“Más justicia para más gente”. Una frase que podría sonar pretenciosa es un desafío y una realidad a la vez en pequeñas transformaciones que ocurren en dos localidades de la provincia de Córdoba tras la implementación del “Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, un proyecto de alcance internacional con presencia en otros países de nuestro continente.
Si bien el acceso a la justicia es un derecho universal, en Córdoba se evidenció una dificultad en darles visibilidad a las personas en situación de vulnerabilidad que tienen barreras para acceder a sus derechos.
A través de un convenio entre la OEA y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), el programa desembarcó con un plan piloto tras experiencias exitosas en las provincias de Corrientes y Formosa.
Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios, elegidos por sus vecinos, que promueven una cultura de paz dentro de la comunidad. Procuran un ambiente armónico que favorezca la cohesión social, cultural, económica, familiar e institucional y, desde este rol, buscan acompañar a las personas para garantizar el efectivo derecho de acceso a justicia.
En la presentación del programa, el titular del TSJ, Luis Angulo, subrayó que es “útil” y “transformador” porque va a cambiar para bien la vida de las personas y de las familias, lo que también “conlleva al bienestar de la comunidad y la sociedad en su conjunto”.
Por su parte Aida Tarditti, vocal del tribunal y una de las principales impulsoras de esta iniciativa, consideró que el programa “no tiene techo”. “En el diálogo con los facilitadores judiciales ellos encontraban alternativas de abordajes que a prima facie no habían sido contempladas”, aseguró.
El programa en el territorio
Una vez que fueron seleccionadas dos localidades con características diferentes, se contactó a los Juzgados de Paz que mostraron compromiso por desarrollar el programa.
El paso siguiente fue promover su difusión en la comunidad y la conformación de una asamblea de vecinos para elegir a los facilitadores judiciales. “El programa da un reconocimiento a una tarea que algunos vecinos ya venían realizando pues son personas confiables para sus pares”, comentó la jueza de paz de Unquillo, Cecilia Matías.
Con capacitaciones de por medio, 27 facilitadores judiciales –hasta el momento– “ofrecen un servicio voluntario para acercar a ciudadanos alejados del servicio judicial por desconocimiento o miedo”, confesaron distintos agentes judiciales.
Los temas son disímiles según las circunstancias de cada vecino. En los pocos meses que transcurre el programa, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el régimen comunicacional y de alimentos, y los conflictos por títulos de propiedad fueron los más requeridos.
“La función del facilitador judicial es realizar una buena derivación, no resolver. Para eso estamos los operadores judiciales. De esta manera se consiguen dos efectos: incorporar casos que no llegarían de otro modo y evitar que el vecino toque puertas en cada institución”, agregó Matías.
Para Diego Druetta, juez de paz de Pilar, en el departamento Río Segundo, si bien el programa aún tiene una corta trayectoria es un herramienta muy útil en la localidad. “Teníamos un problema histórico con un terreno en el barrio Malvinas y Don Albino logró acercar las partes. También Pelusa Fontana acompañó a una vecina que estaba siendo hostigada por familiares de su exmarido para abandonar la vivienda”, relató.
Próximos desafíos
La directora encargada del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, María Teresa Mellenkamp, resaltó el compromiso de los jueces de paz, su personal y los facilitadores en esta primera etapa de la experiencia.
“Quedamos impresionados por el avance que han tenido en corto plazo”, dijo. Además, elogió la decisión del TSJ de llevar a cabo la primera experiencia de implementación de facilitadores judiciales en zonas urbanas y no solamente en entornos rurales.
Por su parte, Angulo ratificó su compromiso de sumar esfuerzos para abarcar más territorio y tener más facilitadores que hagan de puente entre la justicia y la comunidad.
Las próximas localidades en sumarse al programa serán Villa Quilino, Mina Clavero, General Roca, Monte Buey, Justiniano Posse, Coronel Moldes, General Deheza y General Cabrera.
“No todo está perdido”, el aliento de una víctima a otra
Un mensaje en el celular alertó a Bernardita Álvarez (64) sobre una reunión informativa del programa de facilitadores judiciales y allí fue. Tras escuchar a diferentes oradores levantó la mano y preguntó si podía participar, pasó al frente y compartió su historia.
Álvarez se crío en el campo y desde niña se despertaba a las 4 de la mañana para ordeñar la leche de los animales. Luego le quedaban cinco kilómetros a pie hasta llegar a la escuela. “Solo pude hacer la primaria. Yo no tuve infancia, pero desde chiquita siempre tuve esta personalidad encaradora”, reconoció.
Con el paso de los años Bernardita se estableció en La Puerta (Río Primero), formó una familia y tuvo hijos. Pero también fueron casi cuatro décadas de mucho sufrimiento. “Sufrí 38 años de violencia por parte de mi exmarido. Hasta que un día pedí ayuda y lo denuncié”, recordó.
Esa decisión provocó el enojo de sus hijos con los cuales actualmente la relación es distante. Sin embargo. Álvarez salió adelante y con la venta de comida y el cuidado personas se convirtió en una referente de la localidad de Unquillo.
Como facilitadora judicial una de las primeras personas que se le acercaron fue Gabriela. “Su caso tiene muchas similitudes. Sufrió lo mismo”, reflexionó. Y no dudó en darle ayuda. “Le dije que no todo estaba perdido, la refugié en casa y la ayudé para que consiga un trabajo. Hoy la veo distinta, arreglada y con muchas ganas de vivir”, agregó.
La próxima tarea es acompañar la vulnerabilidad de un joven de 17 años que sufre bullying en la escuela y le cuesta alimentarse. “Me siento con más fuerza para ayudar porque tengo un apoyo en el programa, pero especialmente en la jueza de paz”, concluyó Bernardita.
