La que pasó fue una semana clave en el prolongado proceso de investigación de presuntas irregularidades en la administración del consorcio de propietarios del country Las Delicias, la exclusiva urbanización en el extremo noroeste de la ciudad de Córdoba.
Cada uno de los hitos que desde 2023 vienen sucediéndose en la instrucción judicial constituyen hechos inéditos en el fenómeno de los barrios cerrados, tanto en la provincia como en el país.
El día “D” fue el pasado jueves, cuando coincidieron tres novedades sustanciales que marcan el avance del proceso de normalización del barrio cerrado a partir de las decisiones de la Justicia provincial. Estas se adoptaron luego de denuncias por malversación de fondos y espionaje que formalizaron algunos vecinos propietarios.
Ese día se conoció que la fiscal a cargo de la instrucción de la causa, la subrogante Daniela Maluf, citó a declarar a los exadministradores imputados por “defraudación por administración fraudulenta”. Citó para ese demorado trámite procesal a quienes integraron las dos conducciones anteriores hasta que fueron presentadas las denuncias, formalizadas principalmente por tres vecinos propietarios: la escribana Alejandra del Valle Cáceres y los abogados Facundo Garade Panetta y Miguel Ángel Ortiz Pellegrini.
También el jueves pasado, a las 16 y con autorización de la fiscalía, se realizó una asamblea convocada por los dos interventores judiciales de la administración. La reunión tuvo una buena cantidad de asistentes (106 sobre cerca de 300) y estuvieron representadas las principales figuras de posturas enfrentadas durante el proceso iniciado en 2023. El resultado de esa asamblea fue que se formó una lista con las nuevas autoridades, las que fueron elegidas esa misma tarde.
De este modo, puede decirse que, además de profundizarse la investigación a quienes fueron removidos e imputados, ya el barrio volvió a manos de sus legítimos administradores.
La tercera “novedad” concretada ese día es que con ese acto se dio por finalizada la intervención penal que había ordenado la Justicia. Los contadores encabezados por el presidente Pablo Artino dejaron ese cargo y entregaron las cuentas “en orden” a los nuevos administradores, los vecinos.
Lo sorprendente fue que la votación de la nueva conducción terminó con voto unánime, sin objeciones a las flamantes autoridades. A pesar de que había vecinos de una u otra opinión respecto de las autoridades removidas –denunciantes y defensores de los cuestionados–, todos votaron por la conducción que ya está en funciones.
Como saldo de este proceso que con la “normalización” está finalizando, pronto se conocerán los resultados de la auditoría interna que peritos judiciales realizan “hacia atrás” a las dos gestiones anteriores.
La administración comandada por el (ahora ex)interventor Artino se hizo cargo de las cuentas, la relación con los bancos, la gestión de las actividades del country y la normalización de los números de la sociedad Las Delicias. Esto último heredan los vecinos que siguen en la administración, con el apoyo unánime de los propietarios que los votaron.
A declarar
Ahora queda pendiente el avance de la investigación que está haciendo la fiscal Maluf, con el concreto trámite procesal de iniciar las indagatorias a quienes integraron las dos conducciones anteriores y fueron removidos por presuntas irregularidades, con la imputación de “defraudación por administración fraudulenta”.
Desde el lunes, acompañados por sus abogados, comenzarán a desfilar por la Fiscalía de Instrucción de Subrogancia, en Tribunales 2.
Los primeros son Jorge Osvaldo Lerda y Pablo Dolci, presidente y vice del directorio que estuvo en funciones hasta 2023. Ambos fueron citados a declarar el lunes.
El martes deben presentarse Oscar Hugo Alejandro Bonangelino y Daniel Antonio Ramos, exmiembros de las comisiones de Seguridad del country.
El miércoles deberá declarar Ivonne Mariel Hernandorena, la última vicepresidenta removida, y al día siguiente, quien era presidenta en la misma gestión, Verónica del Carmen Scarlatta.
Este trámite procesal fue resistido durante meses por las defensas, desde que el primer fiscal de la causa, Horacio Vázquez, los había imputado.
Primero la jueza de Control 9, María Celeste Ferreyra, y luego la Cámara de Acusación de Córdoba ratificaron que debían ser indagados, lo que recién se cumplirá ahora.
En el ínterin, hubo dos cambios de fiscales. En primer término se hizo cargo del expediente Andrés Godoy, quien luego se apartó –aparentemente por diferencias con Ortiz Pellegrini–, y finalmente la instrucción quedó a cargo de Maluf.
Interventores
A su vez, en el proceso hubo inconvenientes con los contadores que actuaron en la intervención. El primero de los designados en julio de 2024, el contador Walter Adolfo Sans, terminó renunciando meses más tarde por presuntas presiones del directorio actuante, que presuntamente no colaboraba con su tarea.
Al irse, Sans pidió una intervención “total y absoluta”, lo que terminó otorgándose con un triunvirato que asumió a fines de año.
En paralelo, ya habían sido destituidos e imputados en octubre de 2024 los miembros de las dos últimas conducciones del directorio.
A su vez, una de las integrantes del triunvirato interventor que asumió en diciembre de 2024 fue desplazada en febrero de este año por el fiscal Godoy. La contadora Laura Beatriz Sosa fue removida y comenzó a ser investigada por su desempeño en esa función.
El mismo día, Godoy mantuvo a los contadores Pablo Artino y Germán Pablo Gallo como interventores penales. Designó al primero como “presidente” de esa gestión. Desde febrero hasta la asamblea del jueves pasado, ambos cumplieron con su misión, entregaron las cuentas y la administración a los vecinos y cesaron en el cargo.
Dueños a cargo
Los vecinos que de modo unánime fueron elegidos en la asamblea del martes son los directores titulares Gerardo Alberto Flores, Fernando Benedini, Gabriel Carignano, Darío Nicolás Jaimovich y Daniel Aguirre.
Ahora, con las cuentas “ordenadas”, ellos continuarán en la tarea de administrar lo que sus pares les confiaron: la administración del consorcio de Las Delicias.
Mientras tanto, se aguarda el resultado de la auditoría interna de las anteriores dos gestiones y avanza la investigación de los presuntos responsables de defraudación.
