El Fiscal de instrucción en violencia de genero y familiar, Gerardo Reyes, dispuso este lunes la elevación a juicio de la causa seguida en contra de Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vinculo alevosía y violencia de genero; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.
Según la acusación fiscal, Laurta logró ingresar a la vivienda ubicada sobre calle San Pedro de Toyos, a metros de Chimu, de barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba donde atacó a su expareja y a la madre de esta con un arma de fuego. Ambas mujeres murieron como consecuencia de los disparos.
Tras el doble femicidio, el hombre se llevó consigo a su hijo de cinco años, lo que motivó un operativo de búsqueda que concluyó días después con su detención en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Rodríguez Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de máxima seguridad. A fines de octubre fue trasladado a Tribunales 2 de Córdoba para ser indagado por el fiscal Reyes.
Durante una audiencia de casi una hora y media, el imputado habló, pero no respondió preguntas sobre el doble femicidio. Sólo hizo referencia a denuncias anteriores que había formulado y a un pedido de restitución internacional de su hijo.
Estuvo asistido por la defensora oficial Alfonsina Muñiz, quien había solicitado que la indagatoria se realizara de manera presencial y no por videoconferencia.
Triple homicidio
Laurta, de nacionalidad uruguaya y de ideas antifeministas, fue atrapado en octubre en Gualeguaychú por una comisión de investigadores policiales que le seguían sus pasos, ya que se había llevado secuestrado a su pequeño hijo de 5 años.
Laurta estuvo vinculado en Uruguay a un grupo de varones que profesan ideas radicalizadas contra el feminismo. El grupo se hace llamar “Varones Unidos”.
El hombre está acusado además del femicidio de Mariel Zamudio y Luna Giardina, de asesinar en Entre Ríos a Martín Palacios, el chofer del auto que había contratado Laurta para trasladarse desde Gualeguaychú hasta Córdoba.
Esa causa se tramita en la Justicia de Entre Ríos, quienes deberán determinar si Laurta fue quien asesinó y descuartizó a Palacios (de origen cordobés) en medio de su plan para llegar a Córdoba y asesinar a la madre y abuela de su hijo.
El rol de la Defensa Pública y la situación del niño
La causa cuenta con la intervención de la Defensoría Pública en representación de P., hijo de Luna y nieto de Mariel. Ana Pagliano explicó que asumió la representación principal de P., porque el niño quedó sin representación legal: su padre está imputado por el femicidio y su madre y su abuela fueron asesinadas.
“Mi función es actuar como representante principal para resguardar sus derechos. Me constituí como querellante particular y promoví la acción civil para que, en caso de que se nombre un tutor definitivo, esa querella pueda continuar”, detalló Pagliano en diálogo con La Voz.
También impulsó reclamos por daño moral y patrimonial, en función de la pérdida de los referentes afectivos y del sustento económico que aportaban su madre y su abuela.
En ese marco, se solicitó el embargo de la casa que figura a nombre de Laurta, aunque con hipoteca a favor de Zamudio. “Ese bien era, en los hechos, la casa de Luna. Todo lo que se obtenga será a favor del niño”, explicó la defensora. Además, se pidió un exhorto para determinar si existen otros bienes en Uruguay.
Pagliano destacó la celeridad de la investigación penal y también de la intervención de la Justicia de Violencia Familiar, que articuló con la Senaf y otorgó una guarda provisoria del niño a un familiar. “Se buscó garantizar un entorno de afecto, cuidado y protección. Hay una red familiar que hoy lo contiene”, indicó.
Para la letrada, el caso expone con crudeza los efectos devastadores de la violencia de género. “Estamos hablando de un niño al que le arrebataron a su madre y a su abuela, y que además fue sustraído por su propio padre. Es tremendo”, resumió Pagliano.
Querellas
En paralelo al avance hacia el juicio oral, el expediente abrió un debate sensible: quiénes pueden ser admitidos como querellantes particulares.
Marina Romano es abogada de Laura Giardina, media hermana de Luna, y a Mirna Zamudio, hermana de Mariel.
En el caso de Laura, la fiscalía la admitió como querellante pero la defensa de Laurta se opuso por lo que ahora la Cámara de Apelación tendrá la decisión final.
Por su parte, la fiscalía se opuso a la querella de Mirna. El argumento de quienes se oponen a ambas querellas es que tanto Mirna como Laura no son herederas forzosas de las víctimas, un requisito del Código Penal para la aceptación de las querellas.
Sin embargo, la abogada Romano apeló esas decisiones basándose en el concepto más integral de familia y en jurisprudencia en laque se aceptaron en otras causas a personas que no eran herederas forzosas.
Romano subrayó que lo que buscan sus clientas no es “una denostación del Poder Judicial”, sino justicia y verdad. “Quieren que se sepa qué pasó y que no vuelva a repetirse. Para eso es necesario poder participar del proceso”, afirmó la abogada.
