El histórico juicio que investiga la causa de cinco muertes y ocho lesiones en recién nacidos en el hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba comenzó a poner la lupa, durante la semana que pasó, en las responsabilidades institucionales de 10 exfuncionarios y profesionales que ocuparon distintos cargos al momento de los hechos, en 2022.
Las figuras penales van desde delitos excarcelables (como la omisión de deberes de funcionario público) hasta encubrimiento agravado y falsedad ideológica, que contemplan penas de prisión efectiva.
Visiones contrapuestas
Hasta ahora, las estrategias defensivas van variando según el rol que cada uno desempeñó y sus presuntas participaciones en la historia de tiempo trazada por la investigación fiscal preparatoria.
En general, la estrategia de los exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial se orienta a comprobar que se enteraron de los hechos después de la guardia del 6 y 7 de junio, cuando ya existía una investigación judicial en marcha. Así lo explicó Justiniano Martínez, abogado defensor del exsecretario de Salud Pablo Carvajal.
A su vez, los defensores del exministro Diego Cardozo sostienen que era a Carvajal (y no a él) a quienes reportaban los directivos del hospital y funcionarios del Ministerio que realizaron una investigación administrativa en el Neonatal después de esa guardia.
En tanto, puertas adentro del hospital la mayoría de los testigos contó que ya se venía sospechando de muertes de etiología dudosa y que pedían a las autoridades del hospital que denunciaran.
Entre los exdirectivos del hospital, no existe hasta el momento una estrategia unificada.
Claudio Orosz, abogado de Alejandro Escudero Salama, exdirector administrativo del hospital, insiste en que fue este quien impulsó las denuncias judiciales cuando comenzaron las primeras sospechas de muertes dudosas y explicó el paso a paso de cómo realizar el procedimiento.
El 11 de marzo está previsto que se presenten como testigos el fiscal Guillermo González y el médico forense Moisés David Dib, para explicar qué sucedió en la reunión que habrían tenido con Escudero Salama en mayo de 2022.
Por su parte, la exdirectora Liliana Asis habló el 7 de enero. Dijo que nunca imaginó terminar presa después de haberle dedicado la vida a su carrera profesional como médica. Fue detenida y trasladada a Bouwer por orden del fiscal Raúl Garzón, y luego llevada a prisión domiciliaria.
También habló ese día la pediatra y neonatóloga María Alejandra Luján, quien cumplía la función de jefa de guardia. Está imputada por omisión y falsedad ideológica por los hechos del 18 de marzo. “Ese día no estuve presente en el hospital. No trabajé”, aseguró.
Contó que días después, los padres del bebé F.C. solicitaron el certificado de defunción para poder velarlo. Dijo que al firmar el certificado reprodujo la información que figuraba en la historia clínica. Afirmó que no falsificó sino que tradujo lo que en la historia clínica figuraba en términos de “jerga médica”.
Fechas clave
Sobre los sucesos de marzo, las pericias médicas y toxicológicas no fueron tan contundentes como las de junio. Los peritos no contaban con autopsias, biopsias ni otras pruebas que podrían haber comprobado quiénes estaban y quiénes no en el hospital en esos días.
Es justamente el no haber denunciado a tiempo lo que pesa en la investigación del fiscal Garzón, que va subiendo de intensidad (en cargos e imputaciones) conforme transcurre la línea de tiempo.
Lo que comenzó con una supuesta omisión de deberes de funcionario público (delito excarcelable que prevé multas o inhabilitaciones para ejercer la función) tomó otro cariz a partir del 1 de mayo, cuando se constataron las dos lesiones punzantes en el muslo derecho a G.H., hijo de Yazmín Barrionuevo.
“Ya se habían descartado hipótesis, como los efectos adversos de la vitamina K y la presencia de bichos. Se habían dado vuelta los colchones. Eso surge en la investigación preparatoria y luego se confirma con distintos testimonios que se recolectaron en el juicio. Se constata por dos vías que a partir del 1 de mayo se estaba sospechando”, explicó a La Voz el fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno.
