La Justicia de Córdoba imputó a los integrantes de la empresa constructora Conoc Habitar por estafas reiteradas en perjuicio de familias de Córdoba capital y del interior de la provincia.
Así lo confirmó la Fiscalía de Instrucción subrogante, a cargo de la causa. Además del titular de la desarrollista, Ezequiel Ocaña, hay otros cuatros imputados: su hermana Verónica Ocaña, Silvio González, Gonzalo Heredia y Anabel Meana.
Los Ocaña están imputados en calidad de coautores y los demás, como partícipes necesarios de los hechos. Todos comparecieron a declarar ante la fiscal Daniela Maluf, quien lleva adelante la investigación.
La acusación es por 37 estafas, pero desde la fiscalía adelantaron que posiblemente en los próximos días habrá más denuncias. “La investigación proseguirá y los imputados evaluarán las estrategias defensivas”, indicaron desde la fiscalía.
La desarrollista se dedica a la venta de planes de ahorro para la adquisición de viviendas, y en abril Conoc SRL se declaró en quiebra. En ese momento aseguraba que nunca incumplió los compromisos asumidos. Este martes presentó toda la documentación para solicitar la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Y además pidió la apertura de concurso preventivo de Khaliq Anwar SRL, otra de las empresas del grupo Conoc.
Sebastián Villegas, abogado defensor de los Ocaña, afirmó que recién este martes tendrá acceso el expediente una vez finalizada la indagatoria y a partir de ahí elaborará la estrategia defensiva. “De la lectura de los hechos de las indagatorias presumimos la inocencia de los imputados”, dijo.
En tanto, el 8 de mayo pasado, los adjudicatarios se reunieron frente a la sede de la empresa en Alta Córdoba y, pese a sus reclamos, confirmaron que aún sigue trabajando.
Hay 46 denunciantes que son representados por el abogado Carlos Nayi, aunque se espera que ese número se incremente en las próximas horas. El letrado dijo que el centro de operaciones giraba en torno a la empresa que preside Ezequiel Ocaña y las otras personas imputadas.
“En este caso, no son simples incumplimientos de contratos, sino que hubo mala fe. Captaron distintas sumas de dinero asumiendo compromisos en terrenos donde no estaban habilitados, lo que, a criterio de los damnificados, son estafas”, afirmó Nayi.
Además, hay al menos otras 200 causas en la Justicia Civil de Córdoba también por presuntas estafas en un loteo de Jesús María.
Los denunciantes
Las familias denunciantes, quienes aseguraron que Conoc incumplió los contratos por compras de lotes o de planes de viviendas, son de Córdoba capital, Jesús María, Monte Cristo, Carlos Paz, San Agustín, Colonia Tirolesa, entre otras ciudades. Incluso hay familias de otras provincias.
Los adjudicatarios hicieron denuncias particulares y otros en grupo, tanto en el fuero civil como en lo penal. Hay personas que invirtieron viviendas, autos, terrenos, departamentos y dólares. Algunos accionaron ante la Justicia para que la empresa les devolviera lo invertido.
Gisela, una de las adjudicatarias, entregó su casa familiar como forma de pago de un plan de viviendas. Conoc se comprometió a entregar la nueva vivienda a los 36 meses, “pero hasta hoy esa promesa no se cumplió”, narró la mujer.
Y agregó: “Quedamos en la calle. Se comprometieron a pagar los alquileres y desde octubre del año pasado no lo hacen. Hice la demanda penal y nos ofrecen algo que después es una mentira”.
Además, al menos unos 50 adjudicatarios que se autoconvocaron y armaron un grupo de WhatsApp para reclamar que se les devolviera el dinero invertido o entregaran las viviendas comprometidas. Algunos llevan más de 10 años en conflicto con la empresa y denunciaron maltratos por reclamar lo que consideran suyo.
Otro es el caso de Erika, quien cansada de esperar tomó posesión sobre uno de los terrenos en Tierra Colonial II, en Colonia Tirolesa. “Tengo el 96% de los aportes. Tampoco tengo aval de que ese lugar sea mi casa. Y recibí amenazas porque me instalé en el lugar”, afirmó.
También en Jesús María, Conoc comercializó un loteo de cinco hectáreas que no fue aprobado y tampoco construyeron ni una sola vivienda. Algunos de los adjudicatarios llegaron a pagar U$S 60 mil y nunca recibieron ni un ladrillo.
El abogado Nicolás Clapier, quien representa a esas familias damnificadas, sostuvo que además de las 200 denuncias en el fuero civil, en los próximos días habrá otras 15 denuncias en el fuero penal. Y aseguró que las familias no tienen perspectivas de que les entreguen las viviendas que están pagando.
Ahora, los damnificados piden que se haga Justicia “para evitar que sigan estafando a más personas”.
Por su parte, el titular de la firma, Ezequiel Ocaña, dijo a La Voz que no es un estafador: “Pueden venir a auditarme, son 1.224 lotes, no tengo ninguno a mi nombre (...). No me hice millonario a costa de empobrecer a los clientes”, manifestó.
Ocaña aseguró que, a pesar de los errores que puede cometer como empresario o por las dificultades propias de la empresa, el contexto económico tampoco lo ayudó.
