Este viernes se cumplen dos semanas desde que un grupo de clínicas anunciara que comenzaría a cobrar coseguros. En 15 días, el conflicto fue escalando hasta abarcar otras instituciones y profesionales que solicitan un monto adicional para atender a los afiliados.
El conflicto también está presente en otras provincias, como Mendoza.
En Córdoba, el nivel de acatamiento de la medida es heterogéneo. Hay instituciones que están cobrando, otras que no. Las que lo hacen, piden montos diversos. Algunas sólo solicitan adicionales en consultas y otras ya comenzaron a pedir copagos también para intervenciones, como cirugías.
La protesta, que afectó inicialmente a afiliados de un pequeño grupo de obras sociales, ahora también alcanza a personas que cuentan con prepagas.
Reunión en Río Cuarto
La relación de los profesionales con las financiadoras será abordada por los 14 colegios y círculos que conforman la Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba. Su titular, Daniel Martelli, indicó que es alto el acatamiento a la medida, en el interior provincial.
“La situación es crítica. En el interior, la mayoría de los profesionales facturan a través de los colegios. Todo lo que cobran de adicionales va para el agente de salud. En Córdoba capital y otras grandes ciudades, los convenios se hacen a través de instituciones o de clínicas y ahí el reparto es diferente”, explicó.
Martelli agregó que en el interior los bioquímicos y odontólogos nucleados en los colegios también están fijando sus propias reglas de juego y sus aranceles.
“Los montos son más o menos parecidos. En general se cobra por consultas o prácticas ambulatorias. Hemos cursado nota a todos los financiadores pidiendo que se acorten los plazos pero no tuvimos respuesta”, agregó.
El presidente de la Federación reconoció que la situación es compleja y bastante anárquica. Agregó que la actividad está sujeta a precios que varían continuamente, pero en algunos rubros los aumentos están congelados.
“Esto responde al desastre en el que estamos inmersos, es casi sálvese quien pueda. Entonces surgen estas acciones desesperadas para tratar de salvaguardar el honorario médico y los aranceles institucionales”, dijo a La Voz.
La Federación está conformada por 14 colegios del sudeste de la provincia. También de Punilla y Jesús María. La reunión comenzará a las 10 y será en Río Cuarto.
“Las políticas para congelar los precios no hacen más que echar nafta al fuego. Si los financiadores no pueden aplicar aumentos, nuestra actividad se complica. Es difícil manejar la logística cuando los costos se han triplicado en un mes”, finalizó.
Como se recordará, las clínicas patearon el tablero hace dos semanas. Piden a los financiadores (obras sociales y prepagas) la actualización de los aranceles y que se acorten los plazos de pago. Aseguran que hoy cobran en promedio tres meses después de efectuada la prestación.
Quién controla
A nivel nacional existe una institución encargada de controlar a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga. Se trata de la Superintendencia de Servicios de Salud, presente con delegaciones en todas las provincias, que en su página web indica que “garantiza los derechos de los usuarios a las prestaciones de salud”.
Fuentes de la Superintendencia explicaron a La Voz que la entidad no interviene en el conflicto que mantienen clínicas y obras sociales, por tratarse de “un problema entre privados”. Sí aclararon que cualquier afiliado puede dirigirse a la delegación para hacer su respectivo reclamo, presentando la factura o recibo del copago realizado.
“La Superintendencia no interviene en acuerdos entre privados. Estos son contratos que empresas mantienen con otras empresas. Son relaciones comerciales para prestar un servicio”, informaron.
Desde la entidad estatal aseguraron que las obras sociales están obligadas a brindar el servicio. Si se interrumpe el contrato con algún prestador, tienen que buscar alguna alternativa. Si se presenta alguna situación puntual, como una dificultad para encontrar una cama en un internado, ahí sí interviene la Superintendencia.
“Los beneficiarios pueden reclamar presentando un comprobante en la delegación más cercana (Deán Funes 769, en Córdoba capital). Todos los copagos que excedan a los que ya están autorizados, se pueden reclamar”, agregaron.
Por su parte, algunas prepagas comenzaron a comunicarse mediante mails. Una de ellas es Sancor Salud que sugiere a sus afiliados pedir un comprobante oficial (como recibos, facturas o tickets). Recomienda a las personas enviar esos documentos, junto con los pedidos médicos (en caso de prácticas), “para el análisis y la consideración del reintegro a valores vigentes y de acuerdo al plan de cobertura”.
