El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba emitió este miércoles un duro comunicado solidarizándose con los pacientes, pero también con los profesionales que esta semana están reclamando a través de una protesta y solicitan copagos para los afiliados de obras sociales y prepagas.
En el escrito, la entidad que nuclea a los profesionales de la salud solicitó a esas financiadoras que acorten los plazos de pago, para evitar así el quiebre de las instituciones.
Las clínicas y sanatorios de la provincia anunciaron el viernes pasado que cobrarán coseguros a los afiliados. Los montos varían de acuerdo con la complejidad de la prestación. Arrancan en los $ 3.000 por una consulta por guardia.
La medida se implementa de distintas maneras. La adhesión es mayoritaria en las más de 50 instituciones que forman parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Córdoba (Aclisa).
De a poco se van sumando los centros más grandes. Por caso, la Clínica Universitaria Reina Fabiola informó que cobrará $ 3.000 la consulta a los afiliados de seis prepagas. La medida se hará efectiva a partir de este jueves y no cuenta para atenciones en guardia.
“Debido a la contingencia actual que está atravesando el sector de la salud a nivel nacional, y en conjunto con otras instituciones de salud decidió implementar un Bono Extraordinario No Reintegrable”, informó.
El lunes, el reclamo sumó el apoyo de la Asociación de Cirugía de Córdoba.
Con esta acción, las clínicas informaron que pretenden hacerle frente a un combo de factores que las dejan “al borde del desfinanciamiento”. La devaluación del peso, tras las elecciones primarias, aumentó el valor de los insumos médicos. A esto se sumaron que las obras sociales no actualizan los aranceles y pagan con demoras de tres meses de realizada la práctica.
Reducir la brecha
El comunicado enumera los factores que contribuyen a la “situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva, pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes”.
Una de esas situaciones problemáticas es la demora en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas. “En promedio, la demora es de tres meses para pagar una práctica médica o un estudio”, sostuvo la entidad.
Según el Consejo, el retraso tiene una causa histórica: “Antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”.
La entidad advirtió que las financiadoras (obras sociales y prepagas) “deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.
Descontar por las dudas
La entidad advirtió que el sistema de atención de la salud colapsó “como consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”.
Además de la demora en los pagos, el Consejo planteó otra discrepancia entre los financiadores y los prestadores de la salud. “Cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro”.
De lo contrario, el prestador (instituciones o trabajadores de la salud) reciben descuentos “por las dudas”, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia, agregó.
Finalmente, el Consejo de Médicos expresó que los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema “no deben pagarlos los prestadores, sino las financiadoras, “aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura”.
Repercusiones
La medida fue anunciada el viernes pasado.
Ese mismo día, la obra social de empleados y jubilados provinciales Apross anunció que intimaría a las instituciones que incumplan con los convenios y que trasladen a los afiliados los gastos por copagos. Pidió a las personas que notifiquen, en caso de tener que pagar esos costos.
Fuentes de Apross indicaron aplicarían “un régimen sancionatorio que establece apercibimientos y multas en diferentes escalas monetarias según la infracción”.
Por otra parte, la obra social de jubilados Pami amenazó con realizar “descuentos en la facturación o bajas como prestador” a las instituciones que cobren plus o coseguros.
Ignacio Escuti, presidente de Aclisa, explicó que se esperan esta semana reuniones con los financiadores y que la intención es llegar a un acuerdo. “Ninguna persona se va a quedar sin atender. Esta medida es de coyuntura porque nos afectan los plazos de pago en este contexto de devaluación”.