En la investigación penal preparatoria consta que, a partir de mayo, se habrían “ocultado y hecho desaparecer rastros y pruebas”. Incluso en el caso de I.B.G., hijo de Julieta Guardia, fallecido el 23 de mayo, se habría impedido la realización de una autopsia judicial.
La investigación administrativa
Otro rompecabezas –que en la semana que pasó se comenzó a armar– remite al 8 de junio. Ese día, la exdirectora de Maternidad e Infancia, Marcela Yanover, junto con la enfermera Genoveva Ávila, se presentaron en el hospital y comenzaron una investigación administrativa, a pedido del Ministerio de Salud.
El martes pasado, Yanover declaró en calidad de testigo. Dijo que reportaba al exsecretario de Salud Pablo Carvajal, y que ese día –8 de junio– ya se sospechaba de la enfermera Brenda Agüero.
Para Ruiz Moreno, esta fecha también es importante: “Si ya se sospechaba de una enfermera, eso debería haber ameritado una denuncia judicial o una ampliación de las denuncias que se habían efectuado”.
Como se anticipó, dos médicas neonatólogas realizaron una denuncia judicial el 6 de junio, mientras que un policía realizó una acción similar al día siguiente. “Estas dos denuncias son aisladas, sin ningún dato relevante de quién podría ser el autor. Figuran como muertes blancas. ¿Por qué no fueron ampliadas?”, agregó el fiscal.
El 4 de julio, el ingeniero Francisco Luperi realizó una nueva denuncia con una secuencia de casos, que recayó en la fiscalía de Garzón. Su mujer, la anestesióloga Virginia Zamora, declaró en el juicio que “daba mucha impotencia porque no nos decían nada”.
Ese testimonio, sumado al relato de otros profesionales, da cuenta del insistente pedido de médicos y enfermeros para que el caso se investigara. Una fue la neonatóloga Jimena Tercelán, quien expresó en el juicio: “Veinte personas le pedimos a la directora que cerrara el hospital”.
Para la fiscalía, la intervención de funcionarios y exdirectivos en el hospital antes de que actuara la Justicia habría sido con el objetivo de hacer desaparecer “rastros y pruebas”, como los videos de cámaras de seguridad.
Cómo funciona el sistema de jurados populares
El juicio se define, en términos de culpabilidad o inocencia, con jurados populares integrados por ocho miembros. Se decide por mayoría, a diferencia del sistema norteamericano, en el cual debe existir un consenso.
Pedro Despouy Santoro, profesor adjunto de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó que sus funciones son “una carga pública”, aunque tienen derecho a una retribución diaria por cada día de audiencia.
En un juicio de esta magnitud, se presenta el caso y se recepta la prueba. Clausurada esa etapa, presentan sus alegatos el fiscal, los querellantes particulares, los actores civiles y la defensa de los acusados. Valoran la prueba presentada y emiten sus conclusiones.
Después, los ocho miembros del jurado popular con dos de los tres jueces del tribunal deliberan para dictar sentencia. Se decide por mayoría. Si hay empate, vota el presidente del tribunal.
Despouy Santoro considera positivo que intervengan personas elegidas de manera aleatoria que juzgan el caso. “Eso puede garantizar mayor imparcialidad. Además, al renunciar a veces a ciertos tecnicismos, pueden juzgar mejor ciertos valores sociales en defensa del orden jurídico alterado”.
Sin embargo, admitió que “suele cuestionarse a los jurados populares cuando tienen que resolver sobre ciertos delitos y discernir complejidades jurídicas cuya interpretación excede el común entendimiento de personas que no son juristas”. Otro aspecto en contra es que, a veces, estos jurados “pueden ser permeables a la justicia mediática”, consideró.
“El veredicto mayoritario no ofrece una decisión de calidad y legitimidad como el veredicto por unanimidad”, finalizó.
Aclaración
La Voz publicó en su edición web del martes pasado un infográfico con los funcionarios imputados en la causa. Allí se consignó erróneamente el listado, ya que el mismo correspondía a los sospechados durante la etapa de instrucción, no los que se investigan en esta instancia del juicio.
