- La jueza de Familia Mónica Parrello hizo lugar al pedido
- ya que las pruebas indicaban que la salud emocional de los hijos estaba en peligro.
“No podemos volver a ver a nuestro padre en este estado, no es justo, no vamos a volver a pasar por esas situaciones. Conocemos nuestros derechos y también nuestras obligaciones, por eso estamos seguras del pedido que venimos a formular”, así detallaron dos adolescentes, a través de una abogada del Niño, la petición a la jueza de Familia 5° Nominación de la ciudad de Córdoba para que suspendiera el régimen comunicacional con su padre.
La jueza Mónica Parrello hizo lugar al pedido frente a una amplia argumentación por parte de las adolescentes y de informes técnicos de distintas áreas que determinaron que los encuentros con su padre las estaban afectando en lo emocional. Las actitudes violentas desplegadas por su padre, que tiene problemas de salud mental, sus maneras de expresarse y los comportamientos en las reuniones se vivieron como agresivos y amenazantes para sus hijos, quienes expresaron que –lejos de reportarles alegría o bienestar– les infundieron temor, intranquilidad, angustia y preocupación. Aunque fue pedido por las dos hijas adolescentes del hombre, la medida también se extendió a su hijo de 9 años, por pedido de su madre.
En el fallo, la jueza Parrello suspende el régimen comunicacional, y determina que los honorarios de la abogada Vanina Lamberti, quien representó a las dos adolescentes, deben ser abonados por ambos progenitores. Y exhorta a la Provincia a que se reglamente la ley que ya lleva más de un año desde su aprobación. En la ley 10.636, “Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes” –además de establecer criterios para su aplicación–, se establece que los honorarios serán abonados por el Estado.
Desde el Ministerio de Justicia, indicaron que a fines de noviembre saldrá la reglamentación.
Una excepción
La jueza Mónica Parrello aclaró que se trata de una "excepción" frente al común de los casos en los que se intenta, a través de distintas vías, la revinculación entre hijos y progenitores. "Este caso viene desde hace siete años, y se ha habilitado y suspendido el régimen comunicacional en distintas circunstancias, tanto por la justicia penal como por el fuero de violencia familiar. La mamá de los tres niños (15,14 y 9 años) había firmado en marzo un acuerdo para que los chicos vieran una vez por semana a su padre, en lugar de dos. Sin embargo, en el primer encuentro –realizado en un organismo de revinculación–, las hijas adolescentes deciden que no querían pasar más por esa situación y comparecen ante una Abogada del Niño", indicó la magistrada en diálogo con La Voz.
“Ante la gravedad de la situación, se estaba poniendo en riesgo la salud de los niños. Fue una decisión muy fundada y también provisoria”, agregó. Con “provisoria” la magistrada se refiere a que en caso de que el hombre realizara los tratamientos adecuados para mejorar sus problemas de salud mental, podría pedir más adelante la revinculación, y allí se volvería a analizar el caso.
Abogado del Niño
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura había solicitado al Ejecutivo la semana pasada la inmediata reglamentación. “El artículo 11 de la ley 10.636 otorga un plazo de 180 días para la reglamentación desde su publicación, habiendo excedido en extenso el mismo sin que se adviertan señales de asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial, lo que sin lugar a dudas coloca en suspenso derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, advirtiendo además que la mora del Estado coloca a este grupo de vulnerables en una especial situación de virtual indefensión”.
Desde Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo encargado de reglamentar la ley del Abogado del Niño –aprobada por la legislatura en junio de 2019–, indicaron que el proceso está próximo a culminar. “Se está realizando el proceso de revisión. A fin de mes ya estaría lista”, expresaron desde el organismo.
Con la reglamentación, se establecerá una lista de abogados y de abogadas a la que deberán registrarse para poder ejercer el rol. Además, deberán cumplimentar con ciertas condiciones de capacitación, cuyos detalles se conocerán una vez que se reglamente.
