Las escuelas estatales y privadas del interior y de la ciudad de Córdoba están en alerta por la cantidad de estudiantes que confiesan en los colegios que sufren o han sufrido abuso sexual u otro tipo de violencia.
Directivos de una institución parroquial confiaron a La Voz que detectan al menos un caso por mes. Primero observan algunas señales y, después, los chicos y chicas se animan a hablar. En esa situación, además de contenerlos, los docentes deben iniciar un trámite administrativo para informar a sus superiores y a las áreas encargadas de las infancias. La situación se complica en el interior provincial, ya que en muchas localidades esas oficinas de atención no están conformadas.
Laura Castillo, licenciada en Ciencias de la Educación y directora de la consultora Educativa Global, que trabaja en red con numerosas escuelas y organizaciones de la provincia explica que tras la pandemia aparecieron dos fenómenos muy movilizantes: la dificultad en la convivencia y el aumento de manifestaciones sobre abusos sexuales y violencias experimentadas por los estudiantes dentro del ámbito familiar.
“Lo que antes era una excepcionalidad es ahora una constante. Nuestros chicos y chicas manifiestan primero con síntomas y luego con palabras y escritos sus realidades de violencia personal, íntima y sexual”, explica Castillo.
A partir de allí, se sigue un protocolo (ver Paso a paso…) y, a la par de la contención, se entra en un circuito burocrático. “En las escuelas se pone el cuerpo y el corazón y se tramitan tiempos, espacios y estrategias a escala humana para cuidarlos”, puntualiza Castillo.
La secretaria de Educación Delia Provincial sostiene que en una sociedad donde se ha fragilizado el lazo social, aparecen vulneraciones de derechos. “La escuela, como parte de ese entramado social y a pesar de todo, sigue siendo el lugar donde esos niños, niñas y jóvenes vulnerados pueden poner en palabra su sufrimiento y lograr que los adultos los pongan bajo cuidado”, remarca. Asegura, además, que directivos y docentes junto al Ministerio y a otros organismos intervienen para la protección en los casos que ocurren en la propia escuela.
Dimensiones
El abuso es un fenómeno difícil de dimensionar en cifras porque a las denuncias realizadas se le suma un número indeterminado de situaciones que quedan en el silencio.
Según datos del Ministerio de Educación de la Provincia, en 2022 hubo 243 demandas de intervención por casos de abuso sexual: 110 en primaria, 105 en secundaria y 28 en nivel inicial. El 71% estaban vinculadas a situaciones acontecidas en el ámbito intrafamiliar. Las restantes, dentro de las instituciones provocadas por adultos o por otros niños. Es decir que tres de cada 10 ocurrieron en los colegios.
Sólo en la ciudad de Córdoba se asistieron durante 2022 a 108 niños y niñas que sufrían maltrato, a otros 65 que estaban expuestos a situaciones de violencia familiar y a 23 más sobre los que existían abusos o sospechas de abuso sexual, según los datos del Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPD) que tiene la Municipalidad de Córdoba en los Centros de Participación Comunal (CPC). En 44 de estos casos se solicitó una medida excepcional de intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba.
Atención a las señales
La psicóloga Mariela Zachetti, que interviene en este tipo de casos, dice que cada vez se conocen más situaciones de este tipo aunque no podría asegurar que hayan aumentado. “Cada vez más hay abusos porque es sobre las infancias donde los adultos pueden ejercer poder, fundamentalmente en momentos de crisis, económicas, sociales, individuales porque en los momentos de crisis la potencia, o el poder hacer, se ve corroído, y los niños están ahí, como algo dispuesto para ser usado para reparar situaciones personales que suponen afrentas narcisistas”, dice.
Zachetti plantea que es necesario que toda la sociedad esté atenta a las señales: las marcas en el cuerpo, la falta de concentración en el colegio (ya que no pueden disociar la vivencia traumática y el recuerdo de lo vivido los invade cuando están quietos), la hiperactividad y las faltas reiteradas a la escuela pueden ser indicios. En este sentido, para estar alertas, la psicóloga plantea que es necesaria una capacitación adecuada, simple, funcional, dirigida a todos los agentes de salud, educación y recreación que trabajan con niños y niñas, tal como establece la Ley 27.709 -conocida como Ley Lucio-, que fue promulgada el mes pasado para prevenir las violencias y abusos en la infancia.
