Este martes comenzará la etapa de alegatos en el megajuicio por las muertes y descompensaciones de 13 bebés ocurridas entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. Tras 41 audiencias, la fiscalía y las querellas sostendrán la acusación contra la enfermera Brenda Agüero, imputada por múltiples homicidios, y contra 10 funcionarios públicos por omisión de deberes, encubrimiento y falsedad ideológica.
A lo largo de tres jornadas, el tribunal de la Cámara Séptima del Crimen y los jurados populares escucharán las exposiciones finales de los acusadores.
Este martes y miércoles será el turno de la fiscalía. Si queda tiempo, seguirán las querellas. Si consumen las dos jornadas los representantes del MPF, se pasará al lunes próximo, en el que tomarán la palabra Daniela Morales Leanza y Nicolás Ruades, representantes de seis mamás; el abogado Carlos Nayi, por otras tres mamás, y ese mismo día también lo hará la representante complementaria de los ocho bebés sobrevivientes y querellante por tres mamás, Ana Pagliano.
Durante los alegatos, las partes deberán explicar el análisis contextual e individual de las pruebas que, según sostienen, dan sustento a la acusación original del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción.
Entre las pruebas, se encuentran la pericia multidisciplinaria (médica, química y toxicológica), el informe el análisis del comportamiento criminal, los testimonios de las madres y el personal de salud que estuvo presente los días en los que ocurrieron los hechos, las pericias técnicas de los celulares, el informe de los policías comisionados que unen todos los relatos, entre otras.
El eje vertebral de la unión de los 13 casos será el análisis de los cuadros similares entre los bebés: bradicardias, descompensaciones abruptas, en algunos casos pinchazos, en otros casos hiperpotasemias o hiperinsulinemias con valores no compatibles con la vida y de origen que no se puede explicar en forma natural.
También presentarán las pruebas que involucran en el lugar a la entonces enfermera Brenda, quien está acusada de homicidio, y luego la participación de los 10 funcionarios acusados por omisión de deberes de funcionario públicos y en algunos casos también de encubrimiento y falsedad ideológica.
Por su parte, en la apertura de los alegatos se va a sostener la demanda civil (contra el Gobierno y los imputados) y se presentarán las pruebas contra esa demanda civil. En el juicio, las partes acordaron realizar un memorial escrito y se va a oralizar brevemente.
El jurado técnico de la Cámara Séptima será el que se deberá expedir sobre la demanda civil.
Dentro de la demanda civil, hay distintos rubros. La fiscalía y querellas podrán pedir por distintos tipos de daños: moral, patrimonial, psicológico, entre otros.
La palabra de la fiscalía
El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, subrayó que hubo tiempo para preparar los alegatos, por la magnitud de la causa (una semana), pero que esta decisión obedece a una situación lógica planteada por la Cámara, que tiene que ver con el cansancio de los jurados populares.
Ruiz Moreno destacó que algunas declaraciones claves cambiaron respecto de lo dicho en la instrucción, como la de la exdirectora del hospital Liliana Asís, quien en su indagatoria previa había reconocido que el 7 de junio se había hablado de una “mano negra”, en referencia a todos los casos, pero ahora aseguró que se trató sólo de los cuatro del 6 de junio. “Carvajal también cambió su versión. Intentan plantear un nuevo escenario, lo que me lleva a la reflexión”, dijo el fiscal.
Sobre Brenda Agüero, aseguró que tanto él como la fiscal Mercedes Ballestrini tienen “certeza absoluta” de que fue la autora material de los hechos. Ballestrini se encargará de explicar los 13 hechos y su conexión, mientras que Ruiz Moreno centrará su exposición en la autoría y el perfil serial de la acusada.
También aseguró que la acusación contra los funcionarios se mantiene firme en lo estructural y que sólo se evalúan modificaciones menores que “no afectan el reproche general”.
