El próximo martes 11 de noviembre se realizará, en la Legislatura de Córdoba, la segunda audiencia del Jury de Enjuiciamiento para tratar el pedido de destitución de tres fiscales de Río Cuarto, formulado por la familia de Nora Dalmasso de Macarrón.
Nora Dalmasso fue asesinada en su casa de la Villa Golf en noviembre del 2006. La causa fue investigada por seis fiscales y llegó a juicio con el viudo Marcelo Macarrón como único acusado y absuelto, en el 2022.
Luego de que Macarrón fuera declarado inocente, un nuevo fiscal, Pablo Jávega, investigó rastros genéticos recolectados en la escena del crimen y determinó nueve coincidencias con el ADN de Roberto Marcos Bárzola, quien trabajaba en los pisos de parquet en la casa. Lo imputtó como sospechoso en diciembre del 2024 y una cámara acaba de sobreseerlo por prescripción.
Los abogados querellantes intentan por estos días casar ese fallo. En tanto, en abril último, pidieron que se abra el jury y que se destituya a los tres fiscales que oportunamente descartaron investigar a esta persona.
Los hijos de Nora Dalmasso consideran que en el ministerio público se “encarnizaron” contra la familia. Reclamaron que los fiscales respondan por qué decidieron no investigar a Bárzola, pese a las contradicciones que tuvo el parquetero desde sus primeras declaraciones y a las recomendaciones expresas hasta de un agente del FBI que entregó en mano un informe al Fiscal General de la Provincia.
En Córdoba, el jurado de enjuiciamiento de magistrados está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia (Aída Tarditti) y cuatro legisladores, dos por la mayoría: Julieta Rinaldi –presidenta- y Facundo Torres Lima y dos por la minoría: Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico).
El jury es el encargado de juzgar la conducta de los magistrados y funcionarios a fin de determinar si han incurrido en mal desempeño de sus funciones o en otras causales que, según la Constitución de Córdoba pueden ameritar su destitución.
El próximo martes los integrantes analizarán si corresponde abrir el juicio político a los fiscales. Si deciden avanzar, será el fiscal general en encargado de presentar la acusación, luego convocarán a testigos y los acusados tendrán oportunidad de defenderse. Todo el proceso puede llevar unos cuatro meses. En caso de que se resuelva la destitución, la decisión es inapelable
