A días del inicio de la actividad legislativa, uno de los principales temas que vuelve a cobrar trascendencia es la situación de los ahogamientos en ríos y lagos de la provincia de Córdoba.
Pese a sancionar recientemente una ley de Seguridad Náutica –principalmente para el control de embarcaciones–, persiste una falta de legislación en lo que concierne a la seguridad en las actividades acuáticas. Si bien persiste una falta de responsabilidad por parte de los bañistas, también existen fallas en los sistemas de seguridad implementados.
Uno de los proyectos que aún no tuvo debate en el recinto de la Unicameral, pero si diálogo interno entre legisladores de la Comisión de Seguridad, es sobre “Prevención, Seguridad, Rescate y Salvamento Acuático”.
Sobre una propuesta original de Javier Bee Sellares, los legisladores Ariela Szpanin, Nadia Fernández y Matías Gvozdenovich acordaron el verano pasado la presentación de un proyecto que le otorga a los guardavidas un rol destacado como agentes de seguridad.
Córdoba sancionó en 2001 la Ley 8.939 que regulaba la actividad de los guardavidas, pero nunca fue reglamentada. La norma es meramente enunciativa y en la práctica su alcance es limitado.
Entre los puntos más destacables del nuevo proyecto, se promueve la creación del Observatorio Provincial de Guardavidas (OPG), a cargo del Ministerio de Seguridad, con representantes del Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Deportes, el Ministerio de Educación, la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes.
El OPG estaría a cargo de desarrollar un Plan de Prevención, Seguridad, Salvamento y Rescate Acuático, además de formular denuncias por incumplimientos a la ley, diagramar campañas de concientización ciudadana, y llevar un registro de accidentes en el ambiente acuático, entre otras obligaciones.
Asimismo, impulsa la creación de un Registro de Guardavidas de la Provincia de Córdoba, un control sobre la formación y requisitos para el ejercicio de la profesión, estableciendo responsabilidades de organismos públicos y titulares de instalaciones privadas.
Por último, el proyecto define que los prestadores de servicios turísticos deban contar con la aprobación de programas de seguridad un mes antes del inicio de las actividades.
“En una provincia como la nuestra que recibe muchos visitantes todo el año es fundamental contar con una ley que regule la actividad acuática. Así se evitarían muchos accidentes y fallecimientos. En todos estos años, el único avance al respecto fue un curso dictado en la Facultad de Educación Física”, dijo Szpanin.
Educación en gestión de riesgos
Otro proyecto de ley en la materia está referido a la educación en gestión de riesgos, de autoría de la misma legisladora radical. El mismo modifica la Ley 10.823 de adhesión a la Ley Nacional 27.621 de Implementación de la Educación Ambiental Integral, incorporando conceptos de la Ley Provincial Ambiental 10.208.
El proyecto tiene como fin establecer el derecho a la educación ambiental integral, con perspectiva al desarrollo sostenible, como una política pública. De esta manera, busca implementar acciones de capacitación y concientización que permitan prevenir y educar en la temática de gestión de riesgo de desastres.
La iniciativa busca aportar conocimientos a aquellos actores sociales vulnerables a la ocurrencia de un fenómeno natural, sobre el nivel de riesgo y el tipo de amenaza al que se encuentran expuestos.
“La propuesta implica una visión integral en los diferentes grados y niveles educativos, contribuyendo a generar competencias en los ciudadanos hacia una cultura y conducta humana para el afrontamiento de las problemáticas asociadas a la gestión del riesgo de desastres”, describe el texto del proyecto.
Entre los fundamentos, la legisladora explicó que la educación desde la niñez tiene mayor posibilidad de lograr un cambio cultural que permita incorporar la gestión del riesgo en todas las actividades cotidianas de la sociedad, así como mejorar la calidad de la prestación a cargo del Estado, identificando la responsabilidad social y gubernamental en la prevención de situaciones que se repiten en nuestra provincia, como incendios e inundaciones.
“En esas circunstancias es importante que todos los actores tengan claridad en el rol y en las actitudes que les competen ante una alerta, emergencia o crisis”, agregó.
Piden más señalización y campañas
Szpanin realizó tiempo atrás una presentación para que el Gobierno provicial “realice las tareas necesarias de forma urgente para colocar elementos de señalización, cartelería y alerta en ríos y espejos de agua de la provincia de Córdoba”.
“Seguimos sosteniendo que las muertes por ahogamiento son evitables”, dijo la legisladora. En la solicitud hizo referencia a la muerte de una joven en el lago Piedras Moras en un sitio de uso frecuente, pero que carecía de cartelería indicativa.
Finalmente, en la misma línea, pidió al Gobierno provincial completar la tarea de seguridad con la realización de campañas de concientización, capacitación y prevención de muertes por ahogamientos y comportamientos responsables en espejos de agua de la provincia de Córdoba.
Generalmente, la Agencia Córdoba Turismo y la Policía de Córdoba realizan publicaciones alusivas en redes sociales durante la temporada. Sin embargo, no se logra medir el impacto digital en los visitantes. Para Szpanin las campañas deben ser integrales con acciones de flyers, cartelería, códigos de banderas, entre otras iniciativas.
