Se llamaba Carolina Figueroa, tenía 36 años y era madre de dos jóvenes. Se ganaba la vida como sargento de la Policía de la Provincia de Córdoba. Su pareja, también suboficial de la fuerza de seguridad, la mató de varios balazos con su arma reglamentaria en el domicilio donde vivían en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
Ocurrió en la madrugada del domingo.
El asesino, Carlos Suárez (40), puso fin a su propia vida de un disparo, con la misma pistola 9 milímetros, en un cementerio de la zona.
Fue frente a la tumba de su padre.
Mientras dos pibes quedaron huérfanos y sin respuestas, y la conmoción se extiende en La Rioja (de donde ella era oriunda) y en Alta Gracia (donde pasó todo), hay una realidad que paraliza: en menos de 10 meses, ya son tres los femicidios cometidos por efectivos de la Policía de Córdoba en la provincia.
Los casos son prácticamente calcados: uniformados en actividad que asesinan a sus respectivas parejas mediante el uso de armas reglamentarias. Luego, se quitan la vida.
En rigor de verdad, yendo más atrás en el tiempo, es extensa la nómina de dramas de violencia de género cometidos por uniformados con armas a su cargo. Sin contar, las autodeterminaciones de policías, también con sus pistolas.
Estos violentos episodios vuelven a poner otra vez en primer plano tres puntos: el estado psicológico de los uniformados en actividad en Córdoba, los controles internos que, a la luz de los resultados, no alcanzan; y no menos importante, la discusión de llevarse el arma a la casa, cuando ya no se está en el trabajo.
Ya la semana pasada, Córdoba se había visto sacudida por un terrible femicidio. Fue en Silvio Pellico, pequeña población de 700 habitantes cerca de Villa María.
En una vivienda particular, el suboficial Ezequiel Seia (37) mató a su pareja, Romina Depetris (34), y luego se quitó la vida con la misma pistola reglamentaria. Los dos hijos de la mujer, un nene de 6 años y una piba de 17, estaban en el hogar.
A todo esto, el 20 de diciembre de 2020, otro policía en funciones ultimó a su pareja. Sucedió en un departamento de un complejo en el barrio San Martín, en Córdoba Capital.
Aquella siesta, a poco de haber vuelto de trabajar, el cabo Jorge Vázquez (35), de la Dirección de Comunicaciones de la Policía (101), primero golpeó con fiereza a su pareja, Carla Anabella Oviedo (31), y luego la mató de varios balazos. Acto seguido, se quitó la vida.
Carla era mamá de tres chicos: unos mellizos de 12 y una nena de 8.
12 femicidios
La policía Carolina Figueroa se convirtió en la víctima número 12 de femicidios en la provincia de Córdoba en lo que va del 2021, según un registro propio de La Voz. La mayoría de los casos sucedió en el interior.
En esta nómina no se cuenta aún el caso de Yolanda Romero, una mujer que fue asesinada hace poco más de un mes en su casa de Villa Carlos Paz.
Fue golpeada y estrangulada. Por el caso están presos su última expareja (por ahora, sólo por falso testimonio) y dos jóvenes, uno de los cuales era exyerno, precisamente, de la expareja. El episodio es complejo para la fiscalía y no ha sido aún encuadrado como femicidio.
En 2020, en plena cuarentena, la violencia de género había dejado 13 femicidios en Córdoba.
Respecto al último caso en Alta Gracia, desde la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello se indicó a este diario que no hay denuncias previas por violencia de género por parte de Carina. Tampoco restricción de acercamiento o medidas de ese tipo.
Hay un dato: el policía tenía una causa por haber agredido a un hermano suyo tiempo atrás.
El drama final sucedió en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio 25 de Mayo de la ciudad del Tajamar.
Era poco más de la 1. La pareja había cenado. Él estaba uniformado. No está claro si se iba a trabajar a Córdoba o a hacer adicionales.
Lo concreto es que se suscitó una violenta discusión de la pareja.
Ya en el cuarto, según la reconstrucción, el policía Suárez tomó la Bersa Thunder (arma reglamentaria) y acribilló a su pareja. La mujer murió en el lugar. Todo fue escuchado por una de las hijas de la víctima.
La mujer no sacó su arma.
Cuando la hija entró al cuarto, el drama estaba consumado.
Fuera de sí, el policía salió de la casa, se trepó a su auto y arrancó. Su cuerpo sería hallado rato después en el cementerio Parque La Paloma.
“En ningún momento me llegó un indicio de una mala convivencia. Evidentemente, había un problema familiar, pero ella siempre estaba contenta”, sostuvo el jefe de la Departamental Santa María, Diego Cambronero. “(Ella) iba a trabajar y salía de trabajar contenta. Era muy respetuosa y muy ubicada. En lo personal, la noticia me pegó duro”, añadió al portal Resumen de la Región.
Carolina trabajaba en la Central de Comunicaciones 101 de Alta Gracia. En mayo había sido noticia, junto a una compañera, por haber ayudado de manera telefónica a una mujer cuyo bebé se estaba ahogando.
¿Y los controles?
“Los controles son frecuentes”, fue la respuesta que se brindó este domingo a La Voz por parte de altas fuentes de la Jefatura de Policía, cuando se intentó conocer el seguimiento psicológico a los uniformados. No hubo precisiones.
“Los controles están y se hacen, pero indudablemente hay que mejorar”, dijo otra alta fuente policial.
En 2018, tras una terrible secuencia de femicidios cometidos por policías (un uniformado cometió un doble crimen), desde la Policía se había anunciado la creación del Departamento Auditoría de Salud Metal. Se indicó que, con esa dependencia, se iba a “aminorar los casos de violencia de género” y los “excesos” en el marco de otras situaciones urbanas en Córdoba.
Ni los femicidios cesaron ni los casos de “gatillo fácil”.
“Otro femicidio en Córdoba, también el agresor era miembro de las fuerzas de seguridad. Necesitamos medidas integrales para que no haya #NiUnaMas . Urgente declaración de #EmergenciaNiUnaMenos porque el estado y los gobiernos son responsables”, expresó Betiana Cabrera Fasolis, del movimiento Mumalá.
Debate por las armas policiales
“Los policías no pueden llevarse el arma a su casa, ya fuera del trabajo. Hay que acabar con eso. Se les está dando un elemento letal, ya sea para la violencia de género o para la violencia institucional”, expresó una alta fuente de la Justicia de Córdoba.
En Córdoba, los uniformados tienen permiso y obligación de llevarse el arma a su domicilio ya fuera del horario laboral. Los últimos debates por cambiar esta situación siempre terminaron en nada.
