La Legislatura de Córdoba aprobó en la última sesión la adhesión a la Ley Nacional 27.709, llamada “Ley Lucio”, que crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así, los tres poderes del Gobierno provincial deberán realizar capacitaciones obligatorias, continuas y permanentes en derechos de los niños, niñas y adolescentes destinadas a todos los agentes que se desempeñen en la función pública.
Los impulsores de la iniciativa fueron legisladores de diversos bloques en conjunto: Patricia Botta, Ignacio Sala, Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Walter Nostrala, Inés Contrera, Carlos Carignano, Alfredo Nigro, Graciela Bisotto, Ariela Szpanin, Walter Gispert, Juan Pablo Peirone, Gloria Pereyra, José Bría, Gustavo Bottasso, Fernando Luna, Viviana Martoccia, Oscar Saliva, Marcelo Eslava, Pablo Ovejeros, Matías Chamorro y María del Rosario Acevedo.
El legislador Chamorro apuntó que, de acuerdo “al informe de monitoreo de Unicef, en más de 3 millones de hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no se perciben ingresos suficientes para solventar los gastos corrientes, a su vez, un millón de estas infancias por falta de dinero dejó de comer alguna comida”.
Además, el legislador oficialista sostuvo que a nivel nacional el programa de capacitaciones que prevé la ley se encuentra suspendido.
Por eso, recordó que “es fundamental que Córdoba tenga su propia Ley para dar continuidad a los esfuerzos de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
La “Ley Lucio” fue sancionada en 2023 y remarca el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
Los puntos centrales de la ley
La Ley Lucio lleva el nombre del niño Lucio Dupuy, quién tenía cinco años cuando murió en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021, tras recibir una fuerte golpiza por parte de su madre y su pareja.
Y establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se capaciten en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes.
De este modo, los organismos deberán cumplir con los siguientes contenidos mínimos, pudiendo incorporar temas y acciones complementarios que fortalezcan el espacio de formación:
- Pautas de alarma específicas e inespecíficas de las distintas formas de violencias, maltrato físico, negligencia, descuido o abandono, abuso sexual, abuso de poder, maltrato psicológico, y todo elemento que permita dar cuenta de la afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes.
- El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sus integrantes e implicancias. El principio de corresponsabilidad, el deber de comunicar y el derecho a la protección de identidad del denunciante.
- Formas, protocolos, procedimientos y canales para requerir intervención conjunta de instituciones públicas especializadas.
- Derechos de niños, niñas y adolescentes. Normativa internacional, nacional y local de protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
