Gabriela Nahir Fernández, la detenida que llegó a la cárcel femenina del Establecimiento Carcelario de Bouwer luego de obtener el reconocimiento de su cambio de género, irá a juicio por la violación de otras siete presas, con el agravante de que tenía sífilis y contagió a varias de sus víctimas, según la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique.
Fernández, de 34 años, fue elevada a juicio como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
A su vez, en uno de los hechos se la considera “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, puesto que habría sido acompañada en el ultraje por otras dos presas. En otro caso, además, se agrava la acusación por “el uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma pieza, Ávila Echenique acusa formalmente a Ingrid Roxana Florindo (42 años) y Rocío Belén Montoya (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en compañía de Fernández.
La elevación a juicio le achaca a Fernández ser responsable de haber abusado de 7 mujeres, mientras que a Montoya y Florindo les atribuyen la coautoría con una sola víctima.
Todas las acusadas están detenidas y, en el caso de Fernández, en un lugar de aislamiento, dentro del penal femenino de Bouwer.
Por este caso, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue en contra de las resoluciones judiciales que habilitaban los cambios de lugar de detención por el género autopercibido.
“Se le dio ese cambio de sexo a una persona que había generado un abuso sexual afuera de la cárcel, es decir, comete el delito del abuso, se le acepta el cambio de sexo para ir a una cárcel de mujeres y vuelve a cometer adentro de la cárcel, el mismo delito”, ejemplificó Bullrich, con el caso Fernández.
Córdoba no quiere más cambios de prisión
En Córdoba está bajo estudio la posibilidad de adherir a la resolución que se dictó desde Nación para impedir los cambios de lugar de detención por manifestaciones de autopercepción de género posteriores a la condena. Si es condenado como varón, cumple su sentencia en un lugar de detención masculino; y si es mujer, como mujer, es el criterio que busca dejar asentada la Provincia, aunque tropieza con algunas complicaciones en virtud de la necesidad de compatibilizar estas cuestiones con el respeto a la diversidad y a adhesiones a distintos convenios y programas de géneros.
La cuestión no está resuelta y es aún materia de análisis. La falta de infraestructura, por la saturación de los penales, complica otras alternativas de solución como el alojamiento en lugares especiales, en los que se alojen personas con características que puedan ser similares o compatibles.
En cualquier caso, las medidas no quitan la potestad judicial sobre los detenidos, que está en manos de los jueces de ejecución penal, quienes terminan definiendo si se accede o no al pedido. En este momento hay cuatro personas que solicitan el reconocimiento de su cambio de identidad de género y el traslado al penal de mujeres.
