El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la “adoptabilidad” de una niña recién nacida luego de que la persona gestante, una adolescente de 12 años, solicitó acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la semana 35, en uso del derecho que le confiere la Ley n.º 27.610.
La jueza Mariana Wallace determinó que el consentimiento informado brindado para la interrupción del embarazo “constituye una causa de declaración judicial de adoptabilidad respecto de la niña/o que nace por la práctica”.
“Este es el primer caso que le da al consentimiento informado este valor determinante al momento de declarar la adoptabilidad y se le da la entidad de causa de adoptabilidad autónoma, porque el Código Civil no prevé esta situación tan singular”, explicó Wallace en diálogo con La Voz.
De acuerdo con la magistrada, este caso no es una medida excepcional sino que abre un nuevo territorio en el que debe resolverse la condición jurídica de una niña recién nacida a la que su gestante ya decidió “no maternar”, en este caso, debido a una conepción traumática producto de un abuso sexual.
“Lo que hemos tratado de hacer en una sentencia que no está firme es dar una respuesta humanizada, a una situación de hecho que no está prevista, y esta respuesta no se rige por un procedimiento de Córdoba o del Código Civil sino que apelamos a normas de mayor jerarquía”, añadió la jueza.
Nuevo supuesto de adoptabilidad
Este caso da lugar a un nuevo supuesto de adoptabilidad no previsto por el legislador en el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). “La determinación de la ILE de la mujer, adulta o niña, es un punto sin retorno para el nacido, la gestante y los parientes de esta última”, remarcó Wallace.
La magistrada explicó que la interrupción voluntaria del embarazo opera hasta la semana 14 y a partir de entonces ya se trata de una interrupción legal, permitida en los casos de un embarazo resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o salud integral de la gestante.
“La niña recurrió a la interrupción legal en un escenario en el que la familia desconocía la situación de gestación de la niña, razón por la cual no tuvo un acompañamiento, ni ella siquiera entendía lo que era una gestación”, detalló la juez a este medio.
Y agregó: “el consentimiento informado es previo a la práctica y allí es dónde inician las acciones penales y se disparan los protocolos de salud pública. En este caso la interrupción legal del embarazo se materializó con una cesárea”.
Sin presencia en la adopción
En la resolución (que no está firme) la jueza se apartó del procedimiento regulado y dispuso que la gestante no fuera citada al proceso de adopción.
Para ello declaró que, en este caso, no resulta aplicable el artículo 608 inc. “b” del CCCN que determina que en el procedimiento de adoptabilidad se requiere la intervención con carácter de parte, de los padres u otros representantes legales del niño, niña o adolescentes.
El tribunal actuante valoró que el consentimiento informado para el acceso a una interrupción de embarazo habla por sí mismo de la determinación de la gestante “a no asumir los cuidados de quien, eventualmente, sobreviva a la interrupción de la gestación”.
Llamarla al proceso, sería una exposición innecesaria. “Se le causaría una victimización secundaria y violencia de género modalidad institucional”, señaló la jueza.
De esta manera, Wallace le otorgó un valor fundamental al consentimiento informado que, en este caso, fue firmado por la gestante, una niña de 12 años, y su progenitora como representante legal.
La magistrada expresó que se trata de una pieza vital que da consistencia jurídica a la voluntad de la gestante y que sustituye la participación de aquella en el proceso de adopción.
Disputa de derechos
Wallace realizó una valoración cuidadosa e integral entre las instituciones de género (acceder a una ILE) y de niñez (promoción y protección de derechos de la niña gestante y de la niña nacida) con el fin de no priorizar un estatuto por sobre otro, bajo el postulado rector de “máxima expansión de derechos y mínima restricción necesaria”.
Cabe aclarar que esta cuestión genera una cierta disputa entre los derechos de la mujer -adulta o niña- que no quiere asumir la maternidad y el derecho a la identidad de la niña nacida.
Ante ello, la titular del juzgado dejó sugirió que en los nacimientos posteriores a la manifestación de acceder a una ILE se generen dos actas.
En la primera, se consignarán los datos de la gestante, para que se conserve el dato biológico y a fin de resguardar el derecho a la identidad estática del nacido.
En tanto, en la segunda, se consignará “el prenombre original y por nombre (apellido) uno de uso común (art. 65 del CCCN)”, para resguardar información sensible frente a terceros. Esa segunda es la que se utilizaría para trámites y procesos judiciales.
Por otra parte, la jueza ordenó que la recién nacida egrese del hospital directamente con quienes se escogieron del Registro Único de Adoptantes “dado lo previsible del desenlace judicial en estos contextos y con el objetivo de evitar una mutación de cuidados y afectación al apego”.
