El juez de control Juan Manuel Fernández López confirmó al fiscal de instrucción Raúl Garzón al frente de toda la causa por las muertes de bebés y las responsabilidades funcionales en el Hospital Materno Neonatal.
Lo hizo al ratificar la inadmisión del nombramiento como codefensor del exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, el penalista Justiniano Martínez.
Carvajal está acusado junto al exministro de Salud Diego Cardozo de encubrimiento agravado. Garzón había rechazado el nombramiento de Martínez porque consideraba que era una maniobra para buscar su apartamiento puesto que mantenía una amistad con el abogado.
Garzón lo inadmitió y Carvajal insistió ante el Juzgado de Control. En su resolución, Fernández López dijo que Garzón “esbozó razones atendibles y suficientes y que, por tanto, justifican la actual restricción. La designación del doctor Martínez en el estado actual del proceso (investigación penal preparatoria en vías de su conclusión definitiva) significaría un grave retardo para la tramitación y finalización de la causa, inconveniente que generaría un intolerable perjuicio para quienes aguardan por una pronta solución del proceso”.
Fernández López dice que el perjuicio que ocasionaría en la investigación el apartamiento del fiscal instructor es más importante en esta etapa que garantizar la libre elección del abogado defensor, el otro valor en pugna. “En efecto, la concesión de tal pretensión a estas alturas conllevaría el apartamiento del fiscal de instrucción –conforme él mismo ha sostenido en las decisiones precedentes-, singularidad que no queda librada a la expresión defensiva favorable del oponente acerca de su continuidad, sino que se liga a la posición que asume el mentado funcionario, quien invoca una relación de amistad íntima como condicionante negativo a la intervención defensiva. Entiéndase bien, analizar en concreto la cuestión, esto es, si existe o subsiste a la fecha la mentada relación entre las partes involucradas y, en su caso, si ella reviste el grado de intimidad que justificaría la eventual exclusión del funcionario, resulta superfluo”, fundamenta el juez.
Si la causa es elevada a juicio, allí sí Carvajal podrá insistir con cambiar a su abogado y poner allí a Justiniano Martínez. Así se lo hace saber el juez al exsecretario de Salud provincial. “Para el hipotético caso de concluir la fase en curso en un mérito acusatorio, habiendo el titular de la investigación preliminar agotado su actuación, si la causa llegara a trasponer la presente etapa, podrá el imputado reeditar su propuesta en el curso del plenario, oportunidad procesal en la que la acusación deberá quedar indefectiblemente en manos de un fiscal distinto al actual interviniente, esto es, el fiscal de cámara correspondiente, siendo éste quien se encuentra legalmente investido de la facultad de acusar en juicio, conforme al sistema judicial que nos rige”, sugiere Fernández López.
“Así las cosas, -reitera y enfatiza el juez de control- es evidente que tal separación no resulta procedente en la presente causa ni en el estado actual de la investigación, habida cuenta del nocivo impacto que dicha consecuencia tendría para la satisfacción de los fines que todo proceso penal persigue ordinariamente. El mentado efecto adverso cobra especial virtualidad en la causa de marras dada la evidente complejidad que la caracteriza, connotación que se encuentra estrictamente ligada a la reiteración de los hechos criminales objeto de la pesquisa -los que encuadran en la figura penal más gravosa de las previstas en nuestro catálogo de delitos-, los que han tenido lugar en el seno de una institución de salud pública de reconocido prestigio en la provincia de Córdoba. Adviértase que, de comprobarse las hipótesis delictivas cuya dilucidación actualmente encara el órgano instructor, estaríamos ante un acontecimiento institucional de gravedad inusitada, aspecto por demás atendible para preservar la actuación de aquel estrictamente en el tiempo que resta de la senda preparatoria”.
Al juez de Control le quedará ahora resolver otro recurso: la oposición a la elevación a juicio por los cinco homicidios y los ocho casos descriptos como tentativas de homicidios de recién nacidos en el Neonatal contra la enfermera Brenda Agüero que efectuaron sus abogados defensores Gustavo Nievas y Juan Manuel Rivero.
