El 22 de mayo el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 345/25, que plantea la reestructuración de diversos organismos culturales por el accionar del Ministerio de Desregularización y Transformación del Estado. Uno de ellos es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que, en caso de aprobarse la norma, se vería particularmente afectada.
La Conabip se creó por iniciativa de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento en 1870 y está regulada por la Ley 23.351.
Si se aprobara el decreto, la comisión dejaría de tener una relativa autonomía del Poder Ejecutivo para pasar a depender totalmente de la Secretaría de Cultura, afectando la toma de decisiones en cuanto a financiamiento y composición del organismo, según expresan los representantes y nucleamientos de bibliotecas populares.
“Empezamos a temblar cuando amenazaron el Fondo Nacional de las Artes, pero esto fue impensado”, explicó Perla Rita Martínez, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares en Córdoba (Febipo) a La Voz.
Actualmente, el decreto está en tratamiento de una Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo en el Congreso de la Nación y el período de días hábiles para definir su rechazo o su aprobación finaliza el próximo 4 de junio.
Cuáles son las preocupaciones
La preocupación entre las bibliotecas populares se concentra en la pérdida de la autarquía de la Conabip, y la puesta en riesgo de su financiamiento.
Actualmente, tiene asignado un presupuesto propio estipulado dentro del Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que corresponde al 1% de lo recaudado por la Lotería Nacional.
La administración de esos fondos pasaría a ser definida por la Secretaría de Cultura y dejaría de estar en manos de la Comisión Nacional si el decreto se aprobara.
En diálogo con La Voz, María Maiztegui, voluntaria en la Biblioteca Popular Mi Jardín desde hace 30 años, aseguró: “El nerviosismo es igual para todos, en el interior y en las capitales. Que la Conabip se transforme no nos garantiza que lleguen fondos y programas para nuestro funcionamiento”.
La Conabip ofrece subsidios clave, como el programa Libro%, que asegura que las bibliotecas populares puedan adquirir libros en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires al 50% de su valor. También ofrece apoyo para gastos de funcionamiento y conexión a internet. El futuro de estos fomentos se pone en duda con el decreto.
La aprobación del decreto 345/25 también impactaría en el carácter federal de las tomas de decisiones. La representación de las provincias en la Junta Consultora estipulada por la Ley 23.351 se pondría en jaque por la creación de un Consejo Asesor ad honorem integrado por cinco personas elegidas por el secretario de Cultura.
Actualmente, la toma de decisiones se ejecuta por un presidente, secretario y vocalías representantes de las provincias que con la nueva norma quedarían reemplazados por un director nacional y los cinco integrantes del nuevo Consejo.
“Rechazamos el decreto por avasallar sin fundamentos técnicos, presupuestarios ni administrativos, el desempeño de la Conabip y por generar el vaciamiento de un organismo impulsor de espacios socioculturales”, afirmó Ana Cabanillas, coordinadora de la Biblioteca Popular Bella Vista desde hace 30 años.
Respuestas organizadas
De parte de Febipo, su presidenta aseguró que la primera medida necesaria es “darle visibilidad al problema”. Además, expresó la intención de comunicarse con Luis Juez, el único cordobés que participa en la comisión bicameral en donde se está discutiendo el proyecto, para solicitar su rechazo.
A su vez, exministros de Cultura de todos los signos políticos (Mario “Pacho” O’Donnell, Rubén Stella, Teresa Parodi, Pablo Avelluto y Tristán Bauer) y los expresidentes de la Conabip de 1993 a 2019, acercaron una carta firmada a la Comisión Bicameral.
El documento solicita el rechazo a la medida para evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal. “Se trata de un acto arbitrario, centralista y regresivo, que pone en riesgo una política pública de largo aliento y alto impacto sociocultural”, expresa.
Bibliotecas Populares en Lucha presentó su rechazo frente a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados con la exposición de Guadalupe Meroño.
“La Conabip es un ejemplo de gestión pública articulado con asociaciones civiles reconocidas a nivel nacional e internacional”, manifestó. A su vez destacó el ahorro que representa para el Estado la labor voluntaria y activa de las bibliotecas populares en la comunidad.
En la jornada participaron 20 expositores que se manifestaron en contra de los decretos 345/25 y 346/25, en defensa de los organismos de cultura que se verían vulnerados en caso de aprobarse. Destaca el caso del Instituto Nacional del Teatro, que al igual que la Conabip perdería su autonomía.
Por otro lado, la Red Internacional por las Bibliotecas Populares se manifestó en redes sociales y llamó a la firma de un documento público en rechazo del decreto 345/25.
En el documento se asegura que la medida desmantela una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática que garantiza acceso federal a la cultura y el desarrollo local. “De Conabip solo queda el nombre”, plantea.
Transparencia, importancia y expectativas
El decreto 345/2025 surge en busca de que los recursos del Estado se asignen de manera “racional y efectiva para la consecución del interés nacional”. Sobre la Conabip, el texto afirma que se transformará con el fin de “cumplimentar los parámetros de eficiencia”.
Perla Rita Martínez hizo énfasis en el proceso de control y exigencias en la atribución de fondos por parte de la Comisión. “Si tu rendición de cuentas no es correcta, no podés aplicar para un nuevo subsidio”, remarcó en relación al riguroso proceso de aplicación y auditoría del organismo.
Ana Caballines, por su parte, recuperó el rol que cumplen las bibliotecas: “Son lugares donde el trabajo social está muy arraigado y es igual o más fuerte y necesario que el de acceder a la lectura”. De esta manera, con la aprobación del decreto se atentaría contra las bibliotecas que “toman la posta de realizar actividades que debería cubrir el Estado”.
El nuevo decreto cuenta con un plazo de 10 días hábiles para tratarse en el Congreso, en donde se tomará la decisión en cuanto a la medida que pretende reestructurar los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano, Juan Manuel de Rosas, incluyendo el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
La presidenta de la Febipo, Martínez, sintetizó: “Si el decreto se aprueba o se rechaza, habrá que seguir luchando”.
