La Cámara Criminal Correccional y de Acusación de Segunda Nominación de Río Cuarto confirmó la elevación a juicio de los únicos dos imputados por las presuntas irregularidades en la causa de Pablo Musse, el hombre que no pudo despedirse en 2020 por última vez de su hija, Solange, y ratificó el fallo de primera instancia para que se investigue si el entonces presidente Alberto Fernández cometió algún delito.
El caso Musse
El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, elevó a juicio a cuatro acusados por presunto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de los deberes, que impidieron al padre de Solange ingresar a Córdoba para desperdirse por última vez de su hija enferma de cáncer terminal.
El padre de la joven había denunciado penalmente a las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el Ministerio de Salud de Córdoba y funcionarios policiales.
Fueron enviados a juicio el médico Eduardo Javier Andrada (director del Hospital de Huinca Renancó y a cargo del COE en ese momento) y la trabajadora Analía Morales (del ex COE), como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; el cirujano Sergio José Alí, (del ex COE) como posible partícipe necesario de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes; y suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio.
El fiscal amplió la pesquisa contra los acusados e incorporó más elementos probatorios y testimonios y elevó la causa nuevamente a juicio.
Luego fueron desincriminados Alí y Mansilla. De esta forma solo Andrada y Morales fueron enviados a juicio. Se opusieron a la medida del juez de Control de Huinca Renancó, Claudio Mazuqui, y apelaron ante la Cámara de Río Cuarto.
El autor del primer voto del tribunal de alzada, Carlos González Castellanos, sostuvo que los apelantes solo “se limitan a realizar un análisis parcializado de los fundamentos expuestos” por el juez Mazuqui, “y consecuentemente de la prueba incorporada, pretendiendo poner en crisis la argumentación del inferior”.
“Lo cual –agregó el camarista- no se muestra viable toda vez que las conclusiones de aquél evidencian una derivación razonable, tanto de las constancias de autos, como del derecho aplicable”.
“Solo quiero resaltar que coincido con lo manifestado por el juez de Control en orden a que esta causa ha tenido una gravedad inusitada en un contexto en que la sociedad argentina sufrió en demasía”, dijo y citó las palabras de Mazuqui.
Particularmente resaltó las expresiones del juez sobre la importancia de que el tribunal que encabece el juicio investigue y decidida “si ha habido la comisión de delito alguno y responsabilidad penal que comprometa al máximo titular del Poder Ejecutivo Nacional (en referencia al entonces presidente Fernández), a la fecha de los hechos, o algún o varios funcionarios públicos y de esta manera poder cumplir y hacer valer esa sentida frase de Solange Musse: ‘Hasta el último suspiro tengo mis derechos’”.
Los pares del camarista, los vocales Emilio Francisco Andruet y Pablo Bianchi, votaron en consonancia, por lo que la Cámara rechazó la apelación de Andrada y Morales y confirmó la elevación a debate juicio de ambos.
