La Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
El fallo también aplicó para los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El origen de la denuncia
Los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino, ocurrido en noviembre de 2017, habían denunciado tareas de vigilancia y recopilación de datos personales realizadas entre 2017 y 2018, mientras reclamaban explicaciones y justicia.
La investigación comenzó tras el hallazgo de documentos en la sede marplatense de la AFI, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.
En 2021, el entonces juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados por entender que la inteligencia realizada buscaba condicionar el clima político e institucional.
Pero en julio de 2022, la Cámara Federal porteña, con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocó esos procesamientos al considerar que las tareas se enmarcaban en operativos de seguridad presidencial.
Los argumentos judiciales
Más tarde, la Cámara de Casación Penal, con los votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, confirmó el fallo y sostuvo que no existió espionaje ilegal, ya que los datos obtenidos eran de carácter público.
“Los familiares compartían sus reclamos y declaraciones en medios y redes sociales. No existió secretismo ni se utilizaron medios ilegales para obtener esa información”, fundamentaron los magistrados.
Además, afirmaron que las tareas respondían a la protección del entonces presidente Macri y no implicaron una extralimitación en las funciones de la AFI.
Las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso ante la Corte Suprema, pero el tribunal rechazó sus planteos y confirmó el cierre definitivo del expediente.
Un juicio sin responsables políticos
Con la resolución de la Corte, el juicio oral por el hundimiento del submarino se desarrollará solo con imputados de la Armada Argentina, sin funcionarios políticos entre los acusados.
El proceso se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que el hecho ocurrió fuera de jurisdicciones territoriales específicas, en aguas del Atlántico Sur.
En el banquillo estarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe de Operaciones, Hugo Miguel Correa.
Todos enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017, tras una explosión en sus baterías mientras navegaba frente a las costas patagónicas.
Los 44 tripulantes a bordo murieron y la nave fue hallada un año después, a 907 metros de profundidad.