Directivos de algunos jardines indicaron que el protocolo es claro y que en general es bien conocido por directivos de todos los niveles. Incluso reconocen que la Ley Lucio generó aún más compromiso y conciencia sobre la necesidad de involucrarse.
Sin embargo, marcan que la lentitud de la Justicia es uno de los mayores obstáculos. “Estamos esperando la resolución de dos casos de 2021. Hace poco tuvimos la resolución de un caso con la absolución del docente, que vio por años su vida destruida por una acusación tan grave”, relata una directora de nivel inicial. La docente también cuestiona el tratamiento de los medios de comunicación en los casos de abuso: “Ponen el micrófono cuando surge todo, sin pruebas y luego queda allí. No hay un seguimiento posterior de los casos”, plantea.
El camino administrativo
Ivonne Henao Blasco, profesora especialista en gestión educativa, vicedirectora de un secundario, parte del equipo de tutores de la Diplomatura de ESI, género y sexualidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y activista en la lucha de los derechos de las infancias en el interior asegura que en las escuelas se trabaja la ESI pero advierte que sigue faltando articulación con las áreas locales de infancia -inexistentes en algunas localidades- y con el sistema judicial que, recuerda, debería garantizar una perspectiva de género en sus abordajes.
“Si bien tenemos marcos legales importantes como la ESI, la Ley de Protección de los Derechos de la Infancia, la Ley de Identidad de Género y hay una batería de normas que han hecho base para fortalecer y dar batalla al abuso sexual infantil, hay muchos factores que juegan en contra como son los sectores conservadores y de derecha, los antiderechos y las iglesias que niegan la ESI al ponerle trabas y al crear opinión pública”, dice.
Por eso, opina, mucha gente sigue pensando que los derechos de la infancia están en torno a lo privado. “En las escuelas encontramos familias que dicen que no van a hacer denuncias de abuso porque el pastor les dijo que Dios iba a salvarlos”, cuenta.
Henao Blasco insiste en que la falta de áreas de infancia en el interior, que son el segundo nivel de injerencia dentro del sistema integral de protección, sobrecarga a los colegios y al sistema judicial. “La escuela siempre termina denunciando y después queda sola porque el trámite judicial está cargado de una revictimización tanto a la persona protectora como a las infancias y suele ser tortuoso y muy largo”, apunta la docente.
Y agrega que, al final, algunas instituciones prefieren parecer sordas o mudas en localidades pequeñas “donde todo se sabe, corre riesgo de filtrarse la información de quien denuncia y hay amenazas, al no estar conformadas estas áreas locales que debieran ser las articuladoras”.
La profesora sostiene que las escuelas que denuncian deben someterse a un largo camino. “Son horas en las unidades judiciales o en el Polo de la Mujer con un gran desgaste psicológico de quienes acompañan estos procesos. Todo eso las escuelas lo hacen. Pero el problema es que es tal la saturación que no llegás a abordar todos los casos”, remarca.
“Es casi epidémico el abuso sexual infantil en algunas localidades del interior de la provincia de Córdoba y en la ciudad, sin embargo siguen sin cumplirse con las normas. No hacen falta más leyes, hace falta que se cumplan efectivamente y que los políticos den prioridad a las infancias y juventudes”, agrega.
Laura Castillo asegura que en las escuelas privadas se sigue asistiendo a los estudiantes, aún después de que los casos quedan en manos de los superiores. “El protocolo no alcanza. Sólo genera una instancia administrativa burocrática y el Ministerio de Educación de Córdoba no tiene un área específica para este abordaje. Sólo algo de Convivencia Escolar”, opina, e insiste en que esta es una problemática nueva.
“Se da por dos razones: una, porque en pandemia algunos niños, niñas y jóvenes estuvieron en mayor contacto con entornos familiares abusivos y, otros, paradójicamente, porque la pandemia los alejó de los abusadores y “tuvieron el espacio para registrar y animarse a hablar de lo que les pasa”, opina.
En ese mismo sentido, una psicóloga que trabaja en el gabinete psicopedagógico de un colegio privado del interior provincial asegura que si bien el protocolo es claro, en la práctica hay “grises” que intentan saldar con el organismo de protección de derechos a nivel local. “Nos pasó con una adolescente que relató un abuso intrafamiliar. Hicimos la planilla, la denuncia policial. La persona que nos tomó la denuncia no respetó las palabras que habíamos citado específicamente de la joven, incluso cuestionaba la veracidad de sus dichos”, explica.
