“Bajé la calidad de vida en todos los sentidos: empecé con ataques de pánico, estrés e insomnio. Estoy medicada. Me angustia mucho no poder llegar a pagar la cuota”, cuenta Laura Falchini (42), una de las beneficiarias de los créditos hipotecarios UVA que ajusta su valor por inflación.
Ella, como otras familias que tomaron estos créditos lanzados en 2016 por el gobierno nacional, resultaron afectadas por la inflación y la devaluación del peso. Y se les hace “cuesta arriba” pagar las cuotas que les llegan mes a mes, impactadas por la alta inflación.
Falchini vive junto a su hija (10) en San Francisco y trabaja como profesora de Educación Física.
En 2017 sacó un crédito por 1.800.000 pesos. Entonces pagaba una cuota de 9.500 pesos pero este último mes pagó 124 mil pesos, y no sabe cuál será el monto de la próxima. Con un sueldo de 226 mil pesos, le quedan 100 mil pesos para vivir. “Y tengo 50 mil pesos de gastos”, se queja la docente.
Para sumar algo a su sueldo da clases de pilates, limpia casas y elabora alimentos para vender, pero siente que siempre está al límite. No le alcanza.
El año pasado le detectaron un mioma uterino, del que fue operada el 7 de junio pasado y ahora se recupera en su casa. “Esto creo que me pasó por el gran estrés que pasé, me afectó la salud. Tengo que agradecer que la biopsia io bien”, narra.
Además, explica que el dinero no le alcanza para pagar un psicólogo, que “sería un lujo” que no se puede dar.
Una situación parecida vive Claudio Di Marco (48) y su pareja: compró su casa en barrio Industrial, de Río Cuarto, con un crédito de 900 mil pesos y la deuda se fue a 11 millones de pesos.
“El año pasado me atrasé en tres cuotas y me iniciaron una orden de ejecución. No respetaron nada, supuestamente está puesta como vivienda única. Es todo un verso”, expresa. Afirma que la situación lo afecta “no solo económica sino psicológicamente porque tengo amargura, nervios y estrés constantes”.
Ahora, piensa en vender la propiedad porque se quiere “sacar el crédito de encima”. Es camionero y depende de la facturación mensual. Comenzó pagando una cuota de 5 mil pesos y ahora paga 83 mil. “Hasta ahora puedo cubrir, pero más adelante no sé. Pienso presentar un recurso ante la Justicia”, avisa.
Una situación que se repite
Walter Hag Ali (53) vive en Córdoba con su pareja y dos hijos, rememora que en 2018 sacó un crédito por 1.300.000 pesos y debe ahora 13 millones. Y con su sueldo de empleado hace un gran esfuerzo para no atrasarse. “Ahora estoy pagando una cuota de 110 mil pesos”, dice.
Considera que el crédito perjudicó su vida. Ya no piensa en vacaciones ni en comer afuera con la familia y redujo la calidad de alimentos que compra. Tampoco puede planificar. “Me afecta y me estresa. La esperanza que tengo es que los senadores tengan la voluntad de retrotraer el capital si aprueban la nueva ley”, reclama.
Lo mismo piensa Álvaro Corral (52), fotógrafo que vive en barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba, junto a su esposa y dos hijos. En 2018 sacó un crédito de 2.400.000 pesos; la cuota era de 18 mil pesos pero ahora paga 160 mil. “Debemos más de 15 millones de pesos en cuatro años. Nunca nos imaginamos que fuera ‘una trampa mortal’. Nos cambió la calidad de vida para mal”, apunta.
Y agrega: “Vas pagando y el crédito crece. Inicialmente no podría superar el 30% del ingreso y hoy supera eso. Va a ser impagable, tiene que haber una solución de fondo”.
En la misma línea, Dominga Llanos (60) jubilada que vive con su hijo estudiante en un edificio de barrio San Martín, en Córdoba, expresa que la situación es de incertidumbre constante. “En 2019 me dieron un millón de pesos, con una cuota de 10 mil pesos y ahora pagué 70 mil. Y gano 100 mil”, cuenta. Para pagar los gastos y la comida trabaja realizando trámites para una inmobiliaria. “Es angustiante. No me queda nada”, explica.
Un proyecto que traería alivio
Días atrás, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que solucionaría en parte la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA. Ahora fue remitido al Senado para su discusión, donde no hay fecha fijada para su tratamiento definitivo.
El proyecto de ley propone, entre otros puntos, que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores, y si supera ese porcentaje, el plazo del crédito se extenderá para lograr reducir el valor de la cuota.
Otro beneficio sería la suspensión durante un año de los juicios de desalojos, embargos u cualquier medida preventiva o cautelar sobre las viviendas adquiridas con este tipo de crédito.
También, establece que las personas deudoras alcanzadas por el impuesto de Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
A la vez, se podrá vender la propiedad y el crédito existente.
Si bien se espera que este proyecto traiga alivio a las personas que contrajeron las deudas, varios de los consultados opinaron que no ven una solución real por esta vía.
De todos modos, no hay certeza aún de que en el Senado se apruebe. Informes de bancos vienen advirtiendo que el pretendido salvataje a los actuales deudores atentaría contra las posibilidades de futuros propietarios.
Mientras, hay deudores que realizaron presentación judiciales individualmente, y otros, de manera colectiva, como la interpuesta en 2019 por el Colectivo de Hipotecados UVA, que fue admitida por la Cámara Federal de Córdoba y aún no tiene resolución.
