Cuando en marzo de 2022 Roberto Clavero fue detenido, muchos en Villa Dolores no lo podían creer. El dirigente de amplio y marcado poder político e institucional caía en prisión por la denuncia de un delito de instancia privada. En realidad, esa acusación, que habitaba en los tribunales desde 2005, era conocida por la comunidad, pero se recordaba siempre en voz muy baja.
La incredulidad no tenía que ver con la presunción o no de inocencia, sino con la supuesta eterna impunidad que se atribuye, en general y en todo lugar, a los círculos del poder, y que en particular se adjudicaba en Traslasierra a este dirigente. Ese factor suele hacer que se naturalicen anomalías en la percepción del ciudadano medio.
El viernes pasado, Clavero fue condenado a 28 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente durante años de una hijastra.
El juicio ha representado en el Valle de Traslasierra un hito en el desarrollo de una sociedad habituada a los líderes de perfil caudillista y a la naturalización de la idea de impunidad para el ejercicio del poder.
La pertenencia de Clavero al círculo inmediato de Oscar González –exlegislador, funcionario nacional y provincial durante más de 30 años, y jefe político territorial del PJ de Traslasierra– lo llevó a espacios de poder en los organigramas formales y en los no formales de la región y de la Provincia.
Al ser detenido, Clavero sonaba entre los precandidatos a la intendencia de Villa Dolores para 2023. Presidía, desde 2016, la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo, la empresa de mayor facturación de la región). Desde hacía décadas, era titular del gremio de Comercio. Era el presidente del PJ del Departamento San Javier y había ocupado diversos cargos para los gobiernos provinciales.
El “aparato”
Durante años, y en silencio, el dirigente construyó una estructura de voluntades a su favor con pocos límites en la zona. Familiares y amigos de Clavero fueron empleados en organismos, públicos o no, de buena parte de la ciudad y la zona.
“Para mucha gente, Roberto era un ídolo; casi todos los días llegaban regalos a casa, de gente que le agradecía por algún trabajo que le habían dado: lechones, tortas, ropa; era algo común”, contó Antonella, la víctima y denunciante de los abusos.
En 2022, Antonella (33) renovó una denuncia que hacía 17 años estaba “perdida” en la Justicia. Dijo que, desde los 3 hasta sus 19 años, Clavero la había abusado cotidianamente, y que su madre había encubierto los hechos.
La psiquiatra Ingrid Angela, que apoyó a la chica, afirmó que sufrió acosos e intimidaciones por parte de un poder difuso pero transversal que ella atribuía a Clavero y a su núcleo de poder. La médica calificó como un marcado “abuso institucional” ese proceso.
La historia de esa causa judicial sirve para graficar el modelo caudillista: un personalismo autoritario, no exento de carisma a veces, que supera a las instituciones, y que desde 1983 supo acomodarse a partidos, a instituciones y a estamentos políticos en mayor o menor grado.
No es cuestión de esta región: se reprodujo en muchas partes del Córdoba y del país.
El choque que cambió todo
El trayecto de Oscar Félix González es más conocido. Nadie duda de que por décadas fue el jefe político de Traslasierra.
El veterano dirigente, en octubre de 2022, encontró una pausa inesperada en su carrera, que empezó después de la última dictadura. Cerca de Mina Clavero protagonizó un siniestro vial donde una mujer murió y dos adolescentes quedaron heridas con graves secuelas.
El hecho reveló los privilegios del entonces legislador, quizá comunes a otros funcionarios del alto poder, con anomalías en la identidad del vehículo, en la licencia de conducir y hasta en el control policial posterior al siniestro. Sólo tras la tragedia “saltaron” esas irregularidades.
Ante la controversia que ganaba espacios, González fue suspendido en su cargo y hoy está imputado por homicidio culposo agravado, en una causa recientemente elevada a juicio.
Paradojas
Es paradójico: la caída del poder compartido de González y de Clavero no se dio por oposiciones políticas ni por respuestas electorales desde las urnas. En ambos casos, surgió por causas judiciales de hechos alejados del ejercicio funcional del poder que ejercían.
Las inéditas manifestaciones populares en Villa Dolores tanto para pedir justicia por Antonella como por las víctimas del choque de González supieron decirle a la Justicia –de quien siempre suele desconfiarse– que había ya una sociedad más atenta a sus decisiones.
No fue el voto del vecino, sino el hastío generado por la presunción de impunidad lo que parece haber empezado a cambiar algunas cosas.
Es un interrogante abierto si estos sucesos y procesos transerranos –dolorosos y movilizadores– pueden ser el comienzo de una época nueva, en busca de otro tipo de liderazgos. En esta región como en tantas otras.
