El Gobierno de Córdoba creó el registro de empresas cuyo objeto sea la comercialización, fabricación, construcción e instalación de viviendas prefabricadas.
Lo hizo con el propósito de profundizar las políticas de prevención ante el aumento sustancial de las “inobservancias e incumplimiento por parte de distintos proveedores” de ese tipo de soluciones habitacionales respecto de los derechos de sus clientes.
El Registro de Empresas Constructoras de Viviendas Industrializadas -tal su denominación- funcionará en la órbita de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, organismo que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
En los fundamentos de la resolución 37 de esta cartera -publicada este martes en el Boletín Oficial- se destaca que el Recvi surge como consecuencia del aumento generalizado de "denuncias por incumplimientos contractuales de parte de empresas" que se dedican a la concreción y comercialización de casas industrializadas del tipo "prefabricadas", "económicas" o construidas de manera no tradicional, elaboradas con base en estructuras estandarizadas "que luego son enviadas al lugar de instalación, donde se realiza el ensamble definitivo".
Botones de muestra
Por caso, la semana pasada La Voz publicó una nota en la que informa acerca de la imputación a dos empresarios cordobeses por la supuesta defraudación reiterada a 86 clientes de Córdoba, Corrientes, La Pampa, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Fe, San Luis, Río Negro, Salta y Mendoza.
El fiscal subrogante Andrés Godoy a cargo de la instrucción- considera que los hermanos Juan Manuel y Leandro Ramón Carrano habrían estafado a sus clientes al cobrarles las viviendas que no entregaron en los términos pactados.
Ambos imputados quedaron libres luego de ser indagados, gracias al pago de una caución real de 2,5 millones de pesos.
Cabe destacar que las denuncias ingresaron en junio de 2019 en su mayoría bajo el patrocinio del abogado Carlos Nayi, quien se constituyó como querellante y representa a buena parte de los presuntos damnificados.
No es el único caso que se tramita en la Justicia de Córdoba relacionado con la construcción, comercialización, traslado y ensamblaje de viviendas prefabricadas.
En general, el modo como operan las empresas investigadas es el de la promoción del producto a través de las redes sociales y mediante firmas con nombres de fantasía como Megalux Constructora, New Level Constructora SRL, CRN Constructora y Luxury Constructora, entre otros.
A tomar nota
En el articulado de la resolución de referencia se emplaza a todas las empresas del rubro para que en el lapso de 30 días -a contar desde hoy- procedan a inscribirse en el Recvi, acompañando la siguiente información:
Constancias. Copia de las constancias de inscripciones de la firma en Afip y en la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba. También, la inscripción municipal y la constancia del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (Sifcos). En el caso de que la firma denunciada sea una persona jurídica, deberá adjuntar el estatuto social.
Capital. Presentar con carácter de declaración jurada el capital en giro y el monto de venta declarado en el último anticipo de impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Giro comercial. Copia certificada de la documentación que utilice para su giro comercial (modelo de remitos, recibos, facturas, publicidad, contratos, certificados de garantía, presupuestos).
Precios y plazos. Presentar con carácter de declaración jurada, informe detallado de la cantidad de unidades vendidas, entregadas, en espera para entrega, precio de venta de las mismas, certificaciones de aptitud técnica y cualquier otra documentación que consideren relevante.
Insumos. Indicar si es fabricante de los materiales que utiliza para la construcción e instalación de las unidades habitacionales que comercializa (paneles) o si éstos son provistos por terceros indicando en ese caso nombre, razón social y domicilio del fabricante.
Calidad de materiales. En ambos casos del punto anterior acompañar en la solicitud de inscripción, certificaciones de calidad de tales materiales acreditando su idoneidad para el uso al que están destinados.
