En un juicio con jurados populares realizado en Río Cuarto, fueron absueltos los dos empleados del Ministerio de Salud de Córdoba acusados de impedir el ingreso de Pablo Musse a esta provincia, el 16 de agosto del 2020, en plenas restricciones de circulación por la pandemia de Covid-19.
El hombre, proveniente de Neuquén fue interceptado en un puesto sanitario de Huinca Renancó. Viajaba con su cuñada, Paola Oviedo, una mujer con discapacidad (a su cargo desde los tres años) para reunirse con su hija Solange Musse (35), con internación domiciliaria en Alta Gracia por un cáncer muy avanzado.
Los acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes eran Eduardo Andrada, director del hospital de Huinca Renancó y responsable del COE local, y Analía Morales, trabajadora social, integrante de la Mesa epidemiológica del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto y región. Se presumía que habían incumplido las excepciones por causas de fuerza mayor previstas en los protocolos.
El tribunal declaró inocente a Morales, con el voto unánime de todos los jurados populares y, por mayoría, también absolvió a Andrada.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 3 de octubre.
Musse no cumplía con el requisito de viajar con un examen PCR negativo de 48 horas para ingresar a la provincia de Córdoba. Los dos testeos que le hicieron en el control limítrofe dieron positivo. Pero luego se comprobó que eran falsos positivos, porque días después, en Neuquén, un hisopado demostró que no tenía Covid. Pero entonces, Solange ya había fallecido.
Alegatos en el juicio
La defensa de Andrada argumentó este lunes que el médico “cumplió de buena fe con los protocolos”. Enfatizó que en ese momento “nadie le informó por qué viajaba Musse ni que lo hacia acompañado por una persona con discapacidad y domicilio en Alta Gracia”.
Osvado Narcisi, abogado de Morales, logró demostrar que la trabajadora social sólo colaboraba con el COE de Río Cuarto, nunca fue designada en Huinca Renancó (pese a lo informado por autoridades a la Justicia federal) y carecía de poder de decisión en torno a quién entraba o salía de la provincia.
Al conocer el veredicto, en la familia Musse todo era desazón. “Siento el mismo odio, bronca, el mismo sentimiento del domingo 16 cuando no me dejaron pasar a ver a mi hija. Esto no va a quedar así. No me lo esperaba. Vamos a apelar. No vamos a bajar los brazos. Lamentablemente en la Argentina nunca hay justicia”, dijo Pablo Musse, indignado por el fallo, al salir de los tribunales.
¿Otros responsables?
El fiscal Julio Rivero había pedido un año y medio de prisión de ejecución condicional para ambos imputados.
Sobre la posibilidad de apelar, Rivero dijo: “Los jurados populares son los representantes del pueblo. En el caso de Morales hubo unanimidad, pero en el de Andrada hubo votación dividida; esperaremos los fundamentos para evaluar”.
La familia Musse siempre insistió con responsabilizar a más altas autoridades. En el alegato, el fiscal desestimó la idea. “Ojo con buscar responsabilidades más arriba, porque Andrada tenía poder de decisión, tenía autonomía funcional, quienes estaban a cargo del COE central o del Ministerio de Salud desconocían totalmente las decisiones que tomaba Andrada. Cuando le impide ingresar a Musse, él era la Provincia”, valoró Rivero.
El fiscal también había pedido que se declare a Solange Musse y a su familia “víctimas de violencia institucional”. Los jueces no se hicieron eco de tal solicitud.
El tribunal sí decidió remitir los antecedentes de la causa a la Justicia de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Se presume que es para que se investiguen las condiciones en que fueron escoltados Pablo Musse y Paola Oviedo de regreso a Neuquén.
El padre y la tía de Solange relataron que los obligaron a continuar viaje sin paradas de descanso desde Córdoba hasta Neuquén. No les permitieron comprar comida ni ir al baño. Incluso, Oviedo tuvo que hacer sus necesidades al costado de la ruta y dijo que quedó muy afectada por el trato del personal policial.
La discusión por los protocolos y anexos
El fiscal Rivero consideró que Andrada debería haber aplicado una flexibilización del protocolo provincial 48 y permitir el paso de Musse hasta Río Cuarto, donde podría ser alojado en un hotel o centro de aislamiento hasta tener un resultado de un hisopado por PCR.
El defensor del médico, Miguel Ollo Geuna, recordó a los jurados detalles de lo que se vivía durante la pandemia y enfatizó que el anexo aludido por el fiscal sólo se aplicaba a casos de transportes pesados y trabajadores esenciales.
Geuna citó también que el propio Musse reveló que la Justicia federal rechazó pronunciarse hasta no contar con un PCR negativo (que llegó cuando Solange ya había fallecido y sólo sirvió para que el padre asistiera al funeral).
En su alegato, el defensor sostuvo que cuando Musse se contactó con el COE de Alta Gracia días antes del 15 de agosto y comunicó la situación de su hija y de su cuñada, la sargento del COE Marina Ciseri habló con sus superiores y le adelantó que sin PCR no lo dejarían ingresar a Córdoba.
Mostró un mail que Musse envió al COE Central dando cuenta de su situación y de que no tenía dinero para hacerse el PCR. La respuesta oficial fue que, de no tener recursos, debía recurrir a la provincia de origen.
También exhibió un último mensaje en el que Musse afirmaba que “viajaría igual”. En ese correo, el padre de Solange también detallaba que su hija estaba grave, con cáncer de mama en estadio 4, con metástasis en huesos, hígado, pulmones, con oxígeno e internación domiciliaria. Este último mensaje nunca tuvo respuesta del COE.
