Bettina Croppi es, desde hace un mes, fiscal General adjunta de la Provincia. Llegó a ese sitio luego de una extensa trayectoria como fiscal de Instrucción en Morteros y como titular de una de las fiscalías de Violencia Familiar y de Género, en la ciudad de Córdoba.
Es la primera integrante de la Fiscalía General que accede al cargo teniendo como antecedentes ser funcionaria de carrera judicial y cuyo ingreso fue validado por concurso.
Tras la designación del Ejecutivo, Croppi reconoce que era lo que tenía en mente: “Estoy aquí porque quería estar aquí. Es una elección personal, porque son muchos años de trabajar como fiscal de Instrucción, primero en el interior, después en Capital, y muchos años de haber visto algunas falencias del sistema y también cosas del sistema muy valiosas. El sistema judicial fue cambiando poco a poco, sobre todo en lo que yo me he dedicado más, el tema de violencia de género y violencia familiar”, dice.
“Siempre pensé que toda esta experiencia de tantos años y en tantos lugares distintos podía ser útil para el Ministerio Público; que podía servir para aportar desde lo que yo he vivenciado para lo que se pueda mejorar en los procesos de trabajo y en el enfoque de esta temática que más a mí me atrae”, agrega.
Croppi es consciente de que desde el Ejecutivo buscaban una mujer para dar un poco de paridad de género al Ministerio Público Fiscal y para tener “una persona que tuviera formación en género”.
Sobre lo que le toca en lo inmediato, reconoce que se dedicará por ahora específicamente a violencia de género. “El camino está claro: es destinar la mayor cantidad de recursos posibles en la investigación y prevención de esos delitos y en la protección de las víctimas”.
Lo que se viene
Su tarea específica será contribuir al diseño, creado por ley 10.753, que dio origen al Fuero Penal de Violencia de Género. Se creó el fuero en sí y se incorporaron en Capital (1ª Circunscrupción Judicial) dos fiscalías más a las cuatro existentes, además de dos juzgados de Control específicos y dos asesorías letradas de víctimas. Todo esto estará funcionando a pleno desde fines de julio, tras la feria judicial de invierno.
Además, en breve se habilitarán en el interior provincial seis fiscalías de violencia de género: se convertirán en específicas fiscalías de Río Cuarto, Villa María y San Francisco, mientras que habrá otras tres móviles o itinerantes para Cosquín, Jesús María, Carlos Paz y Villa Dolores.
La creación de estas nuevas fiscalías incluye nuevos equipos para cada una de ellas.
La ampliación de recursos intenta responder a la demanda por casos de violencia de género que en nuestro país se cobran la vida de una mujer cada 30 horas.
Sin embargo, lo que todavía no se modifica en Córdoba por ahora son las unidades judiciales especializadas, la “primera trinchera” donde se receptan esas denuncias, que luego pasan a las fiscalías.
En evolución
–¿Qué cambió en el tratamiento judicial de la violencia de género desde que asumió en Morteros en 2002 y luego en una década al frente de la fiscalía especializada?
–Antes, salvo las denuncias que se consideraban más graves, el resto quedaban apiladas en un armario hasta que prescribían. No se veía como hoy que es una problemática de gravedad progresiva, no se veía lo que había detrás de esas amenazas y esos “delitos leves”. Eso era igual en todos lados, eran delitos “invisibles”. En Morteros comencé a ver muchos abusos sexuales, empezamos a investigarlos, a darle importancia a las denunciasde las mujeres. Cuando le das relevancia en la investigación hasta el final, van surgiendo otros elementos. Allí fui aprendiendo, especializando cada vez más. Y a medida que uno más investiga, la gente se anima a denunciar más. La ley 9283, provincial de Violencia Familiar, en 2006 (con modificación en 2016) fue importante porque incluyó las medidas de protección a la víctima como la restricción de acercamiento, la exclusión del hogar, luego el botón antipánico, que le cambió la vida a muchísimas mujeres y niños. En 2011 se crean las fiscalías especializadas en violencia “familiar”, luego con el cambio del Código Penal en 2012 (en el que se agrega la figura de femicidio) se empezó a hablar más de “violencia de género”. Con el avance del movimiento del Ni Una Menos, la problemática comenzó a adquirir más visibilización social. El gran cambio que noto en estas dos décadas es que hoy las mujeres denuncian mucho más, y no creo que antes hubiera menos casos, sino que antes, como no se les daba importancia, entonces las víctimas creían que era inútil hacerlo.
–¿Qué falta hoy para que tengamos una Justicia con mayor perspectiva de género?
–Le falta lo que le falta también a la sociedad: conciencia de la perspectiva de género; tiempo, formación y educación. Los varones no se resignan a perder sus privilegios. Hay una mayoría (de varones) que ocupa espacios de poder y no lo ven como un privilegio, sino como un orden natural de las cosas.
–Con la nueva ley se aprobaron nuevas fiscalías, ¿Qué pasa con las unidades judiciales?
–Sigue siendo una sola la unidad especializada en la ciudad de Córdoba, que son las bocas de recepción de las denuncias. Creo que debería haber más unidades judiciales especializadas, con ello las fiscalías trabajarían mejor.
–¿Ve posible alguna alternativa de tratamiento judicial de la violencia que no sea exclusivamente la punitiva?, ¿alguna que trabaje con el violento?
–Es una discusión no resuelta en el mismo feminismo. Hay una corriente, que es la que prima ahora, que dice que no puede haber soluciones alternativas a la violencia contra la mujer y se basa en que una opción restaurativa sería inviable porque iría en contra de la convención internacional de Belem Do Pará. Otra corriente minoritaria, en la que me incluyo, cree que puede haber -sólo para los casos muy leves y cuando la víctima no está sometida por el agresor (que eso se determina con pericias)- una posibilidad de darle participación a la víctima, a preguntarle qué cree que es lo más adecuado. Ahora cuando viene no tiene posibilidad de elección de nada. En cuanto al tratamiento de los varones violentos, hoy más que el centro integral de varones, no hay. Y cada vez que el Estado destina recursos al tratamiento de varones, una parte del feminismo lo critica porque considera que debería destinarse esos recursos a las mujeres. Otra parte del movimiento lo apoya. También creo que es muy difícil cambiar a un adulto violento. Si queremos bajar los femicidios debemos trabajar con los niños, hacer el cambio allí.
Cómo bajar los femicidios
–¿Y dentro del Poder Judicial?
–En lo que respecta a la Justicia, el camino está claro: es destinar la mayor cantidad de recursos posibles a la investigación y represión de estos delitos y en forma paralela, destinar también la mayor cantidad de recursos posibles en proteger a las víctimas. Ahora, si somos francos, no podemos creer que esto va a provocar una merma de los femicidios, porque está comprobado que de las víctimas de femicidio sólo el 15% tenía denuncias previas, entonces no pasa el resultado por acá.
–¿En qué cosas concretas se podría mejorar la investigación?
-Por dar un ejemplo, desde el Ministerio Público Fiscal se está trabajando con una comisión a la que pertenezco para diseñar un protocolo de investigación con parámetros concretos de investigación de femicidios, para que sí o sí se cumplan en cualquier muerte violenta o muerte sospechosa de una mujer con esos pasos. En eso hemos hecho un diagnóstico y creemos que hay que reforzar algunos puntos.
