La organización de distintos barrios de la localidad de Villa Allende ante la posibilidad de que se implemente un plan de seguridad que prevé el cierre y control de algunos accesos no tiene antecedentes en Córdoba.
El viernes pasado, nuevamente se convocaron vecinos y vecinas para manifestarse en contra del proyecto. En esta oportunidad, se sumaron comerciantes, taxistas, remiseros y otras organizaciones.
¿Hay algún antecedente en Argentina de que alguna ciudad haya tomado una decisión similar? En la búsqueda de ejemplos, surge lo sucedido en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, a principios de la década pasada.
Antecedente en Guaymallén, Mendoza
En 2010, durante la gestión municipal de Alejandro Abraham en Guaymallén, Mendoza, un grupo de vecinos propuso instalar garitas, barreras y portones en algunas calles públicas para restringir la circulación y, en consecuencia, controlar el delito. La Municipalidad otorgó autorizaciones mediante permisos precarios que avalaron la colocación de estas estructuras. En las calles donde se instalaron, había un guardia que registraba a quienes deseaban ingresar a la zona, solicitándoles datos personales. Los vecinos financiaron tanto la implementación del sistema como el sueldo del personal de control.
El acuerdo con la Municipalidad establecía el libre acceso para recolectores de residuos, ambulancias y personal de emergencia estatal.
“En ese momento, había calles que no tenían conexión urbana. En esos casos, donde no se afectaba la actividad vial, otorgamos un permiso precario para que colocaran sistemas de seguridad. Se exigía la constancia de denuncias y antecedentes que demostraran una alta tasa de delitos en la zona”, explicó Abraham a La Voz. El objetivo era disminuir, principalmente, los arrebatos en la vía pública. Según el entonces intendente, la medida logró reducir este tipo de delitos.
La disposición se mantuvo hasta 2015, cuando Marcelino Iglesias asumió como intendente y decidió desmantelarla. “Con autorizaciones precarias del municipio habían cerrado calles públicas, y yo comencé a abrirlas. Tuve conflictos con todos los vecinos, porque hay una creencia equivocada de que poner vallas mejora la seguridad. Las calles son públicas y deben estar abiertas”, argumentó Iglesias, quien además sostuvo que la tasa de delitos no se redujo con la medida, sino que se mantuvo.
El proceso de reapertura derivó en conflictos judiciales. En 2020, la pandemia interrumpió ese proceso y algunas barreras continuaron operativas. Actualmente, en Guaymallén hay unos 500 barrios, de los cuales 90 son privados y 40 implementaron mecanismos de control de accesos en 2010. Algunas localidades aún mantienen este sistema.
“Segregar profundiza las dinámicas delictivas”
Valeria Plaza, abogada y doctora en Ciencias Sociales, especialista en seguridad, consideró que restringir la circulación no reduce la delincuencia, sino que es un “error simplista”.
“Sería, en mi opinión, la última medida por tomar. No estamos hablando de barrios controlados por el narcotráfico. Si sólo se busca reducir la criminalidad callejera, es una mala estrategia”, sostuvo.
Plaza enfatizó la necesidad de definir qué modalidad delictiva se pretende reducir y articular acciones con los vecinos. “Si el problema son los arrebatos en la vía pública, por ejemplo, es clave determinar en qué zonas ocurren y cómo influye la falta de iluminación”, explicó.
Algunas localidades vecinas a Villa Allende manifestaron su desacuerdo con la medida y descartaron replicarla en sus jurisdicciones. La especialista advirtió que Villa Allende no es un área aislada y que sus decisiones impactan en las ciudades colindantes.
Plaza citó el caso de Medellín, donde los índices delictivos están ligados al narcotráfico y en ciertos sectores se restringió la circulación de manera preventiva. “Lo hicieron porque la organización criminal trasciende fronteras, y en esos casos es necesario cerrar algunas zonas para resguardar otras”, explicó.
Disputas barriales en Villa Allende
“El debate está polarizado”, expresaron vecinas y vecinos sobre las posturas a favor y en contra de la iniciativa. Un residente que prefirió mantener su identidad en reserva manifestó su apoyo al proyecto. “He sido víctima de seis robos en tres años, al igual que mi familia. No tengo certeza de que esta medida sea efectiva, pero al menos la Municipalidad está abordando el tema. Cuando sos víctima de un delito, lo ves diferente”, comentó.
Javier Saad, vecino de San Alfonso, se opone a la propuesta. “Nos va a complicar la vida y no solucionará el problema. Poner un portón no reducirá la delincuencia. Si pagamos impuestos, deben garantizarnos seguridad”, afirmó. El grupo de vecinos que rechaza el cierre de accesos busca reunirse con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Es la primera vez que la organización vecinal de Villa Allende logra instalar el tema en la agenda pública. Se convocan reuniones y movilizaciones cada semana, en la antesala del tratamiento legislativo del plan de seguridad.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal se trataría en marzo en el Concejo Deliberante. Para avanzar, necesita contar con la aprobación de al menos el 40 % de los vecinos. Por ello, el oficialismo recorre distintos barrios para informar sobre el proyecto, sus objetivos, costos y estrategias.
En términos generales, la propuesta plantea restringir algunos accesos secundarios en determinados barrios durante la madrugada, con el argumento de que en ese horario ocurren la mayoría de los delitos.
El plan cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien expresó su acuerdo con la iniciativa y propuso modificaciones. En Córdoba no hay antecedentes de un esquema similar, aunque el caso de Mendoza puede servir como referencia para analizar ventajas y desventajas de una medida de esta magnitud.
