“Mi hermana ya no podía más. La Justicia tardó demasiado. Hoy queremos que se juzgue por homicidio a los agresores”. Con la voz entrecortada, Jésica Gázquez, hermana de Brenda Gázquez, resumió el final de una historia que fue advertida muchas veces.
Brenda, su hermana menor, tenía 28 años y se quitó la vida en la madrugada del domingo 26 de octubre. Durante siete años, denunció haber sido víctima de amenazas y hostigamientos constantes producto de dos denuncias por abusos sexuales en 2018.
Los principales acusados, Cristian Marini y su primo, Franco Vergara, están procesador y estuvieron detenidos con prisión preventiva durante ocho meses pero a la fecha estaban libres a la espera de dos juicios. Por un lado, las dos causas por abuso sexual estaban elevadas a juicio y se encuentran en el Juzgado de Control N° 3, a cargo de Pablo Caferatta, luego de que la defensa de los acusados presentara la oposición a la elevación a juicio.
Por su parte, la causa por la coacción, amenazas y hostigamiento estaba también elevada a juicio con la Cámara Sexta como designada para tal proceso.
Al principal imputado, Marini, le quitarían esta semana la tobillera dual. “Mi hermana se quitó la vida cuando le estaban por quitar la tobillera a Marini, eso dice todo”, dijo Jésica. Por su parte, Vergara ya no la tenía desde hacía tres meses, según indicó el abogado de la familia, Carlos González Quintana.
El abogado indicó que el suicidio es investigado como muerte de etiología dudosa en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 2.
“El hostigamiento no paraba: por redes, en la calle, en el barrio. No podía salir sola. Mi hermana no dormía, se despertaba gritando que veía a los tipos. No era vida para ella ni para nosotros”, dijo Jésica.
Una historia de violencia y burocracias
Brenda denunció por primera vez en 2018 que había sido violada en grupo en una casa de barrio al suroeste de la ciudad. Lo hizo en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del turno 1, que estaba a cargo en ese entonces de la fiscal Alicia Chirino.
Ese mismo mes la familia sufrió el incendio de su casa. Las amenazas se hicieron constantes y en julio de 2019 Brenda denunció una segundo hecho de abuso: un tocamiento por parte del principal imputado dle hecho anterior, Cristian Marini.
La familia denunció todas las amenazas recibidas. A pesar de las medidas de protección, botón antipánico y restricción de acercamiento, los acusados siguieron circulando por el barrio.
Desde la primera denuncia Brenda y su familia comenzaron un camino judicial que se extendió durante años, con denuncias por abusos, amenazas, lesiones, coacción, desobediencia a la autoridad (cuando violaban la restricción de acercamiento) que fueron derivadas a distintas fiscalías. En 2022 la Fiscalía General intervino para integrar todas las denuncias.
Entre 2018 y 2022, La Voz reconstruyó al menos diez presentaciones judiciales hechas por Brenda y su familia. La tercera denuncia por abuso, que fue por un hecho de 2022, fue desestimada tiempo después y hubo sobreseimiento de los imputados que quedó firme por la Cámara de Acusación.
Jésica, su hermana, hizo hincapié en la gravedad del primer hecho, la violación grupal de 2018 que dejó secuelas gravísimas en su hermana.
“Mi hermana fue atada, drogada, abusada y secuestrada”, contó Jésica. “Tengo videos y cartas donde ella lo cuenta con detalles. Le destruyeron la vida. Y cuando buscó justicia, la revictimizaron”.
Y agregó: “Yo estuve presente el día de la pericia ginecológica. Mi hermana tenía todo tipo de evidencias de la brutal violación que había sufrido”. Los detalles de esas secuelas no se reproducirán en esta nota para no promover el morbo.
Siete años de vida atravesada por el trauma
Desde las primeras denuncias, la vida de Brenda cambió por completo. Pasó de ser una joven alegre y sociable, “el alma de las fiestas”, recuerda su hermana, a vivir encerrada, aterrada por salir sola.
“Tenía ataques de pánico todo el tiempo, no podía ir al gimnasio ni caminar por la vereda. Veía a sus agresores en todos lados. A veces se despertaba a los gritos, reviviendo las violaciones. Tuvo varios intentos de quitarse la vida y todos fueron posteriores a la violación de 2018″.
Brenda asistía a terapia psicológica y psiquiátrica. Intentó retomar actividades, pero las amenazas constantes y el propio trauma sufrido hacía que no pudiera salir a la calle. En varias ocasiones intentó quitarse la vida.
“El hostigamiento era constante”, explicó Jésica. “Por redes le escribían ‘dejá de mentir, putita’. En el barrio la señalaban, le gritaban cosas. Mi hermana cerró sus redes, dejó de salir, dejó de confiar en todos. Y la Justicia seguía demorando las causas”.
En esos años, Brenda escribió varias cartas a su familia. En ellas hablaba del dolor físico y emocional, de los recuerdos que no podía borrar, y de la sensación de abandono. “Nos dijo muchas veces que no quería seguir viviendo así. Pero también que quería justicia. Por eso voy a seguir peleando: quiero que los condenen por homicidio”, afirma su hermana.
Suicidio tras hechos de abuso sexual
En Córdoba ya hay condenas por homicidio a personas que violaron a mujeres y que luego se suicidaron.
En casos muy puntuales, como fue el de Sathya Insaurralde la Justicia entendió que la joven de 19 años se quitó la vida en 2020 luego de los graves consecuencias psicológicas que le provocaron los abusos sexuales de su padre en su infancia. Por ello, Walter Insaurralde fue condenado a cadena perpetua.
El Tribunal de la Cámara 3° del crimen lo condenó bajo la figura del artículo 124 del Código Penal. En el fallo se indica que el acusado creó la condiciones para provocar un daño tal que llevó a la víctima a su muerte, en este caso, autodeterminada. Otras condenas en el mismo sentido fueron la de Diego Concha (por el suicidio de la bombera Luana Ludueña), entre otros.
