José Eugenio Díaz, exintendente de El Brete y exlegislador provincial por la UCR, fue condenado por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje por cuatro hechos de abuso sexual y cuatro de coacción contra seis mujeres que, en su mayoría, eran trabajadoras municipales. Los hechos ocurrieron hace más de 20 años, pero recién ahora llegó la sentencia.
La pena fue de tres años de prisión en ejecución condicional. Es decir, no irá a la cárcel. El fallo incluye restricciones de contacto y acercamiento a las víctimas, la obligación de realizar tratamiento psicológico por violencia de género y el pago de una indemnización de 3,5 millones de pesos a cada una de las mujeres que acepten la reparación económica.
La resolución judicial, firmada la semana pasada por el vocal Ángel Francisco Andreu, indica que los hechos ocurrieron entre los años 2002 y 2004, cuando Díaz era intendente. Las víctimas eran jóvenes de unos 20 años, con empleos precarios o beneficiarias de planes sociales, que denunciaron haber sido acosadas y amenazadas con perder su trabajo o su asistencia si no accedían a los pedidos sexuales del funcionario.
La causa llegó a juicio más de dos décadas después de las primeras denuncias. De los cinco expedientes abiertos contra Díaz, solo uno fue elevado a juicio y resuelto. El resto continúa sin resolución.
“Ya no se discute la veracidad de las víctimas”
Tras conocerse la sentencia, el abogado querellante Pablo Olmos, quien representa a una de las seis víctimas del caso, destacó que el fallo al menos valida el relato de las mujeres, aunque criticó con dureza la forma en que se desarrolló el proceso.
“Una de las cuestiones importantes es que ya no tenemos que discutir más sobre la veracidad de los dichos de las víctimas. Ha sido reconocido por el autor de esos hechos. Más allá de su confesión, existían otras pruebas: las declaraciones de las mujeres, las pericias psicológicas, informes de Anses que demuestran que les daban de baja los planes sociales cuando no accedían a sus deseos, testimonios de policías que ratificaron los hechos. Muchísima prueba que fue recolectada hace años”, explicó Olmos.
El letrado denunció que durante más de una década el expediente estuvo fuera de circulación cuando recaló en la Fiscalía de Deán Funes. “En ese momento, el secretario era Raymundo Barrera, que después fue fiscal en Cruz del Eje y que todas las mañanas se cruzaba al bar de la esquina de tribunales, propiedad en ese entonces de Díaz”, afirmó.
Además, apuntó directamente contra la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, quien también estuvo a cargo de la instrucción años atrás. “Esa misma fiscal que nunca se preocupó por las víctimas, hace dos semanas las llama para preguntar cómo se sentían, cuando ya tenía el acuerdo cerrado con la defensa de Díaz. Durante la audiencia, no teníamos sentado al lado a un Ministerio Público que defendiera a las víctimas, sino prácticamente a un abogado del imputado”.
Un acuerdo polémico
La sentencia se dictó en una audiencia que, según Olmos, no era la prevista para el juicio. “Ese día era solo una audiencia preliminar, donde se define qué tipo de juicio se va a realizar o si hay una propuesta de reparación económica. Sin embargo, se transformó en un juicio abreviado sin discusión pública, con un acuerdo que ya venía cocinado”, denunció.
Olmos relató que en esa instancia, la defensa comenzó ofreciendo dos millones de pesos como indemnización, luego subió a 3,5 millones en cuotas. “Es una falta de respeto, una revictimización. Como lo dijeron las propias víctimas, eso es lo que cuesta una rueda de la camioneta en la que se fue Díaz después de la audiencia”.
Además, cuestionó que se haya condicionado el cobro del resarcimiento a la renuncia a la acción civil. “Una de las víctimas que se constituyó como actora civil fue presionada para que renuncie a su demanda por daño moral a cambio de esos 3,5 millones. Ella se negó, y vamos a seguir adelante con esa acción”, afirmó el abogado.
“Una Justicia que llegó tarde y mal”
Las denuncias originales datan de 2002 y 2003. Díaz fue imputado por varios hechos, pero solo uno de los cinco expedientes fue elevado a juicio. El resto permanece sin resolución, pese a los reiterados pedidos de impulso procesal.
El caso expuso serias deficiencias en el sistema judicial del norte cordobés. “Hace años que denuncio irregularidades. En 2021 presenté una denuncia formal ante la Fiscalía General, que derivó el caso a la Fiscalía de Cosquín. Pero esa fiscalía jamás investigó nada. Así llegamos a este desenlace 22 años después”, indicó Olmos.
Según explicó, también solicitó sin éxito la prisión preventiva de Díaz: “Tiene un poder enorme en la zona. Uno de sus hijos es el actual intendente de El Brete; otro es presidente de la cooperativa del pueblo. Es evidente que tiene capacidad económica y política para evadirse”.
