La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba abrió la discusión sobre los proyectos que buscan legalizar las plataformas de transporte en la ciudad. Distintas posturas marcaron la primera reunión, donde se discutieron licencias, tarifas y el rol del Estado.
La comisión inició el análisis de varias propuestas legislativas para establecer un marco normativo que regule el funcionamiento de aplicaciones como Uber, Cabify y Didi. La reunión contó con la participación de concejales de todos los bloques.
La discusión se produce tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilitó provisoriamente a Uber, con base en una analogía con la ordenanza 12.859, que regula taxis y remises.
Marcos Vázquez, concejal de Hacemos Unidos por Córdoba y autor del proyecto oficialista, explicó que el debate se centró inicialmente en determinar la naturaleza jurídica de estas plataformas.
Sostuvo que el fallo judicial las considera un servicio privado de interés público, lo cual abre la puerta a exigirles requisitos similares a los del sistema tradicional. Además, adelantó que en las próximas semanas serán convocados funcionarios del Ejecutivo y representantes de taxis y remises.
Vázquez indicó que ya se detectaron coincidencias con la oposición en temas como la antigüedad máxima de los vehículos, la necesidad de presentar certificados de antecedentes penales y la inscripción en registros tributarios.
Sin embargo, aclaró que otros puntos seguirán en discusión, como el requerimiento del certificado de libre deuda alimentaria y el régimen tarifario, que calificó como uno de los ejes más complejos del proyecto.
Desde la oposición, el radical Javier Fabre coincidió en que la definición jurídica de la actividad impactará en aspectos clave como tarifas y número de licencias.
Planteó que una de las discusiones centrales será si las plataformas deben regirse dentro de la ordenanza de servicio público o contar con una normativa autónoma.
Advirtió que limitar el número de licencias podría desvirtuar el modelo de Uber y sostuvo que los conductores deben ser vistos como usuarios de una plataforma, no como empleados del servicio.
Fabre también defendió la inclusión de un límite de antigüedad de diez años para los vehículos, con una excepción de hasta quince años para unidades eléctricas.
A su vez, cuestionó el riesgo de regular las plataformas sin comprender su lógica de funcionamiento, y graficó que podría terminarse aprobando una “remisería con wifi” si no se atiende a las particularidades de la economía colaborativa.
Desde Córdoba en Libertad, la concejala Jessica Rovetto Yapur valoró el clima de apertura del debate y consideró que existe margen para alcanzar consensos.
No obstante, alertó sobre tres puntos críticos: el ploteo obligatorio de los vehículos, el régimen de licencias y la fijación de tarifas. Sobre las licencias, expresó su rechazo a establecer un cupo, ya que –según dijo– eso iría contra la flexibilidad que define a Uber.
Rovetto Yapur se mostró a favor de exigir licencia profesional a los conductores, pero pidió que el municipio facilite su obtención en un solo día.
En relación con el ploteo, advirtió que podría generar confusión en los usuarios y traer consecuencias negativas también para taxis y remises.
Finalmente, defendió un esquema tarifario liberalizado, en el que los precios se regulen por oferta y demanda, incluyendo a los servicios tradicionales.
Repercusiones entre los taxistas
Claudio López, del Sindicato de Conductores de Taxis, recordó que esa organización reclama desde hace años que se legalice el funcionamiento de Uber, siempre que eso implique igualdad de condiciones.
López afirmó que es necesario quitar la intervención estatal que afecta al sistema y llamó a abrir los cupos para nuevas licencias de taxi como contrapartida a la incorporación de autos particulares.
El dirigente gremial también pidió evitar el ploteo de los vehículos de Uber y propuso implementar dos tarifas distintas para los taxis: una fija para viajes tomados en la vía pública y otra dinámica, sujeta a demanda, para viajes solicitados por app.
A su vez, reclamó exenciones fiscales para los taxistas, dado que Uber empezará a tributar ingresos brutos sin brindar una contraprestación local.
López explicó que muchos de los costos que enfrentan los taxis, como la habilitación del automotor o la patente municipal, superan los 150 mil pesos. En su visión, si se igualan las condiciones, algunos choferes de plataformas podrían optar por ingresar al sistema formal, adquiriendo una licencia de taxi que les permita levantar pasajeros en la calle y trabajar mediante aplicación.
El sindicalista también expresó que la cantidad de licencias debe ser regulada por el mercado y no por el Estado, tomando como ejemplo el colapso del sistema de remises.
Hay que recordar que las posturas están divididas entre los taxistas. Desde el Sindicato de Peones de Taxis plantean el rechazo total a la regulación de las aplicaciones.
Qué dice el proyecto oficialista
El proyecto oficialista propone incorporar las plataformas digitales al régimen de taxis y remises ya vigente en Córdoba.
Se exigirán licencias habilitantes, requisitos de seguridad para los vehículos, inscripción tributaria en Córdoba y la entrega de información de los algoritmos que utilizan las aplicaciones para definir tarifas. Además, se prevé un régimen mixto con tarifa base y ajustes dinámicos, con posibilidad de intervención municipal.
Desde el oficialismo se insiste en que el objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad y equidad, y dar respuesta a un fenómeno que ya funciona en la ciudad sin control.
La discusión legislativa continuará durante las próximas semanas y se espera que el proyecto pueda ser aprobado durante junio.
