Víctor Saldaño sigue preso en la cárcel de máxima seguridad Allan B. Polunsky, en Livingston, al oeste de Texas, en Estados Unidos. Está encerrado desde hace 24 años en el “corredor de la muerte”, donde los condenados a la pena capital esperan su ejecución.
En noviembre pasado supo que, para la Cancillería argentina, no quedaban opciones judiciales por explorar en su caso.
El rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos de revisar su situación había sido la novedad anterior. Pero su abogado, el también cordobés Juan Carlos Vega, se presentará en julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para exponer una postura que ya había sostenido en 1998 y que mantuvo durante todo el proceso de defensa.
Para el letrado, Saldaño ha sido víctima de racismo judicial. “A diferencia de lo que pasó con George Floyd, con Saldaño se trata del Poder Judicial: son los jueces y las leyes que están impregnados de racismo. Y así lo entendió la Cidh en 2016”, planteó Vega.
El abogado hizo referencia al Informe de Fondo del organismo internacional –equivalente a una sentencia– de diciembre de 2016. Se trata de un documento de 48 hojas donde se sostiene que la nulidad de la pena dictada contra Saldaño procede por estar fundada en racismo.
"Lo explosivo va a ser que voy a citar lo ocurrido con George Floyd. Y voy a señalar que esto es más grave porque es un hecho judicial. Les voy a decir que no es solamente el racismo del estado de Texas, sino del Gobierno central", dijo Vega con convencimiento.
Todo esto ocurrirá en Washington, pero a través de Zoom. La Cidh ha notificado fecha de audiencia para el 8 de julio. La finalidad será analizar de qué modo Estados Unidos ha cumplido con las disposiciones del organismo. “Estados Unidos siempre es muy prolijo con este caso, van tres representantes de primera línea y son muy responsables. Al principio dijeron que la Cidh no alcanzaba a Estados Unidos y después cambiaron su postura”, advirtió Vega.
La comparación con el afroestadounidense de 46 años formará así parte de la estrategia de Vega para señalar ante la Cidh que Saldaño es “técnicamente inocente, porque el Estado no ha logrado probar su culpabilidad”. Vale recordar que Floyd fue ultimado el 25 de mayo por un agente de policía de Minneapolis (se arrodilló sobre su cuello durante el arresto).
“A la Cidh le vamos a pedir que abra lo que se llama una instancia de solución amistosa. Y vamos a esperar que Estados Unidos la acepte para evitar un escándalo internacional. Vamos a solicitar que Saldaño sea trasladado a un psiquiátrico federal americano, o federal argentino, junto con la reparación a las víctimas”, destacó el defensor.
Vega también señaló que “las disposiciones de la Cidh en el caso Saldaño son inéditas: no hay precedentes de nulidades de condenas a muerte por racismo en los Estados Unidos”.
Además se va a solicitar a la Comisión un Informe de Fondo aclaratorio del 76/16, según informó Vega.
En tanto, este medio realizó averiguaciones y pudo saber que las nuevas autoridades de la Cancillería argentina, ante la confirmación de la pena de muerte de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, mantienen la postura contraria a ella.
Reclamo
Ante la Cidh, Juan Carlos Vega va a advertir de que Estados Unidos lleva tres años y cuatro meses sin cumplir la disposición ordenada por la Comisión. En tanto, va a sostener que la conducta de rechazo a un mandato obligatorio de la Cidh es violatoria de la Declaración Americana y de la Convención de Viena. Pero también la va a caracterizar como una actuación que legitimaría el racismo judicial de Texas.
“En el caso aparece el racismo de dos maneras evidentes. El racismo judicial en Texas, probado en el Informe de Fondo de la Comisión, y el racismo jurídico y político de los Estados Unidos, al negarse a cumplir con los mandatos de la Comisión y a avalar y a proteger de ese modo el racismo judicial de Texas”, planteó Vega.
Sobre la Declaración Americana, Vega va a recordar que es un tratado suscripto por Estados Unidos en 1948 y ratificado en 1951, como parte integrante de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por su parte, va a sostener que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue también firmada por ese país el 30 de abril de 1948. También señalará que fue ratificada por su Senado el 15 de mayo de 1951.
“Estados Unidos no puede alegar ninguna razón fundada en su derecho interno, o en el derecho de Texas, para no acatar el mandato obligatorio contenido en el Informe de Fondo 76/16”, expresó Vega.
Sobre la postura de la Cancillería argentina, el abogado reclamó que antes tenía una “política de temor-respeto”. “En reiteradas oportunidades me reuní con Jorge Faurie, pero no logré demasiado. La Cancillería debe instar a Estados Unidos a cumplir con el Derecho Internacional. No van a mandar tropas a Buenos Aires por ello”, analizó el letrado.
