La falta de resolución del conflicto sindical de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que nuclea a los choferes del transporte urbano, volvió a tener consecuencias en los usuarios de la ciudad de Córdoba. En la semana hubo asambleas que paralizaron líneas de la empresa Ersa, encabezadas por la lista Azul, opositora al oficialismo del sindicato.
Para entender qué esta sucediendo, hay que trasladarse a diciembre pasado, cuando Carla Esteban perdió contra la Lista Azul, liderada por Leonardo Quevedo. Sobre un total de 3.027 votos emitidos, unos 1.787 fueron para los opositores, contra los 1.224 por el oficialismo.
Esteban se referencia en el secretario general Roberto Fernández que retuvo la conducción nacional, mientras que Quevedo está alineado con Miguel Bustinduy, rival del histórico dirigente de UTA. La Lista Azul también se impuso en otras seccionales.
Pero Fernández aplicó el concepto de distrito único, es decir que el que gana se queda con todas las seccionales, aduciendo que así está establecido en el estatuto del sindicato, con lo cual Esteban continuaría en la conducción de UTA Córdoba. La situación se judicializó, y un juez le dio la razón a Quevedo y ordenó que asumiera.
La medida fue apelada y a casi un año de la elección, aún no hay decisión definitiva. En los hechos, la lista que responde a Fernández sigue manejando al sindicato.
Pero en los últimos días, la lista de Quevedo llevó adelante asambleas el miércoles y el jueves, que dejaron sin servicio por varias horas a pasajeros de las líneas de Ersa. Las causas esgrimidas fueron la demora en los pagos de la firma a la obra social. Algo que es cierto, abona con 60 días de retraso aunque ese plazo no implica el corte de la prestación. Y el mal estado de la flota, cuestión que también tiene su correlato en las quejas de los usuarios.
Este viernes, por pedido de la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que citó a una audiencia a la empresa, a la Secretaría del Interior de UTA Nacional y a las autoridades municipales.
Se presentó Quevedo, en representación de la Lista Azul, pero no pudo participar de la reunión, aunque le recibieron un documento con un listado de pedidos. Y faltaron los dirigentes nacionales ya que entienden que no hay conflicto gremial en Ersa.
El Ministerio pasó a un cuarto intermedio, e instó a la prestataria a resolver los pedidos planteados por la Lista Azul.
Quienes conocen el tema del transporte apuntan que más allá de los reclamos, lo que está sucediendo es producto del fin de los mandatos en la Municipalidad, en la Provincia y en la Nación. Ante ese panorama, la Lista Azul busca retomar visibilidad ante quienes asumirán en esos niveles del Estado a partir del 10 de diciembre.
Aunque también se dejó trascender que se aplicarán duras sanciones contra quienes paren el servicio, que pueden ir desde descuentos hasta suspensiones o desvinculaciones. Y si el conflicto escala, que termine en una intervención del gremio por parte de UTA Nacional, que en los hechos sería una ratificación al oficialismo del sindicato.
