El juez de Control y Faltas Nº 8 de Córdoba confirmó la prisión preventiva para siete policías y tres civiles imputados en la causa por asociación ilícita dentro de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La decisión judicial ratificó la medida contra los acusados de integrar una red que utilizaba droga secuestrada en operativos para pagar a informantes, conocidos como “dateros”, a cambio de información sobre puntos de venta de estupefacientes.
Entre los detenidos se encuentran exjefes y agentes de la FPA, así como civiles que actuaban como informantes de las brigadas de Cruz del Eje y de Deán Funes. La confirmación de la prisión preventiva marca un hito en la investigación, que ya suma 12 imputados y 10 detenidos.
Los inicios de la investigación
La investigación, que comenzó en febrero de 2024, se originó a partir de una denuncia del jefe de la FPA, Adrián Salcedo, quien alertó sobre un faltante de 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína en un depósito judicial de Cosquín.
El fiscal Juan Pablo Klinger, a cargo de la causa, descubrió que la droga había sido utilizada por los policías para pagar a informantes, lo que permitía a los agentes presentar resultados positivos en sus operativos. Esta práctica ilegal permitía a los miembros de la FPA mejorar sus estadísticas y obtener méritos para ascensos y traslados.
Entre los detenidos se encuentra Néstor Márquez, exjefe de la brigada de Cruz del Eje y luego de Deán Funes, quien está acusado de ser uno de los principales coordinadores de la red ilícita. También está Raúl Moreno, agente de la delegación Deán Funes, quien se habría encargado de contactar a los informantes y entregarles droga. Sergio Ruiz, segundo jefe del pelotón de Cruz del Eje, y su hermano Eduardo Ruiz, también están implicados en la sustracción y entrega de droga.
Además, los agentes Luis Benavídez e Isidro Rivero, de la brigada de Cruz del Eje, fueron detenidos por su participación en la red. Un séptimo agente, cuya identidad no fue revelada, también fue arrestado. Los tres civiles detenidos actuaban como informantes de las brigadas, recibiendo droga a cambio de información.
La prisión preventiva fue confirmada tras un exhaustivo análisis de las pruebas recabadas, que incluyen chats de WhatsApp, testimonios y allanamientos realizados principalmente en octubre de 2024. En los diálogos analizados, la fiscalía evidenció cómo los policías coordinaban la entrega de droga a los informantes y planificaban operativos basados en la información obtenida.
Por ejemplo, en uno de los chats, Raúl Moreno le recordaba a Isidro Rivero que no olvidara el “rescate” para el “delta”, refiriéndose a la entrega de droga a un informante. Además, se comprobó que los policías almacenaban parte de la droga secuestrada en sus domicilios y la utilizaban como moneda de cambio para obtener información.
Acusaciones a los detenidos e imputados
En el marco de la investigación por asociación ilícita dentro de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), los imputados enfrentan diversas acusaciones según su rol en la red.
Néstor Márquez está acusado de ser uno de los principales coordinadores de la red ilícita. Se le atribuye la organización y supervisión de la entrega de droga a informantes, así como la planificación de operativos basados en información obtenida ilegalmente. Además, se lo señala como responsable de almacenar parte de la droga secuestrada y utilizarla como moneda de cambio para obtener datos sobre puntos de venta de estupefacientes.
Raúl Moreno enfrenta cargos por ser el encargado de contactar a los informantes y entregarles droga a cambio de información. En los chats analizados, se evidenció que Moreno coordinaba directamente con los “dateros” y gestionaba la entrega de estupefacientes como pago por sus servicios. También se lo acusa de haber participado en la sustracción de droga durante operativos y de haberla almacenado en su domicilio para su posterior distribución.
Sergio Ruiz y su hermano Eduardo Ruiz están imputados por su participación activa en la red ilícita. Ambos son acusados de haber sustraído droga durante allanamientos y de haberla utilizado para pagar a informantes. En los diálogos analizados, se comprobó que Sergio Ruiz mantenía comunicación con los “dateros” y coordinaba la entrega de estupefacientes, mientras que Eduardo Ruiz habría facilitado la logística para el almacenamiento y distribución de la droga.
Luis Benavídez e Isidro Rivero enfrentan acusaciones por haber participado en la sustracción de droga durante operativos y por haberla entregado a informantes a cambio de información.
Rivero, en particular, es señalado como uno de los principales encargados de gestionar el contacto con los “dateros” y de asegurar que recibieran su “rescate” en forma de estupefacientes. Benavídez, por su parte, habría colaborado en el almacenamiento de la droga y en la planificación de operativos basados en datos obtenidos ilegalmente.
Los tres civiles detenidos, que actuaban como informantes de las brigadas, están acusados de recibir droga a cambio de información sobre puntos de venta de estupefacientes. Estos “dateros” habrían proporcionado las alertas que permitieron a los policías realizar allanamientos y presentar resultados positivos en sus operativos.
Además, se los acusa de haber participado en la compra simulada de droga, actuando como “agentes reveladores” sin autorización legal, lo que constituye un abuso de autoridad y una violación de los protocolos establecidos para este tipo de investigaciones.
