Los exfuncionarios acusados de encubrimiento agravado, con el exministro de Salud provincial Diego Cardozo a la cabeza, hicieron todo lo que pudieron para evitar llegar a un mismo juicio y sentarse entre los acusados junto a la enfermera Brenda Agüero, a quien le atribuyen los asesinatos en serie de bebés recién nacidos en el hospital Materno Neonatal, dependiente de la Provincia y ubicado en la ciudad de Córdoba.
Apenas el fiscal Raúl Garzón les endilgó responsabilidades funcionales a Cardozo, a su exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, y a la exdirectora del hospital, Liliana Asís, entre otras autoridades, estos buscaron desdoblar la investigación para ir al Fuero Penal Económico y Anticorrupción, el que entienden que les correspondía por investigarse delitos en el ejercicio de una función pública.
El primer intento –coordinado entre las defensas, pero ejecutado por los abogados de Asís, con el letrado Franco Bizochi al frente– planteó el desglose de la causa, para dejar la parte estrictamente criminal con Garzón y llevar el análisis de la actuación de los funcionarios públicos al fuero específico que se ocupa de los delitos en contra de la administración pública.
Garzón lo resistió, el juez de Control Juan Manuel Fernández López avaló que se mantenga unificada la causa y la impugnación llegó hasta Acusación, donde también rebotó.
Hubo pedidos de apartamiento de Garzón que también fueron rechazados, hasta que se buscó que el propio fiscal se desprenda de la causa.
Carvajal, al agravarse su imputación de omisión de deberes de funcionario público a la figura de encubrimiento agravado, decidió sumar como codefensor al penalista Justiniano Martínez, el dueño del bufete en el que trabaja quien lo representaba en soledad, Joaquín Nores.
Hasta el momento de esa jugada, Martínez y Garzón eran muy amigos. Tanto que Garzón entendió que si autorizaba el ingreso de Martínez a la causa debía apartarse porque su objetividad estaría afectada. Y como no quiso dejar la instrucción, lo “inadmitió”. Carvajal –y Martínez– insistieron ante el juez de Control, la Cámara de Acusación y hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que finalmente confirmó al fiscal y rechazó el intento más fuerte para sacarlo del medio.
El máximo tribunal destacó que no convenía separar a Garzón porque “se trata de un proceso de características excepcionales, por la complejidad de una investigación que se encuentra en su tramo final”. Y entre el derecho de un imputado de elegir libremente a su abogado defensor y el interés público de que no se afecta la instrucción, optaba por privilegiar esto.
“En definitiva, la impugnación no logra demostrar que, ante el avance logrado en la investigación con la colección de pruebas y los requerimientos de elevación de la causa a juicio en contra de la autora material de los hechos y de otros responsables funcionales (aún no firmes), y encontrándose cerca de su finalización la investigación penal preparatoria respecto del prevenido Carvajal, lo decidido conlleve un riesgo cierto de afectación del derecho de defensa con entidad suficiente para justificar la impugnabilidad de la decisión recurrida”, sostienen los jueces del TSJ que firman la resolución: Aída Tarditti, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres.
La gravedad y la extensión a toda una cadena de responsables funcionales de este caso es un lunar en la Justicia provincial y no guarda relación con otras investigaciones que destaparon prolongados y graves hechos de corrupción. Nos referimos a los casos que tienen imputados y detenidos a Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía de la Provincia y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, por las habilitaciones irregulares para locales comerciales, y a Juan María Bouvier, durante 15 años jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), por distintas presuntas transacciones con presos para mejorar sus calificaciones y facilitar sus libertades condicionales o anticipos de egreso de los penales.
