El cobro de copagos fue una medida anunciada en septiembre por un grupo de clínicas de Córdoba que buscaban visibilizar su situación de estrechez financiera frente a la inflación. Con dicho cobro, las instituciones privadas solicitaban a las obras sociales y prepagas que actualizaran los aranceles y que acortaran los plazos de pago..
Córdoba y Mendoza hicieron punta en un reclamo que luego se extendió a Capital federal. Los copagos son montos extra que se trasladan a los pacientes, cuando la obra social o prepaga no alcanza a cubrir los aranceles mínimos. Se diferencian de los “coseguros”, que sí están convenidos en los contratos entre prestadores y financiadores.
Hoy son pocas las clínicas que mantienen “puertas adentro” los copagos. Pero referentes de entidades que agrupan a profesionales de la salud (que no son médicos) aseguraron que la medida se extiende cada vez más, como paliativo para no desfinanciarse. Las fuentes expresaron que la situación es crítica y que muchos consultorios están en riesgo de cerrar.
El tema fue abordado el jueves pasado en la comisión de salud de la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc).
Ingresos versus inflación
Las entidades que nuclean a los profesionales calculan aranceles mínimos o éticos, que actualizan con la evolución de la inflación.Carlos Navarro, presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba (Febico), recordó que el cobro de copagos se comenzó a implementar en agosto de 2023, después de la primera devaluación. “El costo de los reactivos aumentó tanto que no había forma de reponerlos. Eso generó una negociación con las obras sociales y prepagas. Algunas actualizaron los valores, otras no”, dijo.
Como era tan grande la diferencia entre lo que pagaba una y otra obra social, los bioquímicos definieron un “arancel necesario” sobre la base de un valor que se actualiza en forma mensual: la unidad bioquímica. Cuando los aranceles están por debajo de los montos esperados, la diferencia se traslada al paciente con un cálculo que se puede hacer on line. “Si la obra social paga la unidad bioquímica establecida, no se cobra copago al afiliado. Si no, se cobra entre un 5% y un 100% del valor de la prestación”, explicó Navarro.
Además, se definió “una gestión bioquímica integral”, un monto fijo para compensar distintos gastos, como los incrementos en los descartables. Ese valor hoy está hoy en $ 4.500. “Hay obras sociales que reconocen y lo pagan. Otras que lo trasladan al paciente y un último grupo que no lo reconoce. Nosotros tenemos una forma de calcular copagos con todas estas variables”, dijo.
Insumos dolarizados
Los consultorios odontológicos también tratan de hacerle frente al aumento del dólar y la inflación general. “Más allá de las consultas, todas nuestras prácticas tienen una incidencia muy alta en los insumos”, explicó José Ermoli, secretario del Colegio Odontológico de Córdoba.
El directivo informó que, históricamente, en odontología fue dificultoso cumplir convenios con las obras sociales, ya que los acuerdos estuvieron siempre por debajo del costo del valor real de la prestación. “Para cumplir esos convenios, deberíamos bajar la calidad de materiales y el tiempo de atención. En salud, eso es inaceptable porque afecta la calidad y duración de los tratamientos”, agregó.
Ermoli expresó que, desde la pandemia, el cobro de diferencias en los aranceles es una práctica que se extendió. Hoy los copagos ya están instalados en la mayoría “para menguar el impacto de los gastos”. “No estoy viendo odontólogos que estén saliendo airosos de esta situación, todo lo contrario, se están desfinanciando”, afirmó.
En este caso, el cálculo del arancel tiene en cuenta, por un lado, la práctica en sí. Por otro, los insumos y los costos fijos, como el mantenimiento de un consultorio. Los honorarios se actualizan sobre la base del Índice de Precios al Consumidor de Córdoba.
“Si respetamos los convenios con las obras sociales, perdemos dinero”, sentenció Ermoli.
Por su parte, María José Verde, presidenta del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba, informó que el cobro del copago fue una medida que siempre se trató de evitar. Sin embargo, al igual que sus colegas, sostuvo que los gastos de los profesionales superan ampliamente sus ingresos.
Estos profesionales también acordaron un arancel ético por prestación. La diferencia entre el valor “óptimo” y lo que paga la obra social, se traslada en algunos casos al paciente, siempre y cuando éste pueda pagarlo.
Qué pasará a futuro
Este tema fue tratado el jueves pasado en la comisión de salud de la Fepuc. “No es nuevo que existen retrasos, no sólo en los pagos de obras sociales y prepagas, sino que desde agosto se acentuó el incremento en los costos de generación de servicios afectando los ingresos del profesional”, sostuvo la entidad en un comunicado.
La organización detalló los dos principales factores que inciden en el problema: el incesante proceso inflacionario de los últimos años y las devaluaciones “que han puesto en claro el valor del dólar importador”. Eso impactó “de manera directa en las profesiones que tienen alta incidencia en insumos”.
El comunicado reconoció que “en muchos casos, los profesionales independientes de las diferentes disciplinas de la salud están cobrando sumas adicionales a las establecidas en los convenios”. Esto tiene como objetivo “compensar el incremento en los costos, evitando trabajar debajo del costo de generación del servicio y no perder poder adquisitivo en un sector históricamente golpeado”.
La Fepuc recordó que las obras sociales y prepagas demoran entre 45 a 120 días en pagar a los prestadores.
La continuidad de esta medida dependerá de varios factores. Por un lado, del poder de fuerza que tengan los profesionales como colectivo. Por otro, de las posibles “represalias” que puedan llegar a poner los financiadores, efectuando descuentos a los prestadores que cobren copagos o sacándolos de sus cartillas.
Desde el comienzo del conflicto, la Superintendencia de Servicios de Salud –entidad del Ministerio de Salud de la Nación encargada de velar por los derechos de los afiliados– no ha intervenido para encontrar una solución. En septiembre, ante la consulta de La Voz, sus entonces voceros explicaron que se trataba de “un problema entre privados”.