“Esa joven ese día se fue a su hogar, nosotros no podíamos retenerla en la escuela. Días después la Senaf intervino en su casa y la trasladaron de inmediato a la unidad judicial de delitos contra la integridad sexual (que funciona en el Polo de la Mujer). Allí luego de cuatro horas la revisó un médico varón, lo que le provocó una crisis. La familia estaba anonadada tras conocer esta situación”, relata la profesional, que pidió la reserva de su identidad. “Luego supimos que ese día podríamos haberla trasladado a un centro de salud y que luego la Policía la acompañara hasta su domicilio”, detalla.
Por su parte, una docente de un pequeño poblado habla de los beneficios de la intervención. “Me tocó denunciar el caso de una joven que narró en una clase de ESI que su padre la abusaba. Activamos el protocolo, lograron separarlo del hogar y ella empezó a mejorar mucho en sus clases, era otra persona. Pero aún no hay resolución judicial y el hombre está libre, incluso a veces viene a firmar cosas al colegio. Es un riesgo que eso suceda para la niña y para todos”, remarca.
Paso a paso: qué debe hacer el colegio frente a un caso de abuso
Las escuelas tienen a disposición una cartilla recién actualizada por el Ministerio de Educación y el de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia con pautas sobre cómo actuar frente a los presuntos casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El protocolo plantea que en caso de advertir sobre un posible abuso físico o sexual en el ámbito familiar o extrafamiliar, la escuela debe generar un espacio de privacidad, confianza y contención para conversar con el estudiante y guardar estricta confidencialidad de los datos de las personas presuntamente involucradas. Además, no debe “investigar” o corroborar la veracidad del hecho ni confrontar a las partes.
La persona que tome conocimiento de la situación debe comunicar a la dirección de la escuela, quien informará a la supervisión. En caso de requerir alguna otra orientación, se debe avisar al equipo técnico del Ministerio de Educación: Equipo Técnico de Acompañamiento Educativo (Epae) en interior de la provincia o Programa Provincial de Convivencia Escolar en Córdoba capital y Programa de ESI.
En situaciones perpetradas por una persona del ámbito extrafamiliar, el equipo directivo podrá comunicarse con los Servicios de Protección de Derechos de la Municipalidad de Córdoba (SPD) y las áreas locales de niñez en el interior de la provincia.
La dirección de la escuela debe completar la Ficha de Posible Vulneración de Derechos para presentar a la Unidad Judicial Especializada, a la unidad judicial que corresponda o a la comisaría policial.
Los denunciantes podrán solicitar reserva de identidad y los funcionarios de dichos organismos tienen el deber de recibir las denuncias.
A dónde recurrir
Córdoba capital: en situaciones de presunto abuso sexual, contactar con la Unidad Judicial de delitos contra la integridad sexual, a través del mail: ujudicialmu-cba@justiciacordoba.gob.ar, con copia a Senaf: ninezyadolescencia.senaf@cba.gov.ar. Ante situaciones de presunta vulneración a la integridad física se tomará contacto con la Unidad Judicial más cercana a la escuela. También se puede llamar a la línea 102.
En el interior: contactar con la Unidad Judicial correspondiente, con copia a la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) de Senaf.
Si se trata de una situación de urgencia -es decir, que corre riesgo inminente porque el supuesto agresor es conviviente- el niño deberá permanecer en la escuela a cargo del personal.
Los miembros de los establecimientos educativos y de salud públicos o privados y todo agente o funcionario público que tenga conocimiento de la vulneración de los derechos de las infancias debe comunicarlo (Ley 9944).
Cuando un estudiante manifiesta ser víctima de abuso por parte de un adulto miembro de la institución escolar, el equipo directivo informará al supervisor y ambos comunicarán el hecho a la familia para que realice la denuncia judicial. La escuela está obligada a informar la situación a la Unidad Judicial. Por su parte, el Ministerio de Educación debe iniciar el procedimiento de las acciones disciplinarias que correspondan.
En Argentina
En Argentina alrededor de 60 niños y niñas son abusados sexualmente por adultos cada semana, según el último informe del programa nacional “Las víctimas contra las violencias”, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El número representa a la cantidad de expedientes judiciales abiertos: desde enero hasta octubre de 2022 se registraron 2.242 casos.
