El escándalo de la exposición de datos personales de Movypark, la vulneración de la aplicación Mi Argentina y del DNI Digital, y la filtración de información sensible por parte de usuarios del sistema de pago remoto de Caminos de las Sierras son algunos de los más recientes ejemplos de los problemas en seguridad informática detectados en Córdoba.
En todos los casos, quienes tenían el control del software negaron ese tipo de problemas –a la postre reconocidos–, y en algunos apuntaron contra quienes encontraron esos problemas como posibles autores de un ataque.
La legislación argentina no contempla este tipo de avisos por parte de usuarios y considera, en la mayoría de los casos, que hubo una intervención indebida en los sistemas por parte de quien advierte un error.
Seguridad informática en Córdoba
La creación del Centro de Respuesta y Alerta Temprana de Seguridad Informática (Csirt, según su sigla en inglés) de Córdoba viene precisamente a suplir una carencia; esto es, que quien descubre un problema informático no se anime a reportarlo, por temor a sufrir represalias judiciales.
Vale por caso recordar que la Justicia de Córdoba allanó al informático que detectó el error en la base de datos con 54 mil usuarios de Caminos de las Sierras e informó a las autoridades.
No hubo una acción similar para con la empresa, que en principio expuso ese registro que incluía nombres de los usuarios, los vehículos y los horarios de paso por los peajes, entre otros datos.
A partir de agosto, Córdoba tendrá su primer organismo de ciberseguridad dedicado exclusivamente a recibir este tipo de problemas.
Receptará reportes de incidentes informáticos, filtraciones y ataques, buscará llevar una respuesta, y asesorará al sector público y privado sobre las buenas prácticas en esta materia.
Para las empresas y startups TICs que surgen y se radican en Córdoba, es un dato alentador.
“La creación de un centro de este tipo permite reportar incidentes y brindar herramientas de diagnóstico y de apoyo frente a estos inconvenientes. Es un mecanismo de múltiples actores, en el que participan el Gobierno, la academia, los sectores económicos y actores de la sociedad civil”, apunta Miguel Montes, prosecretario de Informática de la UNC y responsable técnico del proyecto.
Este organismo está integrado por diferentes actores estatales, privados, y de la sociedad civil, lo que le da una característica diferente al de sus pares nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El primero lo componen las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval), y depende del Ministerio de Defensa; y el segundo está bajo la órbita de la Jefatura de Gobierno porteño.
En el Csirt cordobés participan el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); el Clúster Tecnológico Córdoba, y el Instituto para Desarrollo Digital para América Latina y el Caribe (IDD-LAC), entre otros actores.
En el lanzamiento estuvieron presentes el rector de la UNC, Hugo Juri; la ministra de Coordinación de la Provincia, Silvina Rivero; el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara, y el titular de la Agencia Conectividad Córdoba, Juan Ferreiro, entre otros.
Desaliento a las denuncias
Consultado sobre el desaliento que provoca la actual legislación para denunciar problemas informáticos, Montes señaló que la idea es poder generar un espacio de cooperación.
En Argentina, el caso testigo es el de Joaquín Sorianello, quien denunció problemas en el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires en 2015, y luego fue allanado y procesado por la Justicia. Finalmente, dos años después, fue sobreseído.
“El objetivo no es punitivo, sino que busca ayudar a las empresas y a las organizaciones que son víctimas de estos problemas para resolverlos. Es un buen mecanismo para poder plantear incidentes, intervenir y tratar de resolverlos”, apuntó Montes, quien dijo que no es la intención involucrarse en el aspecto judicial o legal del asunto.
Tomando esto, describió que “no se concibe una organización que no esté altamente digitalizada y en ese contexto se les va a ayudar a tener la infraestructura de seguridad adecuada, que en muchos casos no saben qué se debe hacer en esta materia. Notificarlas de las vulnerabilidades que pueden tener y los recursos que necesitan, todo en un marco cooperativo para la organización que quiera participar”.
Montes apuntó que será una herramienta para los gobiernos y el sector privado.
“También hay funciones que tienen que ver con difundir entre los miembros buenas prácticas en seguridad informática. Ayudar a los miembros en la respuesta al incidente”, agregó.
La parte formativa es también un aspecto que buscarán desarrollar a futuro para generar la conciencia sobre la importancia de la seguridad informática y la protección de los datos personales.
También, una posibilidad es que pasen de ayudar a las personas jurídicas a las personas que sufren fraudes o estafas digitales, que se han disparado en los últimos tiempos.
