El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba analiza un proyecto de ordenanza que busca frenar el avance de las aplicaciones de transporte no habilitadas, como Uber, Cabify y DiDi. La iniciativa, presentada por el concejal Diego Casado (Hacemos por Córdoba), propone incorporar un artículo al Código de Convivencia Ciudadana que permita a la Municipalidad solicitar el bloqueo judicial de estas plataformas en caso de detectar su funcionamiento en la ciudad.
El proyecto argumenta que estos servicios generan competencia desleal con los taxis y remises, ya que no cumplen con las regulaciones municipales, no tributan impuestos y no garantizan la seguridad de los pasajeros. Además, se destaca la precarización laboral que implica para los conductores que trabajan en estas plataformas.
La iniciativa del edil oficialista dice: “En caso de que la Municipalidad de Córdoba tome conocimiento a través de publicidades en prensa radial, televisiva, gráfica, cartelería, internet, redes sociales, u otro medio, del funcionamiento en la ciudad de Córdoba, de servicios de transporte automotor de pasajeros no habilitado, podrá recurrir ante la Justicia para solicitar el inmediato bloqueo de la aplicación, con la finalidad de prevenir evasión tributaria, explotación laboral y competencia desleal”.
También faculta al Ejecutivo municipal “a notificar a los medios de comunicación la ilegalidad manifiesta de las aplicaciones a los efectos de cumplimentar la normativa vigente en el Código de Convivencia Ciudadana”.
Casado enfatizó la necesidad de proteger el transporte legal y regulado, asegurando que “la ilegalidad no le puede ganar a la legalidad”. El concejal resaltó la importancia de los controles municipales a los taxis y remises, como los botones de pánico, el GPS, las inspecciones y los requisitos de habilitación, que no se aplican a los vehículos que operan a través de aplicaciones.
En esa línea, también valoró que el servicio regulado realiza los aportes correspondientes.
El concejal también subrayó la importancia de la seguridad de los pasajeros, señalando que los vehículos legales cuentan con seguros de responsabilidad civil que cubren a los pasajeros en caso de accidentes, una protección que no está garantizada en los servicios de transporte no autorizados, según aseguró.
Cuando La Voz le consultó sobre si era necesaria una ordenanza para que el municipio pidiera el bloqueo ante la Justicia, Casado respondió: “Si esto está normativizado mucho mejor porque forma parte de un plexo normativo y frente a esta circunstancia hace exigible a la municipalidad tener que intervenir a través de la Justicia”.
Acerca de las aplicaciones, Casado sostuvo que son empresas transnacionales, “son monopolios internacionales, porque estas personas a los que se les desconoce su identidad, que trabajan en todo el mundo, producen lo que se llama un delito de evasión tributaria, una explotación laboral que también es una cuestión anómala en la república Argentina y además generan lo que se llama la competencia desleal”.
Contexto
La propuesta de bloqueo de aplicaciones se suma a un contexto de creciente tensión en torno al transporte ilegal en Córdoba. Datos de la Justicia Administrativa de Faltas revelan un aumento significativo en las sanciones a conductores que prestan servicios sin habilitación, muchas de ellas relacionadas con el uso de plataformas digitales. En 2022 se registraron 416 sanciones, cifra que se disparó a 929 en 2023 y que continúa en aumento en 2024.
El Sindicato de Conductores de Taxis de Córdoba viene solicitando al municipio que deje de multar a los taxistas que utilizan estas aplicaciones. El sindicato argumenta que la prohibición de las aplicaciones no ha logrado erradicar su uso y que, en cambio, ha llevado a muchos taxistas a operar en la ilegalidad.
Claudio López, secretario adjunto del gremio, dijo que el proyecto los “apena” y que promueve un proteccionismo que agrava más la situación. “Ya las aplicaciones son un hecho, vinieron para quedarse, y la clase política no entiende. La gente demanda algo nuevo, lo vuelvo a repetir, y el taxista también. Tenemos cerca de 5.000 móviles distribuidos entre Uber, Didi y Cabify”, describió López.
Y agregó: “No le veo lógica, porque cuando en los partidos de fútbol entra el autito de Cabify ante 35.000 personas en la cancha de Belgrano o 60.000 personas en el Kempes, yo quisiera saber cómo van a prohibir eso. Entonces, me parece que esto se debe tratar, se debe debatir entre los distintos actores y sectores, como los representantes de Uber, Cabify, sindicatos conductores, permisionarios. La gente no aguanta más, estamos en un momento muy difícil”.
La anterior administración municipal mantuvo una postura contraria a la regulación de estas plataformas, endureciendo las sanciones para los conductores que las utilicen. Las multas van desde 80 y 300 Unidades Económicas Municipales (UEM). Hoy, cada UEM equivale a $ 8.616, por lo que la sanción va desde $ 689 mil a $ 2,58 millones.
El proyecto de Casado no es el único que aborda la problemática del transporte a través de aplicaciones. La concejala Jessica Rovetto Yapur presentó una iniciativa para incorporar la modalidad de “vehículo privado contratado por plataformas electrónicas” a la ordenanza que regula el servicio de autos con chofer, aunque aún no ha sido tratada en comisión.
Protesta
El Sindicato de Peones de Taxis realizó este miércoles una asamblea en la Terminal de Ómnibus para manifestarse en contra de estas aplicaciones.
