Si bien la seguridad social está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es adoptada por nuestra Constitución Nacional, para muchos cordobeses su significado es casi un enigma. En un relevamiento propio, solo cuatro de cada diez vecinos dijeron conocer el derecho a la seguridad social.
Canal especial: Derechos Humanos
Cesar Murúa, politólogo y director de la especialización en dirección en organizaciones públicas de la Escuela de Negocios (Icda) plantea que la idea de la exigibilidad del derecho a la seguridad social se encuentra buscando sus raíces en la Constitución Nacional, concretamente en el artículo 14 bis.
Murúa explica que el Estado Argentino ha interpretado el derecho a la seguridad social como “protección social”, una cobertura que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debe brindar a las personas que se encuentran en ciertas condiciones de vulnerabilidad, las cuales están definidas por la edad (menores de edad o adultos mayores), el desempleo y la pobreza.
En un país en el que el 52,9% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza (Indec) y siete de cada 10 niños/as y adolescentes son pobres (Unicef:2024), la cobertura de la seguridad social plantea desafíos cada vez mayores. En este contexto, emergen referentes locales que, en la práctica, se convierten en escoltas del derecho.
Lucas Recalde es el director gerente de 3c Construcciones, una empresa de desarrollo de tecnologías sociales y ambientales que ofrece trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto contribuye al derecho a la seguridad social desde la solidaridad ciudadana, la protección del trabajo y la dignidad humana.
“Cuando empecé 3c, veía que había sistemas en los que no se tenía en cuenta al trabajador. Veía chicos que habían dejado la escuela, que tenían problemas de adicciones, que se alejaban cada vez más de estos mundos que están ya constituidos como lo que está bien -cuenta- Entonces, empecé a buscar la manera de darle oportunidades de trabajo adaptadas a estas personas, buscar cambios en las normas para terminar con la exclusión de estos chicos que, a mi parecer, solo habían tenido mala suerte” explicó Recalde.
Otra organización sin fines de lucro que también aporta a la seguridad social desde el tercer sector es Las Omas, una asociación civil fundada por Alida Weht. Las Omas funciona como un lugar de cobijo y capacitación para más de 300 mujeres de Chacra de la Merced y otros barrios de la zona este de Córdoba.
En sus sedes se genera un ambiente de protección y resguardo a mujeres en situación de vulnerabilidad, sea por violencia de género, desempleo, falta de acceso a la educación o deficiencias medioambientales de la zona que Aída describe como “el patio trasero de la ciudad de Córdoba”. “Acá no están garantizados los derechos, ni siquiera el de educación”, dice. A lo que añade: “La seguridad social que brinda el Estado es muy básica y no llega a cubrir las necesidades básicas, entonces terminamos dependiendo de la ayuda o de la solidaridad”.
La seguridad social aún enfrenta barreras, desde la falta de conocimiento, las deficiencias en su implementación y el acceso desigual a su ejercicio pleno. La responsabilidad recae en el Estado, como su principal defensor, pero la ciudadanía encuentra alternativas desde la comunidad y solidaridad para alcanzar esos derechos “económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”, tal como enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Producción periodística realizada por Julieta Bourdichon, Delfina Escudero, Martina Gabellieri, Camila Zacarías, estudiantes del Colegio Universitario de Politécnico (CUP)
