Le tenían que decir “pa”; de lo contrario, las víctimas sentían más de cerca el infierno. Las amenazas no cesaron durante años en ese inmueble de un pequeño paraje del valle de Calamuchita, donde sólo se conocía el horror.
Un cabo primero de la Policía de Córdoba, de nombre Marcelo (no se menciona su apellido para no revictimizar a sus víctimas), separado de la Fuerza Policial poco después de ser denunciado, fue condenado este lunes por la Cámara del Crimen de Río Tercero a una condena de 14 años y seis meses de prisión.
Fue penado como autor de abuso sexual agravado en concurso ideal con promoción a la corrupción, y producción de material con contenido sexual de menores de edad.
Los hechos que pesan en la acusación abarcan entre marzo de 2017 y enero de 2024. Se trató de un juicio abreviado en el que el imputado reconoció los hechos que se le achacaban. El juicio fue presidido por el vocal Marcelo Ramognino.
Pruebas
En la investigación de la causa, que estuvo a cargo de la fiscal Paula Bruera, consta que el policía acusado abusó de su hijastra desde que la pequeña tenía 5 años y hasta los 11. Mientras que los abusos contra su hija se dieron cuando la niña tenía entre 4 y 5 años.
El ahora condenado abusaba reiteradamente de las niñas y en ocasiones hasta las filmaba, según constan las pruebas que se incorporaron en el expediente judicial.
Las pruebas secuestradas apuntan a que esas filmaciones las hacía con su propio teléfono celular. La misma pesquisa apunta que esos registros fílmicos y fotográficos fueron inicialmente borrados, aunque más tarde pudieron recuperarse utilizando un software especial forense.
Cuando efectivos de la Policía Judicial abrieron ese teléfono, siguiendo estrictas directivas judiciales, “tenía más de 100 archivos de imágenes sobre explotación infantil”, además de otras pruebas que lo involucraban con este caso por el que fue condenado.
En la investigación, la fiscal Bruera se apoyó sobre todo en los escalofriantes relatos de las propias víctimas de los abusos, realizadas en cámara Gesell, respetando los Derechos del Niño y la condición de mujer de las víctimas, entre otras normativas.
El silencio no se podía gritar, ni siquiera se podía confesar. Hasta que un día del año pasado las víctimas compartieron con su madre que eran abusadas sexualmente y que el violador vivía bajo el mismo techo familiar. Era la persona a la que llamaban “Pa”.
