El centro de distribución y producción de insumos para lomiterías y locales gastronómicos continúa clausurado. El mismo había sido inhabilitado el 5 de diciembre por decisión del Ministerio de Trabajo, el gremio Uhtra (Hoteleros y Gastronómicos) y Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.
Las irregularidades de higiene y seguridad relevadas por Fiscalización aún no han sido corregidas. Además, habían acordado en una audiencia con el Ministerio de Trabajo y el gremio registrar a los empleados en un plazo que regía hasta el 18 de diciembre.
Aquel mismo día de la reunión, el dueño comenzó con los trámites de regularización de los empleados. Ayer tuvieron una nueva audiencia donde la empresa demostró el alta temprana de algunos empleados. Le otorgaron un plazo de 72 horas para completar el registro de la totalidad de los trabajadores.
Durante esta última audiencia, el dueño del lugar explicó que se padece una “profunda depresión” como consecuencia de la continuidad del local cerrado y se comprometió a garantizar el pago de los haberes de diciembre, con aguinaldo incluido.
Asimismo, afirmó que no abonará los salarios de meses posteriores a diciembre bajo justificación de que su negocio se encuentra cerrado.
En total son 24 los empleados en condición de ser formalizados contractualmente. Actualmente el lugar continúa clausurado y los trabajadores no estarían prestando servicios.
La causa judicial
El fiscal a cargo de la causa, Luis Micheli, explicó que siguen en el proceso de instrucción. Hoy enviaron el registro de las cámaras de seguridad a la Policía Judicial para su desgrabación y continúan recibiendo testimonios de trabajadores. Aún no hay imputaciones.
En relación a la posibilidad de adjudicar la carátula de trata de personas, el fiscal explicó que si bien aún no está verificado que hayan estado encerrados, la trata exige la concurrencia de varios requisitos además de corroborar un encerramiento. Asimismo, el encierro configura otro tipo de delito.
Desde el gremio, que presentó la denuncia ante la Justicia, afirmaron que tenían pruebas suficientes para constatar que los trabajadores estaban encerrados en una habitación para evitar la inspección. La misma fue presentada en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 3.
