto psicofísico específico para servicios de transporte de pasajeros. Aunque el municipio acordó con la Provincia cupos diarios para la emisión de antecedentes y habilitó la realización del examen en centros privados, la voluntad de los conductores para iniciar el proceso se mantiene baja.
Otro foco de preocupación entre los drivers es el recambio de vehículos. La normativa vigente exige que los autos no superen una antigüedad máxima de 10 años y tengan un motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos, además de aire acondicionado en funcionamiento y baúl apto para equipaje.
Muchos de los rodados que hoy trabajan con aplicaciones exceden ese límite de antigüedad, lo que obliga a sus propietarios a evaluar si invierten en una unidad más nueva o abandonan la actividad.
Entre los conductores circula la expectativa de que las propias plataformas ofrezcan promociones, créditos o incentivos económicos para facilitar la renovación de la flota.
En paralelo, gana terreno una estrategia más riesgosa: la de mantenerse en la informalidad y tratar de eludir los controles.
En grupos de WhatsApp y foros de choferes se multiplican los mensajes que alientan a seguir trabajando sin inscripción, apostando a que los operativos no resulten lo suficientemente frecuentes o rigurosos.
La duda central es cómo reaccionarán las plataformas que ya están autorizadas y auditadas por el municipio. El nuevo esquema de control tecnológico les exige dar de baja a los socios conductores que no estén registrados en el sistema municipal, por lo que cada empresa deberá decidir si mantiene en sus aplicaciones a quienes opten por seguir al margen de la regulación.
Qué deben cumplir los choferes
Para los choferes que sí decidan regularizarse, el listado de requisitos es exigente. Además de la inscripción digital en el Registro Municipal, deben asociarse a una app habilitada, acreditar certificados de antecedentes provinciales y nacionales, presentar constancia de no figurar en el registro de condenados por delitos sexuales y contar con cobertura de ART o seguro de accidentes personales.
Los vehículos, por su parte, deben estar radicados y empadronados en la ciudad de Córdoba, tener la Inspección Técnica Vehicular al día, exhibir una oblea visible con el logo de la plataforma y portar un código QR habilitante provisto por el municipio. Los titulares deben acreditar el pago de tributos y la ausencia de multas, además de demostrar su alta impositiva en el organismo recaudador nacional.
Con los inspectores listos para intensificar los operativos y un plazo de gracia que avanza, las próximas semanas pondrán a prueba la nueva regulación. La pulseada se dará entre un municipio que busca ordenar un sistema que creció en la informalidad y miles de conductores que todavía dudan si asumir los costos de entrar al circuito formal o seguir trabajando al margen de las normas.
