En septiembre del año pasado, un grupo de clínicas de Córdoba pateó el tablero y anunció que comenzaría a cobrar “copagos”: montos extras a los ya convenidos con las obras sociales y prepagas. Una especie de plus que se traslada al paciente para poder llegar a lo que los agentes consideran un “arancel ético mínimo”.
Después de la devaluación del peso tras las elecciones primarias, los profesionales salieron a denunciar que ya no podían sostener las demoras de entre 30 a 90 días que se toman los financiadores para pagar por esas prácticas.
La medida, que se replicó en Mendoza y después en Capital Federal, visibilizó lo que muchos no querían ver: la mayoría de las obras sociales y prepagas pagan bajos aranceles a los profesionales de la salud.
Además, efectivizan los pagos entre uno y tres meses más tarde, después de un engorroso trámite de validaciones administrativas en parte inentendible en plena era digital.
La medida fue sorpresiva porque generó gran malestar en los pacientes que tenían que pagar extras por consultas y prácticas. También fue inédita porque los profesionales de la salud no se caracterizan por ser muy unidos que digamos.
Al patear el tablero, las clínicas pusieron de manifiesto un problema estructural que, si bien está agudizado por la crisis, no es para nada nuevo. La salud de gestión privada tiene una lógica de ingresos muy distinta a la de sus egresos. La mayor parte de los aportes de las obras sociales provienen de los salarios de los trabajadores –que vienen creciendo por debajo de la inflación–. Los gastos, en cambio, siguen el ritmo del dólar. Los insumos y medicamentos acompañan los movimientos de la divisa extranjera.
“La situación es terrible, no damos más”, reconoció la responsable de un colegio de profesionales de la salud. El cobro de copagos, asegura, no es para que odontólogos, kinesiólogos o bioquímicos (por nombrar algunos) ganen más dinero, sino para evitar el desfinanciamiento o cierre de consultorios. Jeringas, reactivos y ni qué hablar del repuesto de un aparato de alta complejidad que se rompe: “Olvidate de arreglarlo”, comentó la misma profesional.
Después del anuncio de septiembre, el copago se desinfló en la mayoría de las instituciones de salud, por temor a reprimendas de las obras sociales o prepagas que amenazaron con acciones legales o con sacarlas de su cartilla de prestadores. Pero en diciembre, después de la disparada del dólar oficial, la medida se hizo fuerte “puertas adentro”.
El concepto de “puertas adentro” es clave porque cada profesional “negocia” con el paciente dentro de su consultorio. En primer lugar, se asegura que la persona pueda pagar y no se quede sin el servicio. En segundo, porque no pueden entregar comprobantes. Si los agentes de la salud entregan facturas, corren el riesgo de que obras sociales o prepagas debiten esos montos al final de la facturación o, lo que es peor, que los quiten de la cartilla de prestadores.
Este es además un laberinto sin salida porque los profesionales independientes que prestan servicios vitales, sobre todo en el interior de la provincia, saben que –sin un arancel mínimo ético– no sólo corren el riesgo de desfinanciarse sino también de prestar un servicio deficiente.
Interrogantes: qué consecuencias puede traer la libertad en prepagas y obras sociales
En este tire y afloje, el hilo puede cortarse por lo más delgado. Si los agentes sanitarios terminan rompiendo con las obras sociales, el riesgo es que pase lo que hace tiempo sucede en psicología: es tan alta la demanda, que son muy pocos los profesionales que atienden hoy a personas con cobertura social. Se cobra particular, no sólo un porcentaje, sino la totalidad de la consulta.
Sin la presencia del Estado en la regulación de servicios esenciales, como la salud, muchos pacientes se pueden quedar sin atención y la oferta se seguirá concentrando en unas pocas, poquísimas manos.
El presidente Javier Milei decidió darle libertad a las prepagas y a las obras sociales con afiliados voluntarios a subir el valor de sus cuotas, tanto como ellas quisieran. Aunque hubo varios amparos en contra de ese decreto, lo cierto es que la mayoría ya aplicó subas que rondan entre un 45% y un 70%.
¿Se traducirá ese aumento a una mejora de los aranceles? Este es el mayor interrogante que se hacen hoy las entidades que nuclean a los profesionales de la salud.
