La Justicia federal de Córdoba determinó elevar a juicio la causa denominada “clínica de la marihuana” contra el médico oftalmólogo Carlos Fernando Laje por los delitos de “comercialización de estupefacientes” y “confabulación para cometer delitos previstos en la ley 23.737″, normativa que regula al tenencia y tráfico de drogas.
Con fecha del 28 de julio de 2023, la resolución firmada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes no hizo lugar a la oposición a juicio solicitada por la defensa del imputado y trabó un embargo sobre sus bienes por $ 2.000.000.
La causa se inició en agosto de 2017, cuando la Justicia provincial, a través del Fuero de Narcomenudeo, desarticuló el consultorio de Laje en la ciudad de Córdoba, donde se entregaba aceite de cannabis elaborado para tratar distintas afecciones.
Se sumaron otros allanamientos y, además del oftalmólogo, fueron detenidos Paola Toranzo Gil, Héctor Walter Mariño, Toribio Aragón, Jorge Augusto Asís, Fernando Moroni, Fernanda Daniela Moyano y María Paula Culacciatti. Todos figuraban como integrantes de una presunta organización delictiva.
La mayoría pasó casi ocho meses en el penal de Bouwer, hasta que en abril de 2018, poco después de que la causa judicial pasó del fuero provincial al federal, finalmente recuperaron la libertad bajo fianza.
En 2020, el juez federal Ricardo Bustos Fierro, a cargo de la causa en ese momento, los sobreseyó entendiendo que la causa se había generado en paralelo con la sanción de la ley 27.350, a través de la cual el Congreso Nacional habilitaba la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
El juez interpretó que la actividad de Laje estaba comprendida en una “promoción a la salud” y que no había delito, pero el fiscal Carlos Casas Nóblega apeló esa resolución.
Es así como, en mayo de 2022, la Cámara Federal de Apelaciones revocó el cambio de calificación legal y los sobreseimientos dictados en favor de tres de los procesados: Laje, Mariño y Toranzo Gil.
A diferencia de Bustos Fierro, la cámara, integrada por Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, consideró que habría delito en la comercialización de aceite de cannabis en este caso “dejando firme el encuadramiento legal de la conducta atribuida” a los tres imputados como “presuntos coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes y confabulación para cometer delitos previstos en la ley 23.737″.
A su vez, recomendaron al juez que evaluara si consideraba concluida la actividad investigativa y completara la instrucción para, en su caso, resolver la elevación a juicio.
Ahora, el juez federal Sánchez Freytes quedó a cargo de la causa y resolvió este jueves la elevación a juicio para Laje. No sucedió lo mismo con Toranzo Gil y con Mariño porque sus defensas interpusieron un recurso de queja para anular la sentencia de la cámara, planteo que finalmente quedó firme.
Los fundamentos
A lo largo de la resolución a la que tuvo acceso La Voz, se detallan diferentes pruebas testimoniales y documentales que ayudaron a determinar que Laje era la autoridad máxima de la autodenominada “clínica de la marihuana” y, por ende, no sólo tomaba las decisiones, sino que conocía al detalle su funcionamiento.
La organización funcionaba desde mediados de 2016 a través de 34 institutos distribuidos en el país que, según los dichos de los imputados, proveían de aceite y de demás productos cannábicos a un total de cinco mil personas.
Sánchez Freytes resolvió que la producción de esta mercadería perseguía como “fin primordial el rédito económico” y que este se encontraba fuera del circuito legal debido a la “imposibilidad de registrar ingresos por la actividad irregular llevada a cabo”.
Por otro lado, remarcó que no se cuestionan la eficacia médica del cannabis y sus derivados o la finalidad altruista en la producción del aceite con fines medicinales, pero sí que los imputados no estaban autorizados para realizar tal actividad.
“Conociendo la prohibición hicieron esa producción, la ampliaron hasta tener más de 30 puntos de venta en el país en los cuales fijaban precios no sólo para la consulta, sino también por los productos, trascendiendo el consumo particular o de familiares directos”, establece el documento.
Además, apuntó que, al momento de los hechos, existían permisos excepcionales para importar aceite de cáñamo en frasco para tratar una única enfermedad, que era la epilepsia refractaria en niños y adultos jóvenes.
Se consultaba a diversos organismos estatales, como el Sedronar, el Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y especialistas de la Universidad de Buenos Aires y del hospital Fernández.
Sin embargo, este canal “tampoco fue utilizado por los encartados, claramente con la intención de evitar los controles pertinentes y en función del uso indiscriminado que estos habrían hecho para tratar distintas dolencias”.
En rigor, la resolución hace foco en las circunstancias de la actividad ilícita, en la que “no se reflejan la protección a la salud pública ni el acceso a medios paliativos para personas con problemas de salud”.
Por el contrario, remarca que los imputados tomaban ventaja sobre la situación de sus pacientes y vendían sus productos indiscriminadamente con fines exclusivamente lucrativos y “menospreciando” la salud de las personas que concurrían a su solicitud “conforme los escasos controles y valoraciones de diagnóstico que se hacían”.
