Tras la denuncia pública del padre de la niña que murió en el río Los Chorrillos en la que afirmó que a su hija “la aspiró un caño”, este martes realizó la presentación a través de su abogado en Tribunales con el fin de que la justicia determine que sucedió el 14 de enero en la localidad del valle de Punilla.
La denuncia de Fernando Saldaña puso de manifiesto la posible existencia de fallas de seguridad en los piletones en la zona del vado.
La fiscal Silvana Páez, o a quien se designe tras la feria judicial –posiblemente Jorgelina Gómez o Ricardo Mazzuchi– deberá determinar si la existencia de un caño y una fuerza de succión en el muro de piedras provocó la muerte de Jazmín, como denunció públicamente su familia.
Para el abogado defensor Carlos Nayi, a priori la muerte de Saldaña conllevaría una cadena de responsabilidades que incluiría a funcionarios municipales y provinciales.
Los primeros minutos
Será clave que la fiscalía pueda determinar a partir de los informes de la Policía Judicial cómo sucedieron los hechos y la cronología de las actuaciones de las personas involucradas en el hecho: familia, testigos, personal de defensa civil, bomberos, policía y servicio de emergencias.
Tras la denuncia de Saldaña toma otra relevancia lo que manifestaron las primeras personas que se acercaron al lugar del accidente. Coincidieron en que la niña de 11 años “había estado atrapada y tuvieron que meterse tres personas para poder sacarla”.
La villa serrana no tiene un cuerpo de guardavidas por lo que la zona está bajo jurisdicción de Defensa Civil local. La versión de la dependencia municipal fue que “el padre la vio en el fondo del río y él mismo la saca”. Además informaron que la víctima estaba a un metro de profundidad.
El operativo comenzó minutos antes de las 17 del domingo 14 de enero y se extendió hasta las 22 que Policía Judicial retiró el cuerpo del lugar.
En medio de la desesperación, la secuencia del rescate y tareas de reanimación distaron de un protocolo planificado y todo terminó en una suma de buenas intenciones que no pudieron evitar el fallecimiento de Jazmín.
Denuncian negligencia del municipio
Hasta el momento ninguna autoridad pública se comunicó con la familia Saldaña y el hermetismo es total en la comuna de Punilla. Desde la Municipalidad de Cabalango deberán responder si existía un operativo de seguridad en funcionamiento y cuál era su alcance.
En el Plan Estratégico para el Desarrollo Territorial que había presentado la comuna a la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en 2017 reconocían “una ausencia de oferta de calidad al turista y la baja dotación en equipamiento”.
En noviembre pasado la presidenta comunal Carla Bruno junto al encargado de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana Mario Cuevas tuvieron una reunión con el exsecretario de Gobierno y Seguridad provincial Claudio Stampalija en la que hablaron del operativo verano 2023/2024 para la instalación de casillas para controles, personal policial afectado y patrullajes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac).
Incluso días antes de la tragedia, Bruno volvió a reunirse con un representante de la actual gestión provincial. La mandataria local visitó al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para hacerle llegar sus propuestas “para que la localidad sea de excelencia, de calidad de servicios y atención al turista”.
En ese encuentro Bruno había adelantado proyectos junto al sector privado para mejoras en la infraestructura como una nueva oficina de turismo y una sala de primeros auxilios en la Costanera.
Para Nayi la muerte de Jazmín solo se entiende como una sucesión de negligencias e impericias que deben tener responsables. “Era un sector mercantilizado pero se olvidaron de todas las medidas de seguridad”, finalizó.
