Esta semana, Brasil definió un nuevo marco legal para que a partir de febrero los estudiantes de escuelas primarias y secundarias únicamente utilicen los celulares en casos de emergencia y peligro, con fines educativos o si padecen de alguna discapacidad que requiera su uso.
El proyecto, respaldado por todo el arco político, también recibió el apoyo de padres y estudiantes, quienes valoraron la medida como un paso para mejorar la concentración y el rendimiento académico. La medida va en línea con otras normativas estrictas como existen en Francia, en Alemania, en Noruega, en China y en algunos distritos de Estados Unidos.
Hace más de 15 años, la aparición de los smartphones generó una gran preocupación en el entorno educativo, ya que, si bien facilitaban la comunicación y el acceso a la información, en el aula eran vistos como enemigos del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Tal era la mala imagen que se tenía sobre los dispositivos que incluso algunas jurisdicciones sancionaron resoluciones para prohibir su uso. Con el tiempo, esas disposiciones quedaron en el olvido y el acceso a un teléfono celular inteligente se diseminó en el alumnado.
Con la llegada de la pandemia y el cierre de las escuelas, el celular se convirtió en un aliado imprescindible para la continuidad del dictado de clases y para la interacción social.
Sin embargo, pasado ese período de la historia, salieron a la luz algunas consecuencias negativas del uso del celular entre los estudiantes: baja del rendimiento académico, problemas de salud, acoso cibernético, entre otras.
En 2023, un informe de la Unesco, sobre la base de distintas investigaciones, recomendó la prohibición de los celulares en las aulas para evitar que distrajeran a los alumnos e interrumpieran el aprendizaje.
La Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura afirmó que basta con tener un teléfono cerca cuando llegan las notificaciones para desconcentrar a los estudiantes. Un estudio demostró que pueden tardar hasta 20 minutos en volver a centrarse en el aprendizaje.
Incluso los datos de las pruebas internacionales a gran escala sugieren que existe una relación negativa entre el uso excesivo de la tecnología y el rendimiento de los estudiantes, sostuvo la Unesco.
En Argentina, por cierto, los últimos indicadores demuestran un retroceso importante en el desempeño escolar: sólo el 22% de los chicos de 15 años cursa la escuela en tiempo y forma a nivel nacional.
El debate no es nuevo. Algunas voces a favor del uso del dispositivo en el ámbito escolar se orientan a que cubre en el aula la falta de libros, de apuntes impresos o de otros aparatos tecnológicos.
Para la especialista en gestión educativa y docente de nivel superior y secundario Viviana Postay, “el celular en clase tapa problemas de falta de inversión: para dejarlo de lado, es necesario tener recursos como libros y bibliotecas, computadoras que funcionen, conectividad en el aula”. La especialista señaló que, en algunos casos, el celular puede ser funcional a una “didáctica de la pobreza” cuando hay que sacarlo “por falta de libros o porque no anda el wifi de la escuela”.
En el caso de Córdoba, existe un plan que prevé bibliotecas completas y la distribución de tablets, de computadoras y de kits de robótica, según informaron desde el Ministerio de Educación.
Otros expertos que cuestionan la prohibición de los celulares en la escuela sostienen que estos son un dispositivo central en la construcción del conocimiento actual, y que la medida puede “aislar” más a la escuela de la realidad exterior.
Además le otorgan una potencialidad pedagógica, principalmente en el nivel secundario. La oportunidad de educar en el buen uso y desarrollar competencias de ciudadanía digital es otro de los argumentos.
“Las serias dificultades que enfrenta un estudiante por el uso no controlado del celular superan ampliamente las presuntas bondades del dispositivo”, advirtió Postay. Y enumeró algunas consecuencias que colaboran al consumo problemático en un adolescente: conductas adictivas, ansiedad, depresión y acoso digital.
“Además tenemos papás que les escriben a los alumnos en el horario escolar, lo que genera una enorme disrupción”, dijo.
En nuestro país, la ciudad de Buenos Aires dictó una resolución por la que en las escuelas primarias y en los jardines queda bajo responsabilidad de las familias que sus chicos lleven celulares, pero no podrán usarlos durante las clases y los recreos. Y para los contenidos que incluyan herramientas tecnológicas, se utilizarán los dispositivos de la escuela.
A dos meses de la medida, un informe oficial del Gobierno porteño, sobre la base de una encuesta, determinó que casi el 60% de los estudiantes prestan más atención en clases, pero también se aburren más. La misma percepción tienen los docentes.
Por su parte, San Juan y Mendoza definieron un uso acotado de los teléfonos: se restringió la utilización en el aula, pero se permite en el comedor y en los recreos.
Desde el Ministerio de Educación de Córdoba, definen el uso del celular en las escuelas desde el punto de vista pedagógico. Por lo que los límites surgen a partir de los acuerdos de convivencia.
“La situación nos ocupa y, sin desconocer algunas situaciones que se pueden dar en su carácter dispersor, creemos en la potencialidad del uso responsable del celular”, explicó el secretario de Educación Luis Franchi.
“Cada escuela, según sus acuerdos escolares de convivencia, define en ese marco su uso, tanto de estudiantes como de docentes. El uso de celulares no es libre en el ámbito escolar”, aclararon desde la cartera educativa.
Además, el secretario contó que la Dirección General de Bienestar Educativo valida los acuerdos de cada escuela y confía en la gestión de cada comunidad educativa para cumplir los límites de lo establecido.
“Trabajamos la responsabilidad digital, con el uso de los celulares y de las pantallas, y este año, a partir de la evaluación realizada por las instituciones en diciembre pasado, seguiremos avanzando en nuevas orientaciones a los fines de acompañar los procesos”, concluyó.
