Brenda Agüero afirmó, en sus primeras declaraciones por televisión, que no sabe por qué está detenida hace cuatro meses. Deslizó que sería por alguna razón suspicaz: que conocía irregularidades en el hospital Materno Neonatal, que hay otra cuestión que se quiere tapar, que habló y avisó en lugar de hacer silencio.
Tiene derecho a dar su versión. Incluso, el derecho penal la exime del deber de decir la verdad para favorecer su situación.
Pero la acusación que pesa sobre Brenda Agüero no es misteriosa y ya atravesó dos instancias judiciales de investigación, no de condena. El fiscal Raúl Garzón la imputó, primero, por dos homicidios de bebés nacidos sanos en el Neonatal; luego le dictó la prisión preventiva por estos dos hechos y le amplió la acusación a cinco homicidios en total y ocho tentativas. Era por bebés que sufrieron los mismos ataques con inyecciones con sustancias tóxicas pero sobrevivieron. El juez de control Juan Manuel Fernández López confirmó la prisión preventiva contra Agüero por los dos primeros hechos y en su resolución, incluso, fue más allá, al anticipar un aval a la ampliación de las imputaciones por repetirse las modalidades y el cúmulo de indicios que sustentan la investigación.
Mucho se cuestionó sobre la inexistencia de testigos directos que vieran a Brenda Agüero colocando en forma sospechosa una inyección a uno de los bebés que luego fallecieron, como una debilidad en la acusación.
“Si no se pudiera imputar ni condenar a sospechosos porque no hay testigos presenciales que los vean matar o agredir, sólo una ínfima cantidad de casos llegaría a juicio y castigo”, sostuvo un experimentado penalista.
¿Alguien vio a Roberto Carmona degollar con una punta al taxista Javier Bocalón en su reciente fuga asesina en Córdoba? ¿O la acusación se construye sobre una serie de indicios que lo ponen en el lugar de los hechos, le asignan la pericia para cometer ese crimen, examinan qué hizo después y otros elementos que van armando el rompecabezas criminal?
En el caso del caso Agüero, el juez de control Fernández López tipificó los indicios en dos clases. La primera categoría son los indicios precedentes, divididos en de “presencia”, “oportunidad”, “modalidad” y “personalidad”, que son los que marcan que “estuvo presente en la sala de recuperación con las madres y los bebés; su actitud comedida en la atención de los bebés; el ‘descubrimiento’ de los casos; ser la primera que alertó el/los hechos; su especial interés en sobresalir y llegar a tiempo con diagnósticos puntuales” y el estudio con documentos que estaban en su celular y en su notebook “sobre dosificación y administración de potasio”.
La segunda categoría son los indicios posteriores: “Su especial interés en cómo continuaba el estado de los bebés y la marcha de la investigación de los hechos, conducta que otros enfermeros no habrían tenido, así como el cese de hechos de similares características luego de la desvinculación de ella –y el retorno de todos los demás licenciados– al hospital”. Aquí también ubica el juez el interés de mudarse a provincia de Buenos Aires, que terminó siendo uno de los fundamentos para sostener la prisión preventiva por “riesgo procesal”: la posibilidad de que se fugue.
Agüero, en la nota televisiva, apunta a otro enfermero. En la declaración que hizo cuando fue interrogada por las primeras imputaciones había deslizado sospechas sobre otra enfermera. Se los investigó. Al enfermero, incluso, se lo allanó. Pero quedó desvinculado de la causa. Brenda Agüero no lo sugirió, pero para el juez, además, está descartado que los propios padres puedan haber hecho daño a los bebés y probado que “quien se ubica de forma constante y presente en todos y cada uno de estos hechos es Brenda Agüero”.
Tampoco tiene dudas la Justicia de que las muertes son intencionales, al menos las dos que llegaron al juzgado de Control, de los hechos ocurridos el 6 de junio. Luego de citar los informes médicos forenses y químicos, Fernández López lo escribe así de claro: “Lisa y llanamente estamos ante la aplicación intencional de potasio con el propósito de ocasionarle la muerte a las bebés”.
Hasta aquí, Brenda. Es un hecho que su relato de que es un chivo expiatorio puede gozar de más o menos credibilidad de acuerdo a cómo avance –o siga congelada– la definición sobre la situación de los exfuncionarios imputados por delitos de omisión del deber de denunciar o falsedad ideológica, si es que finalmente se quedan aquí los cargos a quienes tenían responsabilidades en el hospital y en la gestión de la salud pública.