Querella: “Certeza absoluta”
Daniela Morales Leanza, querellante junto a Nicolás Ruades por seis mamás: Justine Bustamante, mamá de F.A que nació el 24 de abril; Gabriela González, mamá de I.V.F, nacida el 26 de abril; Yazmín Barrionuevo, mamá de G.H., nacido el 1 de mayo; Ludmila Torres, mamá de M.E.T, nacida el 6 de junio; Brisa Molina, mamá de Melody Luz Molina (que nació el 6 de junio) y María Fernanda Martín, mamá de D.P.M., que también nació el 6 de junio.
En días previos a los alegatos, fue enfática: “Ya no hablamos ni de probabilidad ni de indicios. Hablamos de certeza absoluta”. En su alegato, hará hincapié en que quedó demostrado que las muertes y descompensaciones no se explican por causas médicas, ni prácticas hospitalarias, ni patologías previas. “Quedó sumamente acreditado que hubo suministro de sustancias: potasio, en la mayoría de los casos, e insulina, en dos”.
Morales Leanza remarcó la centralidad de Brenda Agüero en los hechos: “Era la única persona que estaba allí. Las madres, el personal médico, los testimonios fueron contundentes sobre su presencia y comportamiento sospechoso”. También mencionó la prueba informática: “Los chats y seguimientos que hacía sobre los bebés muestran su conocimiento, su habilidad y que esto no fue un error ni mala praxis”.
La abogada también apuntó contra los funcionarios: “Está probada no sólo la omisión por parte de quienes tenían el deber de actuar, sino también el encubrimiento. Tenían conocimiento de lo que estaba pasando y quién podía estar detrás. Tomaron medidas internas en el hospital sin hacer la denuncia”.
Además, anticipó que solicitarán que al menos tres personas más sean investigadas por su presunta responsabilidad.
Carlos Nayi: “Todos deberán responder”
El abogado Carlos Nayi representa a tres madres: Vanesa Cáceres, mamá de Francisco Calderón, nacido el 18 de marzo; Damaris Bustamante, mamá de Benjamín Leonel Luna, y Yoselin Rojas, mamá de Angeline Cornelio Rojas, nacida el 6 de junio.
Sostuvo que “la lógica de la prueba inspirará cada pasaje” de su intervención. “Todos deberán responder por haber invadido el terreno de la ilegalidad en un mismo contexto delictivo”, aseguró a La Voz.
Para Nayi, mientras la acusada principal “tomaba por asalto el Neonatal”, los funcionarios realizaron “distintas acciones para distraer la investigación: alteraron registros, autorizaron cambios de medicación, desalentaron autopsias y no dieron intervención a la Justicia ante muertes que no se correspondían con causas médicas”.
También denunció que se camufló la salida de Agüero del hospital con una licencia y que eso, sumado a otras irregularidades, “cinceló el camino de otras muertes y descompensaciones que podrían haberse evitado”. “Llegó la hora de la Justicia”, concluyó.
Ana Pagliano: “omisión y encubrimiento”
Ana Pagliano representa a tres madres y a los ocho bebés que sobrevivieron. En su exposición, sostuvo: “Hay elementos suficientes para sostener que Brenda Agüero fue la autora de los hechos y que todos los funcionarios públicos incurrieron en una omisión de deberes y encubrimiento”.
Pagliano insistió en que no se trató de una falla del sistema, sino de responsabilidades concretas, tanto por acción como por omisión. Aseguró que la gravedad del caso amerita que todos los imputados enfrenten la sanción correspondiente.
Demanda civil
Además de las acusaciones penales, el juicio contempla una demanda civil contra el Estado y los imputados. Las partes acordaron un memorial escrito y realizarán una breve presentación oral. Entre los daños reclamados, están el moral, patrimonial, psicológico y otros perjuicios.
En manos de la Cámara Séptima del Crimen y de los jurados populares queda ahora la responsabilidad de dictar un fallo en una causa que, como advirtieron los querellantes, “no puede quedar sin justicia bajo ningún punto de vista”.
