La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) de San Francisco advirtió a las clínicas y sanatorios privados de esta ciudad que los denunciará, junto a los médicos, en la AFIP por el cobro de un “bono extraordinario de emergencia y no reintegrable”, de 2500 pesos, a los pacientes que necesiten realizar una consulta médica.
María Paula Cabrera y Claudio Rivolta, quienes están al frente de la central gremial, estuvieron acompañados por otros titulares de gremios y salieron en defensa de las obras sociales, las cuales mantienen actualmente con las prepagas un foco de conflicto con los centros privados de salud.
Sobre el bono, manifestaron que se trata de un cobro “en negro” porque no se entrega ningún comprobante de pago: “No hay facturas por este pago y si esto no se revierte en los próximos días vamos a denunciar al consorcio (compuesto por tres clínicas de San Francisco), los sanatorios y a los profesionales de la salud”.
Cabe recordar que el pasado 14 de septiembre, las clínicas y sanatorios privados de San Francisco acordaron este pago adicional de 2500 pesos, medida que no corre para los afiliados de Apross y Pami.
El presidente de la Federación Médica de Córdoba y vicepresidente de la Confederación Médica Argentina, el sanfrancisqueño Daniel Martelli, justificó esta decisión considerando que los médicos “están absolutamente insatisfechos” ya que cobran bajos aranceles y en un lapso de “90 o 120 días después de haber brindado la atención, sin ningún tipo de actualización en plena inflación”.
También consideró que el costo de los insumos se triplicó de un mes a otro luego de la última devaluación pos Paso, lo que les genera un gasto grande a las entidades de salud.
Esta situación no es propia de San Francisco. Justamente el último jueves, en el marco del Día de la Sanidad, un grupo de 30 asociaciones de médicos emitieron un duro comunicado ante este escenario: “este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad, una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”.
Cuestión de tiempos
La CGT cuestionó la versión de que exista una demora de entre 60 y 120 días para abonar los aranceles médicos. “Negamos enfáticamente esos tiempos. Los pagos se realizan entre 30 y 45 días, no sabemos después que pagamos qué ocurre con esa plata”, dijo Cabrera.
Asimismo, se diferenciaron de las prepagas al considerar que tienen fines de lucro y que las obras sociales “son solidarias”.
“La realidad que nadie puede negar es que cobran 2500 pesos, no respetando los convenios que cada obra social tiene para el pago de aranceles. Por eso este bono es arbitrario”, aseguró Cabrera, aclarando luego: “los médicos también son trabajadores y tienen derecho a un arancel digno, pero no de esta manera intempestiva, extorsiva y deshonesta”.
