Luego de más de 10 años, la Justicia resolvió que la Municipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba son responsables de la contaminación que genera la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande sobre el río Suquía por la falta de tratamiento de líquidos cloacales.
La denuncia fue presentada por la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) y vecinos de la zona que señalaban el daño ambiental que producía -y continúa produciendo- la planta de tratamiento en la zona de Chacra de la Merced, hace más de una década. La presentación judicial fue realizada el 4 de junio de 2010.
La resolución, firmada por el juez Julio Fontaine (h), establece que se debe realizar un informe en el plazo de seis meses y le ordena a la Provincia “la presentación de un programa de recomposición ambiental (…), con el contenido, en el plazo y bajo apercibimiento”.
El escrito judicial apunta a la responsabilidad de la Municipalidad, al ser la titular de la Edar, por la contaminación mantenida por estos años. Y también señala a la Provincia, no sólo porque es la titular del río, sino porque debe, en materia ambiental, “velar por la implementación efectiva y eficaz de dichas leyes”.
“La única estrategia desplegada por la Provincia (imposición de sanciones pecuniarias) es reconocida por ella misma como ineficaz. Cabe preguntarse: ¿por qué el Estado Provincial, en ejercicio de su poder de policía, no arbitró las medidas necesarias para poner coto al obrar dañoso del ente municipal?”, argumenta en uno de sus párrafos Fontaine.
Y añade: “¿Acaso debe la sociedad tolerar que los propios poderes estatales que han de velar por la protección de los bienes colectivos –por caso el ambiente–, sean quienes los vulneran o quienes, frente a su evidente y prolongada afectación, permanecen impasibles y se reconocen impotentes al respecto? Evidentemente la respuesta negativa se impone”.
La resolución judicial lo que hace es determinar la responsabilidad ambiental, pero para que haya una sentencia se debe esperar el informe que pueda realizar sobre el estado del río una entidad ajena al municipio y a la Provincia. En junio pasado la Justicia Federal encargó un estudio al Centro de Química Aplicada (Cequimap) que determinó un alto grado de contaminación a partir de la desembocadura de Bajo Grande.
La decisión del juez puede ser apelada ante la Cámara. Según pudo saber este medio, la Provincia aún no diseñó su estrategia judicial. Sólo como referencia, la mayor parte de la causa fue llevada adelante por el juez Federico Ozzola, ahora camarista. En su momento, la Provincia decidió recusarlo sin causa, lo que dilató un tiempo más el proceso judicial.
Para Yamile Najle, una de las abogadas que participó de la demanda, lo positivo es que se sienta un hito para que no se siga contaminando el cauce del río. “Es una resolución pionera en reconocer el daño y ordenarle a la Provincia y a la Municipalidad la remediación”, le dijo a La Voz.
“Mientras la causa seguía tramitándose, el daño continuó durante estos más de 10 años. La resolución no da una solución inmediata, pero pone una base para determinar el camino a seguir”, opinó Najle.
Si bien la demanda lleva más de 11 años, hay un antecedente de 2004, donde la Justicia le ordenó a la Municipalidad de Córdoba regularizar la situación de la planta.
