Los padres de Solange esperan un rápido avance de la Justicia federal sobre las presuntas responsabilidades de las autoridades del Gobierno provincial que no permitieron el ingreso de Pablo Musse a Córdoba para ver a su hija por última vez.
Pablo viajó desde Neuquén el sábado 15 de agosto con el permiso nacional, pero sin el hisopado requerido para ingresar a la provincia de Córdoba (ya que había avisado que no podía afrontar su costo) y el domingo, en el puesto sanitario de Huinca Renancó, le realizan dos tests rápidos y le comunicaron que habían sido "dudosos".
A su cuñada, con paraplejía, le dio negativo. Solicitó un hisopado, pero se lo negaron, al igual que un tercer testeo.
A Pablo y a su cuñada les dijeron que el director del COE de Huinca Renancó (Pablo Andrada) había dado la orden de que tenía que regresar a Neuquén. La Voz intentó contactarse en reiteradas oportunidades con Andrada y con personal del COE de Alta Gracia, aunque sin éxito.
En la mañana del domingo 16 Pablo y su cuñada fueron escoltados de regreso por 11 patrulleros policiales que iban haciendo postas en el camino, pero sin la posibilidad de parar en estaciones de servicio para comprar alimentos o bebidas.
Pablo Musse denunció que él y su cuñada fueron sometidos a un trato degradante al hacerlos atender sus necesidades fisiológicas en descampados en la ruta. Además, debió conducir sin descanso hasta su regreso a Neuquén.
“De manera absolutamente ilegal, ilegítima, arbitraria, degradante y cruel nos negaron la posibilidad de ejercer nuestro ‘derecho al adiós’ en flagrante violación al protocolo 48, elaborado por el Comité de Bioética y Derechos Humanos”, denunció, a través de su abogado Carlos Nayi.
El “protocolo se encontraba vigente desde el 15 de julio (…) y en él aparecía la posibilidad de visita de familiares de pacientes en estado crítico y el permiso que me hubiera permitido despedirme de Solange de forma digna”, planteó Musse.
La denuncia
Musse presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N° 1, de Ricardo Bustos Fierro. En ella pidió investigar el presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada desde que ingresó a Huinca Renancó hasta que retornó a Neuquén.
La solicitud apunta a determinar las supuestas responsabilidades de las autoridades y personal del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el ministro de Salud, Diego Cardozo, y funcionarios policiales.
Por competencia territorial, el expediente fue remitido al Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Carlos Ochoa. El magistrado se declaró incompetente al entender que los presuntos delitos habrían sido cometidos por funcionarios del Gobierno de Córdoba, con lo que ordenó su envío a la Justicia de Huinca Renancó.
Nayi adelantó que apelará la medida para que el fuero federal quede a cargo de la investigación.
"No compartimos el criterio. Ya la Cámara Federal de Apelaciones ha sentado precedente de que es una competencia concurrente. Y hay cuatro provincias involucradas. De ningún modo vamos a consentir que las responsabilidades se agoten en los límites de la provincia de Córdoba", indicó, y mencionó que apelará la medida para que la investigación se realice bajo la órbita federal.
Ante la CIDH
Como instancia supranacional, paralelamente, los padres de Solange Musse denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales.
Nayi remarcó que se violaron cuatro artículos de la Convención de Derechos Humanos de la OEA: la obligación de respetar los derechos (artículo 1), las garantías judiciales (8), la protección de la honra y de la dignidad de una persona (11) y la protección judicial (25).
Para los padres, “resulta a toda vista evidente la responsabilidad de la República Argentina, en la violación de los derechos consagrados en la convención, su denegación y la indebida protección que me brinda el derecho interno en la actualidad por las disposiciones que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional”.
Pidieron que dicte una medida cautelar ordenándole al Estado argentino que suspenda los efectos derivados “de la arbitraria e ilegal normativa” en materia de prevención sanitaria y que se adopten las medidas que le garanticen “el derecho a ejercer su propia libertad ambulatoria”.
Nayi calificó que un dictamen de la CIDH sería "vital” e insistió en que Argentina debe “respetar” la convención. Por el momento, desde la Comisión Interamericana no recibieron ninguna respuesta.
A su vez, y por carriles separados, el exjuez federal Guillermo Tiscornia también denunció al Estado -ante la Corte Interamericana- y pidió la cautelar en el mismo sentido que los Musse.
