Por el hacinamiento carcelario, un abogado cordobés planteó un habeas corpus en favor de dos presos que defiende y solicitó que se les permita seguir cumpliendo la detención preventiva en sus domicilios, con tobillera electrónica. Esta solicitud no obtuvo respuesta en primera instancia y ahora el letrado Esteban Yangüez Papagenadio lo llevó a la Cámara de Acusación, integrada por los magistrados Maximiliano Davies, Patricia Farías y Carlos Salazar, que citó para una audiencia para este jueves, a las 10, para analizar el pedido.
El planteo de Esteban Yangüez Papagenadio, presentado ante el Juzgado de Control de feria, tomó como base la decisión de la Cámara Federal de Casación de otorgar habeas corpus a un conjunto de presos federales por las malas condiciones de alojamiento y detención en los penales cordobeses.
“El hacinamiento de la cárcel no distingue entre internos ‘federales’ y ‘provinciales’ sino que es para todos los internos”, argumentó entonces Yangüez Papagenadio, quien solicitó la medida para dos detenidos, que asiste.
Entre el pedido de Yangüez Papagenadio y esta audiencia, la jueza María Cecilia Orta Córdoba concedió un habeas corpus colectivo a un grupo de más de 80 detenidos en Bouwer por las condiciones de hacinamiento.
El abogado afirma que las condiciones en las que cumplen su detención sus defendidos son iguales a quienes obtuvieron el aval de la jueza.
“Mis defendidos se encuentran alojados en la cárcel de Bouwer en el módulo MD1, en los pabellones E3 y E4, respectivamente. En dicha cárcel no existe duda ni controversia sobre el nivel de hacinamiento de los reclusos, llegando mis defendidos a dormir en el piso de las celdas dado que no existe lugar físico disponible para ello, no tienen ventiladores y son las celdas un foco infeccioso donde tienen que convivir con alacranes y cucarachas”, detalló el abogado.
“El hacinamiento congloba a todos los internos. Entre ellos, y en especial, mis defendidos”, plantea en su recurso el abogado.
El abogado propuso que se le coloquen tobilleras electrónicas a sus defendidos y que continúen su detención en sus domicilios. Ofreció que los propios imputados tomen a su cargo el costo del mecanismo de seguimiento dual.
